CORTE SUPREMA REVOCA FALLO Y RECHAZA PROTECCIÓN DE MIGRANTE: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEBÍA ESTAR APOSTILLADO Y TRADUCIDO
La Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que había acogido un recurso de protección en favor de un ciudadano pakistaní, y en su lugar rechazó la acción constitucional. El fallo unánime del máximo tribunal concluyó que el Servicio Nacional de Migraciones actuó dentro del marco legal al rechazar la solicitud de residencia temporal por reunificación familiar, pues el solicitante no cumplió con los requisitos documentales exigidos por la normativa vigente.
El caso se originó cuando el extranjero, casado con una chilena, solicitó en enero de 2025 un visado de residencia temporal subcategoría reunificación familiar. La autoridad migratoria detectó que el certificado de antecedentes penales presentado no cumplía con las formalidades requeridas: no estaba apostillado ni legalizado en la forma correcta, y además fue emitido por la policía de Karachi, su lugar de residencia, mientras que la autoridad le exigía un certificado de la policía de Faisalabad.
La Corte de Apelaciones de Arica, mediante sentencia de noviembre de 2025, había acogido el recurso del migrante. El tribunal de primera instancia consideró arbitrario que el Servicio Nacional de Migraciones exigiera un documento de una ciudad distinta al domicilio del solicitante, y cuestionó que posteriormente en sede judicial se agregara como fundamento la falta de traducción del documento, argumento que no había sido notificado previamente al administrado.
Sin embargo, la Corte Suprema revocó esa decisión. El máximo tribunal estableció que, de acuerdo al artículo 51 inciso tercero del Reglamento de la Ley N°21.325, si el interesado adjunta documentación manifiestamente errónea o insuficiente, se procede al rechazo con indicación precisa de los requisitos faltantes. Agregó que el artículo 6 del Decreto N°177 exige que todos los documentos en idioma distinto al español o inglés deben acompañar traducción autorizada, y el artículo 7 del mismo cuerpo normativo establece que los documentos emitidos por instituciones extranjeras públicas deben cumplir con las normas de legalización o apostilla de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.
EL CERTIFICADO NO CUMPLÍA LA NORMATIVA
La sentencia de la Corte Suprema señala que el certificado de antecedentes presentado por el migrante, emitido por la policía de Pakistán, no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa. Según consta en la causa, el servicio otorgó plazos al recurrente para subsanar el defecto, pero no se cumplió con acompañar el documento en la forma requerida.
«La recurrida no incurrió en acto ilegal o arbitrario alguno, pues acompañar el documento solicitado es un requisito regulado, necesario para acceder a la solicitud de residencia. Por ello, tras constatarse su incumplimiento, se otorgaron plazos a la parte recurrente para que subsanara su error, sin que se cumpliera», señala el fallo.
El máximo tribunal fue enfático al descartar que la acción constitucional pueda ser utilizada como una nueva instancia para corregir una solicitud incompleta o subsanar sus defectos, ya que el procedimiento administrativo contempla etapas idóneas para ello.
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y LEGALIDAD
La controversia jurídica se centró en si la exigencia específica de un certificado de la policía de Faisalabad, cuando el solicitante residía en Karachi, constituía un acto arbitrario. Mientras la Corte de Apelaciones consideró que esa exigencia carecía de fundamento y vulneraba el principio de razonabilidad, la Corte Suprema entendió que la autoridad migratoria actuó dentro de sus facultades legales y reglamentarias, y que fue el propio recurrente quien no logró cumplir con los requisitos formales en los plazos otorgados.
La decisión de la Corte Suprema deja sin efecto la orden de retrotraer el procedimiento administrativo, manteniendo el rechazo de la solicitud de residencia temporal. El fallo fue pronunciado por los ministros Adelita Ravanales Arriagada, Jean Pierre Matus Acuña y Eliana Quezada Muñoz, junto a los abogados integrantes José Miguel Valdivia Olivares y Raúl Fuentes Meza.
Rol N° 54.931–2025, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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