Dos exministros de Hacienda, Andrés Velasco y Manuel Marfán, expusieron ante la comisión revisora de la acusación constitucional dirigida contra el exsecretario de Estado Nicolás Grau, manifestando serios reparos a la procedencia de la acción. Ambos exjefes de las finanzas públicas, que sirvieron bajo administraciones de distinto signo político, coincidieron en que el libelo acusatorio se basa en fundamentos débiles y que su utilización representa un riesgo para la institucionalidad democrática. La comparecencia se produjo en el marco del análisis que realiza la instancia legislativa encargada de revisar los méritos de la acusación, la cual fue presentada por un sector de la oposición.
LOS ARGUMENTOS DE VELASCO
El exministro Andrés Velasco, quien participó de manera remota, centró su intervención en un punto técnico crucial: la naturaleza de las proyecciones económicas. Sostuvo que dichas estimaciones son, por definición, inciertas y que no pueden ser equiparadas a constataciones de hechos. En esa línea, afirmó que el hecho de que una proyección resulte errónea no puede configurar, bajo ningún punto de vista, un abandono de responsabilidades o un incumplimiento de deberes por parte de un ministro de Estado.
Velasco ejemplificó su postura recordando episodios de gobiernos anteriores, tanto de la administración de Sebastián Piñera como de Michelle Bachelet, donde también se registraron desviaciones entre lo proyectado y lo ocurrido, sin que ello diera origen a acciones constitucionales. El exsecretario de Estado también rechazó la idea de que durante el mandato del presidente Gabriel Boric, primero bajo la gestión de Mario Marcel y luego de Nicolás Grau, se hubiera producido un descontrol fiscal.
Por el contrario, argumentó que la evidencia disponible sugiere lo opuesto. Velasco hizo hincapié en que, aunque no es partidario del actual gobierno, es necesario ser riguroso con el uso de las cifras y no caer en afirmaciones infundadas. Calificó la acusación constitucional como una «tremenda frivolidad» que pretende dirimir diferencias políticas legítimas a través de un mecanismo excepcional, lo que a su juicio debilita la democracia y proyecta una imagen de falta de seriedad del país.
EL CUESTIONAMIENTO DE MARFÁN
Por su parte, Manuel Marfán, quien ejerció como ministro de Hacienda durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresó una visión crítica sobre la práctica recurrente de utilizar acusaciones constitucionales contra ministros de Estado. Sin descartar la validez del instrumento, que está establecido en la Constitución, Marfán señaló que su empleo actual forma parte de lo que denominó «malas prácticas de la política».
El exministro subrayó que las acusaciones constitucionales no deberían ser utilizadas como un medio para zanjar diferencias políticas. Marfán se sumó así a las críticas vertidas por Velasco, aunque desde una perspectiva que apunta más al contexto político general que a los detalles específicos del libelo contra Grau.
IMPLICANCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
Las intervenciones de ambos exministros adquieren relevancia porque provienen de figuras que han ocupado la máxima responsabilidad en la conducción económica del país y que representan sensibilidades políticas diversas. Velasco fue ministro de Michelle Bachelet y Marfán lo fue de Frei Ruiz-Tagle, lo que otorga un peso transversal a sus observaciones. La comisión revisora deberá evaluar si los argumentos contenidos en la acusación constitucional cumplen con los estándares exigidos por el ordenamiento jurídico chileno para configurar una causal de destitución.
La Cámara de Diputados será la instancia que finalmente decida si el libelo es admitido a tramitación o si, por el contrario, es descartado. En cualquier escenario, la opinión de quienes han ejercido el cargo que ocupó Grau añade un elemento de autoridad técnica al debate.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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