La comisión de Educación del Senado vivió este lunes una de sus sesiones más intensas en la tramitación del proyecto que busca equiparar el derecho a sala cuna entre trabajadores dependientes e independientes, mediante la creación de un fondo solidario y modificaciones al Código del Trabajo. La discusión se concentró en dos nudos críticos: el estándar de certificación exigido a los nuevos establecimientos y la posibilidad de que estos apliquen copago a las familias. La senadora Yasna Provoste (DC) anunció una reserva de constitucionalidad al considerar que el copago vulnera el principio de igualdad en el acceso a un derecho social.
RECONOCIMIENTO OFICIAL EN DISPUTA
Uno de los ejes del debate fue qué tipo de autorización deben obtener las salas cuna que se creen al amparo de esta iniciativa. Actualmente, la ley distingue entre el Reconocimiento Oficial (RO), exigido a todo recinto que recibe fondos estatales y otorgado por el Ministerio de Educación, y la mera Autorización de Funcionamiento, que basta para los establecimientos privados.
La senadora Provoste defendió que las nuevas salas cuna no puedan operar solo con la autorización de funcionamiento, sino que deban acreditar el RO. Sostuvo que el RO garantiza la idoneidad del sostenedor y un estándar de calidad que, a su juicio, no se puede rebajar. Citó datos de la Junji: el 74,4 por ciento de sus jardines (667 establecimientos) ya cuentan con RO, pese a que el plazo máximo para obtenerlo vence en 2034.
En la vereda opuesta, el senador Cristian Vial (Independiente-Rep.) advirtió que imponer el RO a las nuevas salas cuna podría desincentivar la oferta privada, justo cuando el proyecto necesita aumentar los cupos disponibles. “Si desincentivamos la oferta de los privados, podríamos generar otro problema”, señaló.
Tras un extenso debate, se rechazó una indicación del senador Vlado Mirosevic (PL) que proponía otorgar un plazo de 18 meses para que las nuevas salas cuna se acreditaran con RO. La votación fue de dos a favor —Provoste y Mirosevic— y tres en contra: Gustavo Sanhueza (UDI), Rojo Edwards (Independiente) y Cristian Vial.
COPAJO Y RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD
El segundo punto que dividió a la comisión fue la inclusión del copago en los nuevos establecimientos. La senadora Provoste, junto a otras parlamentarias de oposición, presentó una indicación para prohibirlo. Argumentó que el copago puede convertirse en una barrera real para el ejercicio del derecho, especialmente en zonas con oferta limitada.
“En un territorio donde no exista oferta, el trabajador no va a poder copagar. Es un derecho en el papel”, cuestionó Provoste, quien además anunció reserva de constitucionalidad. Dijo que el copago “no financia calidad, financia distancia entre el hijo que puede pagar más y el que no puede pagar nada”.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió el copago como un instrumento que permite la libertad de elección de los padres y evita que los precios se disparen. “Si una familia quiere llevar a su hijo a una sala cuna que cobra más que el promedio, puede hacerlo”, sostuvo.
El senador Mirosevic, en tanto, diferenció los principios económicos de los derechos sociales. “El copago y la selección se han transformado en instrumentos de desigualdad y discriminación”, afirmó. En contraste, el senador Rojo Edwards respaldó la postura del Ejecutivo, señalando que la posibilidad de copago permite que existan proyectos educativos diversos y que los padres elijan donde tienen mayor confianza.
La indicación del Ejecutivo, que permite el copago, fue aprobada por tres votos a favor (Sanhueza, Edwards y Vial) y dos en contra (Mirosevic y Provoste).
Al cierre de la sesión, se informó que la discusión de las indicaciones restantes continuará mañana martes 6 de julio.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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