El gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta un revés significativo luego de que el Tribunal Constitucional acogiera la mayoría de los requerimientos presentados por la oposición contra el proyecto Escuelas Protegidas, una de las iniciativas emblemáticas de la administración para enfrentar la violencia escolar. La decisión, conocida la noche del martes, encendió las alarmas en La Moneda y puso en la mira a la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, liderada por la abogada Carolina Helfmann. Mientras se espera la sentencia completa y sus fundamentos, en el oficialismo se multiplican las preguntas sobre si el desenlace pudo haberse previsto con mayor anticipación.
FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El pleno del TC escuchó los alegatos de las partes durante la jornada del martes y analizó los cuestionamientos presentados por senadores y diputados de oposición. Por parte de los requirentes expusieron la abogada y exconvencional Bárbara Sepúlveda y el abogado Pablo Sandoval, mientras que en representación del Ejecutivo alegó el exministro de la Segpres, Juan José Ossa. Horas después, mediante un breve comunicado, el tribunal informó que acogió prácticamente la totalidad del requerimiento de los senadores y parte importante de la presentación de los diputados. Entre las disposiciones declaradas inconstitucionales figura el artículo que establecía una inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educación superior para quienes hubiesen sido condenados por delitos contra las personas, la propiedad o la infraestructura pública. También fueron eliminadas normas vinculadas a la intervención de Carabineros o la PDI ante la negativa de un estudiante a la revisión de mochilas sin orden previa de un fiscal, así como disposiciones sobre afectación grave de la convivencia escolar, prohibición de vestimentas asociadas a la violencia y restricciones a la admisión de estudiantes expulsados.
ALERTA EN LA MONEDA
El resultado golpeó especialmente porque Escuelas Protegidas se había transformado en uno de los proyectos insignia de la ministra de Educación, María Paz Arzola, presentado originalmente junto a la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, como respuesta a la creciente preocupación por la violencia escolar y, en particular, al ataque de un estudiante en Calama que causó la muerte de una inspectora. Aunque públicamente el gobierno ha optado por la prudencia y afirma que esperará la sentencia completa, en privado comenzaron a surgir recriminaciones dirigidas hacia la Segpres, encabezada por el ministro José García Ruminot y la subsecretaria Constanza Castillo. La cartera, que hasta ahora había sorteado con éxito las tramitaciones legislativas, enfrenta ahora un golpe que algunos consideran previsible.
CRÍTICAS A LA DIVISIÓN JURÍDICA
Las miradas apuntan particularmente a la División Jurídica de la Segpres, liderada por Carolina Helfmann, considerada una de las principales guardianas jurídicas de la firma presidencial. Entre quienes han seguido de cerca la tramitación sostienen que Escuelas Protegidas fue un proyecto controvertido desde el inicio y que los cuestionamientos constitucionales eran previsibles. En ese contexto, argumentan, si existía una decisión política de avanzar igualmente, el texto debía estar construido con resguardos jurídicos especialmente robustos. También se critica que, una vez ingresado el proyecto al TC, no se levantaron alertas suficientemente claras sobre el riesgo que enfrentaban sus disposiciones más sensibles. En Palacio, sin embargo, rechazan que el episodio pueda reducirse a un problema jurídico y destacan que la discusión de fondo es también política, recordando el amplio respaldo ciudadano que tuvo la iniciativa y el apoyo transversal en el Congreso.
ESPERA DE FUNDAMENTOS
La cautela en el gobierno tiene una explicación: aún se espera la sentencia completa y sus fundamentos. En esa argumentación, el Ejecutivo busca encontrar las claves para dimensionar el alcance político y jurídico de la derrota. El argumento de La Moneda de que la decisión fue política podría perder fuerza si se conoce cómo votaron los ministros judiciales del TC, Mario Gómez y Raúl Mera, ambos jueces de carrera. Si ambos estuvieron en los votos de mayoría, la decisión sería aún más contundente. En todo caso, el gobierno apuesta a instalar que no perdió todo: los colegios podrán revisar mochilas, los alumnos no podrán taparse la cara ni estar encapuchados, y se aprobaron detectores de metales. Sobre la gratuidad, esperarán las razones del fallo antes de definir los próximos pasos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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