El proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar enfrenta serios reparos constitucionales que, según críticos, podrían superar en gravedad a los del fallido proyecto Escuelas Protegidas. Durante la tramitación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, organizaciones civiles y gremios expusieron sus objeciones a la iniciativa que crea dos mecanismos paralelos: Elección Mutua y Asignación Aleatoria.
CUESTIONAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD
La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, ANDIME, cuestionó la base jurídica del proyecto. Su presidenta, María Beatriz Fuenzalida, sostuvo que la propuesta contiene “varios vicios de constitucionalidad” y que vulnera derechos fundamentales de forma igual o más grave que el proyecto Escuelas Protegidas, desde un punto de vista constitucional.
Según el análisis del gremio, no existe en el derecho internacional de los derechos humanos —en los tratados ratificados por Chile— un derecho de las escuelas a elegir a sus alumnos. Tampoco la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respalda esa facultad.
ANDIME recordó que el Protocolo de San Salvador, ratificado por Chile en 2022, refuerza el principio de no regresividad de los derechos sociales. En este contexto, permitir a los establecimientos seleccionar estudiantes —práctica prohibida desde 2015— constituye una medida regresiva que el Estado no ha justificado suficientemente.
La presidenta del gremio señaló que el proyecto infringe además la igualdad y la prohibición de discriminación. Por ello, solicitaron a la comisión rechazar la idea de legislar y, en su lugar, mejorar directamente el SAE.
CRÍTICAS A LA CUOTA DE INCLUSIÓN
Irma Iglesias, presidenta de la Fundación Down 21 Chile y vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas con Síndrome de Down, destacó el valor del sistema actual. Afirmó que el SAE es “ciego”, al ser centralizado y operar mediante un algoritmo basado en criterios objetivos, lo que ha impedido la discriminación de niños con síndrome de Down.
Sin embargo, advirtió que el sistema paralelo propuesto pondría fin a esa protección. También cuestionó el límite del 10% de cupos para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes.
“Que nos estén colocando cuotas del 10% no es inclusión, porque tiene techo”, expresó. Explicó que muchos colegios ya superan ese porcentaje y preguntó qué ocurrirá con las vacantes disponibles.
Iglesias propuso que la cuota de inclusión sea “al menos 5%”, generando una base mínima sin límite superior. Señaló que el proyecto otorga a estudiantes con discapacidad en colegios financiados por todos los chilenos menos garantías que la educación privada pagada.
RESPUESTA DEL EJECUTIVO
La ministra de Educación, María Paz Arzola, presente en la sesión, manifestó que el espíritu del proyecto no era imponer un techo al porcentaje de inclusión. Reconoció que la redacción actual no dice “a lo menos”, pero afirmó que esa era la intención. Indicó que están abiertos a incorporar esa precisión para evitar dudas.
En cuanto al criterio de distancia como prioridad, Arzola explicó que lo dejaron abierto para el reglamento, con el fin de atender circunstancias locales. Reconoció que fijar solo la distancia puede reproducir la segregación territorial, por lo que están dispuestos a recibir sugerencias para expresar ese criterio de otra forma.
La comisión continuará analizando el proyecto, mientras las organizaciones mantienen su postura crítica desde la perspectiva de derechos fundamentales y constitucionalidad.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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