Diputados de Renovación Nacional presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, por el delito de prevaricación administrativa. La acción judicial se sustenta en un informe de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar a menores de edad haitianos. Los parlamentarios buscan que se investigue si Thayer excedió sus atribuciones legales al dictar una instrucción que modificó requisitos establecidos por la Ley de Migración y Extranjería.
La denuncia fue interpuesta por los diputados Eduardo Durán y Andrés Celis, ambos de Renovación Nacional. El texto presentado ante la fiscalía solicita que se indague la eventual responsabilidad de Thayer por el delito previsto en el artículo 228 del Código Penal. La base de la acusación es el informe final N° 541/2025 de la Contraloría, dado a conocer hace algunas semanas, que concluyó que el memorándum N° 1886 de 2024 estableció excepciones a los requisitos y procedimientos fijados por la normativa migratoria mediante una simple instrucción administrativa.
El organismo fiscalizador determinó que dicha acción excedió las atribuciones legales del Servicio Nacional de Migraciones, Sermig, que en ese entonces era liderado por Thayer. Según la Contraloría, ningún funcionario público puede modificar mediante un memorándum lo que la ley dispone. Esta conclusión es el núcleo de la denuncia penal presentada por los diputados.
DENUNCIA POR PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA
Los diputados fundamentan su acción en el artículo 228 del Código Penal, que sanciona la prevaricación administrativa. Este delito se configura cuando una autoridad o funcionario público dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. En este caso, los parlamentarios sostienen que el memorándum emitido por Thayer alteró los requisitos legales para la reunificación familiar de menores haitianos sin contar con facultades para ello.
El diputado Eduardo Durán señaló que la Contraloría fue categórica al establecer que ningún funcionario puede modificar mediante un memorándum lo que la ley establece. Durán agregó que cuando existen antecedentes de esta gravedad, corresponde que el Ministerio Público investigue si además existe responsabilidad penal. El parlamentario enfatizó que el Estado de Derecho se sostiene precisamente en que las autoridades respeten los límites de sus atribuciones, y que si un órgano administrativo puede alterar por sí solo requisitos establecidos por el legislador, se vulnera un principio básico de la institucionalidad.
POSICIÓN DE LOS DIPUTADOS
Por su parte, el diputado Andrés Celis afirmó que la denuncia busca que la Fiscalía esclarezca si aquí se configuró un delito. Celis recordó que la Contraloría ya estableció que el memorándum se dictó al margen de las competencias legales del Servicio Nacional de Migraciones, y que ahora corresponde que la justicia determine las eventuales responsabilidades penales.
El parlamentario sostuvo que las instituciones deben funcionar y que nadie puede quedar al margen del control de la ley. Celis añadió que cuando un órgano contralor concluye que una autoridad actuó fuera de sus atribuciones, lo responsable es poner esos antecedentes a disposición del Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente.
INFORME DE CONTRALORÍA
El informe final N° 541/2025 de la Contraloría General de la República fue el detonante de la denuncia. El documento detectó irregularidades en el otorgamiento de permisos por reunificación familiar a menores de edad haitianos. La Contraloría concluyó que el memorándum N° 1886 de 2024 permitió establecer excepciones a requisitos y procedimientos fijados por la Ley de Migración y Extranjería, excediendo las atribuciones del Sermig.
La acción de los diputados RN representa un nuevo capítulo en el caso de los niños haitianos, que ha generado debate sobre los límites de la potestad administrativa en materia migratoria. La fiscalía ahora deberá decidir si abre una investigación penal contra Luis Eduardo Thayer por su eventual responsabilidad en la dictación de la instrucción cuestionada.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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