Corte de Apelaciones de Santiago rechaza reclamo del Registro Civil y ordena entregar número de inscripción de defunción vía Ley de Transparencia
La Decimocuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Servicio de Registro Civil e Identificación en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia que le ordenó entregar el número de inscripción de una defunción ocurrida en 1923, información que había sido solicitada a través de la Ley de Transparencia.
El fallo, dictado el 23 de junio de 2026, confirma que la vía de acceso a la información pública establecida en la Ley N°20.285 es plenamente compatible con los procedimientos especiales que regulan los registros civiles y que el solicitante puede optar libremente por cualquiera de ellos.
El conflicto se originó el 4 de junio de 2025, cuando una persona solicitó al Servicio de Registro Civil el número de inscripción de la defunción de una mujer fallecida el 29 de mayo de 1923 en la circunscripción 11 de Ñuñoa. El Servicio respondió mediante carta que la Ley de Transparencia no era la vía idónea y le indicó un procedimiento especial de consulta presencial en los libros índices.
LA RESPUESTA DEL SERVICIO Y LA INTERVENCIÓN DEL CPLT
La solicitante dedujo un amparo ante el Consejo para la Transparencia el 17 de junio de 2025, argumentando que los libros índices de la Oficina de Huérfanos no se encontraban disponibles al público en esa fecha y que no existía certeza sobre cuándo volverían a estarlo, por lo que el canal indicado por el Servicio no resultaba operativo.
El Consejo acogió el amparo mediante Decisión Rol C6593-25 del 30 de octubre de 2025, ordenando al Servicio entregar el número de inscripción de defunción en un plazo no superior a cinco días hábiles, bajo apercibimiento de multa. Frente a esa decisión, el Registro Civil interpuso el reclamo de ilegalidad que fue resuelto por la Corte.
ARGUMENTOS DEL REGISTRO CIVIL: LEYES ESPECIALES Y PROTECCIÓN DE DATOS
En su reclamo, el Servicio sostuvo que la decisión del Consejo era ilegal e inconstitucional, porque desconocía que el acceso a los registros civiles se encuentra regulado por leyes especiales que establecen un procedimiento específico y excluyente, incompatible con la Ley de Transparencia.
Citó el artículo 19 N°4 de la Constitución, que garantiza la protección de la vida privada y de los datos personales, así como la Ley N°19.477 y la Ley N°4.808 sobre Registro Civil, que establecen que la información contenida en los registros de hechos vitales se entrega exclusivamente mediante certificados y copias autorizadas. Además, invocó la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que impone el deber de utilizar los datos personales solo para los fines para los cuales fueron recolectados.
El reclamante argumentó que los registros que administra, aunque públicos, no constituyen fuentes de acceso público en los términos de la ley, porque su consulta requiere necesariamente un dato de entrada que restringe el acceso irrestricto.
LA POSICIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
El Consejo para la Transparencia solicitó el rechazo del reclamo, señalando que la información requerida el número de inscripción de la defunción y no la partida misma es de naturaleza eminentemente pública conforme a los artículos 5°, 10 y 11 de la Ley N°20.285. Afirmó que el Servicio no acreditó causal alguna de secreto o reserva.
El Consejo sostuvo que la Ley de Transparencia constituye una vía idónea y legítima para requerir información, que puede emplearse sin perjuicio de otros procedimientos, y que exigir al solicitante acudir a un procedimiento diverso vulnera los principios de facilitación y no discriminación contenidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia.
Agregó que, tratándose de información referida a una persona fallecida, no resulta aplicable la Ley N°19.628, toda vez que el fallecido no es titular de datos personales a la luz de dicho cuerpo normativo, en relación con los artículos 55, 74 y 78 del Código Civil.
LOS FUNDAMENTOS DE LA CORTE
En su sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago recordó que, a partir de los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución, la Ley N°20.285 creó una nueva institucionalidad para promover la transparencia y la probidad, siendo la regla general la publicidad y el acceso a la información pública. Las causales de reserva son excepcionales y deben establecerse por ley de quórum calificado.
El tribunal señaló que no se encuentra controvertido que los antecedentes requeridos rolan en los registros del reclamante, y que la dificultad de una búsqueda manual en los libros índices no configura una causal de reserva que impida entregar la información solicitada a través de la Ley de Transparencia.
Agregó que el principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia establece que los mecanismos para el acceso a la información deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias que puedan obstruirlo. En el caso concreto, la peticionaria entregó el nombre de la persona, la fecha de fallecimiento y la circunscripción, por lo que no pueden hacerse lugar a las dificultades invocadas como excusa para negar el antecedente.
Además, la Corte desestimó la alegación de reserva de datos personales, señalando que el número del registro de defunción de una persona fallecida no constituye un dato personal o sensible, y no se acreditó que su publicidad pudiera afectar la vida privada de alguna persona.
DECISIÓN FINAL
Por estas consideraciones, la Corte rechazó el reclamo de ilegalidad sin costas, confirmando la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó al Servicio de Registro Civil entregar el número de inscripción de defunción requerido.
Rol 968-2025 Cont. Adm., Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
