La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de apelación presentado por una empresa ejecutada en un juicio de cobranza previsional, lo que llevó a la parte afectada a recurrir al Tribunal Constitucional solicitando la inaplicabilidad de las normas que limitan ese recurso. La acción se funda en una presunta vulneración al debido proceso, específicamente al derecho a la defensa, luego de que el tribunal de primera instancia rechazara de plano un incidente de nulidad de notificación.
La gestión pendiente se originó en una demanda ejecutiva previsional interpuesta por una Administradora de Fondos de Cesantía en contra de un servicio público, reclamando el pago de cotizaciones adeudadas de los períodos de octubre de 2002 y febrero de 2006 por un monto total de $588.445. La empresa demandada alegó que la notificación de la demanda fue defectuosa, ya que el Receptor Judicial no entregó el título ejecutivo que, según la propia demandante, formaba parte integrante del libelo. Por ello, dedujo un incidente de nulidad de la notificación y del requerimiento de pago.
El Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional rechazó de plano el incidente, argumentando que no se advertía un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad, y que la ejecutada pudo haber opuesto excepciones en el mismo escrito. La empresa interpuso reposición con apelación subsidiaria, pero el tribunal de primera instancia mantuvo su decisión y elevó los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Al revisar el recurso de apelación, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago lo declaró inadmisible, basándose en las normas que limitan la procedencia de la apelación en los procedimientos de cobranza previsional. Ante esta resolución, la empresa ha interpuesto una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, impugnando el inciso primero del artículo 8 de la Ley 17.322 y los artículos 472 y 476 inciso primero del Código del Trabajo.
NORMAS CUESTIONADAS Y SU ALCANCE
El requirente sostiene que estas normas, al restringir el recurso de apelación solo contra ciertas resoluciones específicas (sentencia definitiva, declaración de negligencia y medidas cautelares), vulneran la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución. Argumenta que la resolución que rechazó el incidente de nulidad de notificación no encaja en ninguna de esas categorías, dejando sin posibilidad de revisión un acto procesal que considera viciado y que impidió a su parte conocer el origen de la deuda.
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
El requirente desarrolla en su presentación el cumplimiento de cada uno de los requisitos de admisibilidad exigidos por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Se individualiza como parte en la gestión judicial pendiente, Rol Ingreso Corte Laboral Cobranza N° 2132-2026, que se tramita ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Se argumenta que las normas impugnadas son preceptos legales que serán decisivos para resolver la admisibilidad del recurso de apelación. Finalmente, se afirma que el requerimiento tiene fundamento plausible, ya que la aplicación de estas normas, en el caso concreto, impediría a la empresa ejercer su derecho a recurrir, afectando el principio de bilateralidad de la audiencia y su derecho a defensa.
El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción y, en su caso, sobre el fondo del asunto, determinando si la limitación legal al recurso de apelación en estos procedimientos resulta contraria a la Constitución en el caso particular.
Rol N° Ingreso Corte Laboral Cobranza N° 2132-2026, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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