Los Treinta Millones de Pesos Que Marcan el Límite de la Reparación para una Víctima de la Dictadura
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago elevó a treinta millones de pesos la indemnización por daño moral que el Fisco de Chile deberá pagar a una víctima de prisión política, tortura y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. La decisión, dictada el 1 de julio de 2026, incrementa el monto original fijado en primera instancia, desestima por completo la excepción de reparación integral y confirma el rechazo a la prescripción extintiva de la acción, consolidando un criterio jurisprudencial clave para las causas de derechos humanos.
Los hechos ocurrieron el 8 de septiembre de 1983, durante una protesta nacional en Valparaíso. El demandante, entonces de 31 años, fue detenido por un carabinero que le apuntó a la cabeza con su arma de servicio. En el forcejeo, el policía golpeó al actor en la nuca y el arma se disparó, perforándole el brazo derecho. La bala rebotó en el suelo e impactó en la cabeza de una comerciante ambulante, quien falleció en el trayecto al hospital. El demandante fue hospitalizado, operado y luego detenido por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Tras ser dado de alta, fue amenazado reiteradamente por civiles armados y sufrió golpizas, lo que le generó un trastorno de estrés postraumático crónico, según acredita un informe del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).
EN LA MIRA DEL ESTADO: CONDENA SOLIDARIA Y MORA DEL DEUDOR
La sentencia de alzada, que modifica el fallo del 24° Juzgado Civil de Santiago de 17 de diciembre de 2024, fue unánime. La Corte determinó que el actor sufrió un grave abuso policial y que los tratos humillantes y vejatorios recibidos, sumados a los efectos permanentes detallados en el informe biopsicosocial, justificaban una reparación mayor. El tribunal fijó la indemnización en $30.000.000 (treinta millones de pesos), que se reajustará conforme a la variación del IPC desde que la sentencia quede ejecutoriada y devengará intereses desde la mora del deudor.
Un punto central del fallo es la fijación de la mora. La Corte aclaró que los intereses se calcularán desde que el demandado no cumpla el fallo dentro de los sesenta días siguientes a que se remita el oficio al ministerio correspondiente, conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil. Esto separa el momento del devengo de intereses del momento en que se dicta la sentencia, una precisión que suele ser materia de controversia en las causas contra el Fisco.
LA EXCEPCIÓN DE REPARACIÓN INTEGRAL CAE POR COMPLETO
Uno de los argumentos más relevantes del fallo es el rechazo total a la excepción de reparación integral que esgrimió el Fisco. El Estado argumentó que el actor ya había recibido beneficios asistenciales, pensiones, bono único de reparación y atención médica a través del PRAIS, además de reparaciones simbólicas, y que ello debía considerarse como una reparación íntegra del daño. La Corte, sin embargo, fue categórica: esos beneficios no implican necesariamente la reparación íntegra de los daños padecidos.
El tribunal sostuvo que las reparaciones otorgadas por ley son concedidas por el propio Estado en términos generales y únicos para todas las víctimas, por lo que su efecto reparador no es necesariamente total. Además, señaló que las pensiones, bonos y beneficios médicos se vinculan más con prestaciones asistenciales y patrimoniales, mientras que la indemnización judicial por daño moral busca reparar un perjuicio cierto y determinado, con elementos particulares de cada víctima. Para reforzar este criterio, la Corte citó una sentencia de la Corte Suprema, Rol N° 12.636-2018, que establece que la normativa del Fisco no contempla incompatibilidad entre las pensiones asistenciales y las indemnizaciones judiciales, porque se trata de formas distintas de reparación.
Este pronunciamiento sienta un criterio firme: la existencia de beneficios estatales no exime al Fisco de indemnizar judicialmente por daño moral cuando el daño no ha sido reparado en su integridad. La excepción de reparación integral quedó totalmente desestimada, sin que pueda descontarse monto alguno de la indemnización fijada.
LA PRESCRIPCIÓN NO CORRE FRENTE A CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
La Corte confirmó el rechazo a la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco. El Estado argumentó que, desde la restauración de la democracia hasta la notificación de la demanda en 2022, habían transcurrido con creces los plazos de prescripción ordinaria de 5 años (artículo 2515 del Código Civil) y extraordinaria de 10 años (artículo 2332). El tribunal, no obstante, compartió lo razonado por la jueza de primera instancia en los considerandos décimo séptimo y décimo octavo tercero, que desestimaron la prescripción.
El razonamiento clave es que las acciones indemnizatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como la tortura y la prisión política, no están sujetas a prescripción. La Corte consideró que las normas de la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos imponen a los tribunales la obligación de no interpretar el derecho interno de modo que dejen sin aplicación el derecho a la reparación. Este criterio, reiterado en múltiples fallos, impide que el paso del tiempo extinga la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes durante la dictadura.
LOS AGRAVIOS DEL FISCO Y LA ELEVACION DEL MONTO
La parte demandante recurrió solicitando que se elevara el monto de la indemnización y que se condenara a la demandada al pago de las costas. El tribunal consideró que las circunstancias del caso, incluyendo el hecho de que el incidente resultó en la muerte de una tercera persona y que el Segundo Juzgado Militar de Santiago inició un proceso por maltrato de obra a Carabineros contra el funcionario policial, agravaban la responsabilidad del Estado. El actor fue víctima de un trato humillante y vejatorio, con consecuencias psicológicas permanentes, por lo que el monto original resultaba insuficiente.
Sin embargo, la Corte confirmó la decisión de no condenar en costas al Fisco, al considerar que el demandado tuvo motivo plausible para litigar, especialmente en relación con la entidad del daño y la procedencia de los intereses.
UNA SEÑAL PARA EL DERECHO CHILENO
Este fallo refuerza la tendencia jurisprudencial de los tribunales superiores de justicia de Chile de considerar que las reparaciones administrativas del Estado no sustituyen la indemnización judicial por daño moral en causas de derechos humanos. La decisión de elevar el monto a $30.000.000, aunque muy por debajo de los $200.000.000 solicitados, reconoce la gravedad del daño y la necesidad de una reparación efectiva.
La sentencia también delimita con claridad el momento en que se devengan los intereses de mora, un aspecto técnico que suele ser fuente de conflictos en la ejecución de estos fallos. Al fijar la mora a partir del incumplimiento del plazo de sesenta días, la Corte busca evitar que el Estado se beneficie de una demora en el pago.
Para los abogados litigantes, la eliminación total de la excepción de reparación integral y la confirmación de la imprescriptibilidad de la acción son los puntos más relevantes. La Corte de Apelaciones deja claro que ninguna cantidad de pensiones y beneficios asistenciales puede cerrar la puerta a una demanda judicial por daño moral cuando el daño persiste.
Rol N° Civil-356-2025, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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