El diputado Patricio Pinilla (DC) consideró como razonable evaluar la posibilidad de una comisión investigadora o una acusación constitucional luego del dictamen de la Contraloría General de la República que cuestionó la actuación de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert. El parlamentario, que formuló uno de los requerimientos ante el ente fiscalizador, sostuvo que el dictamen establece que la exautoridad excedió sus atribuciones al solicitar información a la Policía de Investigaciones (PDI) y que ello no es una decisión política, sino un pronunciamiento de la Contraloría.
LA OPINIÓN DE PINILLA
En declaraciones posteriores al dictamen, Pinilla señaló que la Contraloría expresó que la exministra Steinert había incumplido sus funciones y atribuciones, excediendo la legalidad en Chile e infringiendo el deber de abstención. El diputado democratacristiano agregó que no basta con pedir disculpas ni con decir que la ministra no cumplió sus funciones, sino que es necesario un pronunciamiento claro del gobierno en el sentido de que se excedieron esas atribuciones y que nunca más un ministro requerirá antecedentes de policías que investigan delitos.
LA COMPARACIÓN CON GRAU
Pinilla también criticó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau, señalando que fue acusado por mucho menos. Por ello, insistió en que es razonable evaluar la posibilidad de una comisión investigadora o una nueva acusación constitucional, ya que la Contraloría ha dicho que se infringieron deberes establecidos en la Constitución y las leyes.
EL DICTAMEN DE CONTRALORÍA
La Contraloría cuestionó a Steinert por pedir antecedentes en un oficio reservado sobre el traslado de detectives en una causa llevada en Iquique en enero pasado. El dictamen señaló que la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial y no se aviene con su deber de abstención.
LA DESVINCULACIÓN DE PEÑA
Otra de las consultas realizadas por los diputados fue la juridicidad de la desvinculación de la otrora prefecta general de la PDI, Consuelo Peña. Sobre este asunto, la Contraloría consignó que mediante el decreto supremo número 53 de 2026 del Ministerio de Seguridad se dispuso el retiro absoluto de esa funcionaria directiva, a contar del 20 de marzo de este año, acto que fue cursado por la Contraloría General el 10 de abril por ajustarse a derecho.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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