El informe de la Contraloría General de la República que reveló la entrada irregular de menores haitianos al país generó una respuesta inédita en el Senado. Durante una sesión especial, senadores de todas las bancadas y diversas autoridades intentaron esclarecer la magnitud del fenómeno, constatando importantes vacíos de información y posibles delitos de tráfico de menores. La instancia, transmitida por el canal TV Senado Chile, evidenció la falta de coordinación institucional y la necesidad de urgentes modificaciones legales.
FALLA SISTÉMICA EN EL CONTROL MIGRATORIO
El documento de la Contraloría, que abarcó entre enero y octubre del año pasado, logró pesquisar 105 casos de menores, de los cuales 64 no fueron ubicados. Ante esto, el Ministerio Público amplió la investigación y la cifra se disparó sobre los 200 casos, detectándose vuelos desde el extranjero donde un solo adulto -sin vínculo comprobado- era responsable de decenas de niños. Durante la jornada en el Palacio Legislativo, un senador relató su propia experiencia al solicitar antecedentes: el Ministerio del Interior negó tener información, lo derivó a Justicia, luego a Migraciones -que tampoco sabía quién entraba-, posteriormente a Seguridad y finalmente a la Policía de Investigaciones, que reconoció fallas en su base de datos. Según el parlamentario, el sistema completo falló y hoy cada institución se atribuye culpas mutuamente.
AUDIENCIAS Y NUEVOS PROTOCOLOS
La directora del Servicio Nacional de Migraciones informó que, tras conocer la situación, en mayo se dictó la circular número seis. Este nuevo procedimiento de ingreso para menores de edad fue comunicado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a la PDI y a todos los órganos pertinentes. Horas después, la Comisión de Derechos Humanos también abordó el tema, y los comités acordaron modificar la sesión de Sala para que todos los senadores pudieran seguir las exposiciones. Un representante de la DGAC señaló que se limitó el permiso de una empresa hasta obtener explicaciones y se exigió máxima rigurosidad en la documentación de los pasajeros. Por su parte, la Defensoría de la Niñez indicó que nunca fue notificada anticipadamente sobre la llegada de los vuelos desde Haití, y que recién en abril de este año -alertada por la Comisión de Gobierno del Senado- inició oficios para articular acciones.
RESPONSABILIDADES PENDIENTES Y PROYECTOS DE LEY
Senadores de distintos sectores aprobaron un proyecto de acuerdo y presentaron una iniciativa legal que modifica el marco migratorio vigente, obligando a la coordinación permanente entre estamentos. Un legislador subrayó la urgencia de tramitar estas normas con prontitud, señalando que, pese a las divisiones políticas -como la discusión de la reforma tributaria-, la protección de los niños debe ser una prioridad transversal. En la misma línea, se criticó la falta de resultados judiciales: desde 2023 se iniciaron acciones legales que a la fecha no han arrojado conclusiones, lo que también involucra denuncias de la Defensoría de la Niñez y de Migraciones.
Algunos parlamentarios apuntaron a responsabilidades políticas concretas. Se mencionó la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, por manejar la información y no actuar, y se recordó que la PDI depende del Ministerio de Seguridad. Se exigió fortalecer los controles internos y determinar las responsabilidades correspondientes en cada organismo.
PRÓXIMOS PASOS
Mientras la Contraloría continúa recopilando antecedentes y el Poder Judicial sigue las investigaciones, el Senado ya convocó a una nueva sesión para dar seguimiento a los avances. La búsqueda de los menores aún no localizados se mantiene como la prioridad absoluta de las instituciones involucradas.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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