Tribunal Constitucional rechaza requerimiento de inaplicabilidad y confirma que para acusar en delitos de acción pública es requisito indispensable la formalización previa de la investigación
El Tribunal Constitucional, en fallo de 1 de julio de 2026, rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que buscaba dejar sin efecto la aplicación de los artículos 248, letra c), y 259, inciso final, del Código Procesal Penal en una causa penal seguida ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
La decisión, adoptada con el voto en contra del ministro Héctor Mery Romero, reafirma el criterio jurisprudencial sostenido por el Tribunal en casos anteriores: en materia de delitos de acción penal pública, no existe un derecho subjetivo de las víctimas a obtener el castigo penal, y la acción penal que la Constitución concede al ofendido está sujeta a las mismas exigencias que rigen para el Ministerio Público.
EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL PLANTEADO
El requerimiento fue presentado por una querellante en el marco de un proceso penal iniciado por una querella criminal contra su hermana por los delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de instrumento. Los hechos habrían ocurrido con ocasión de una rendición de cuentas respecto de operaciones de compraventa de propiedades que formaban parte de la sucesión de la madre fallecida.
La gestión pendiente era un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, deducido contra la resolución del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que tuvo por comunicada la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación.
La requirente sostenía que la aplicación de los preceptos impugnados vulneraba la garantía constitucional del debido proceso y el principio de legalidad, establecidos en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, así como el derecho a la acción penal que concede el artículo 83, inciso segundo, a la víctima.
LOS ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL
El Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento señalando que toda la argumentación que imputaba deficiencias en la investigación al Ministerio Público o presuntas irregularidades en la administración de los bienes era ajena a su competencia, por tratarse de asuntos de fondo o de legalidad que deben resolverse en la propia causa penal.
El fallo recordó la doctrina ya desarrollada en los roles 13.934, 14.339, 14.819 y 15.751, en cuanto a que en materia de delitos de acción penal pública no existe un derecho subjetivo de las víctimas que amparar. Cuando existen derechos vulnerados, estos deben reclamarse por las vías civiles. La sanción penal responde a un interés social o público, no a la venganza privada.
El Tribunal fue categórico al señalar el vínculo indisoluble entre acusación y formalización. El artículo 83 de la Constitución debe leerse en sus dos primeros incisos. El inciso primero entrega en forma exclusiva la dirección de la investigación al Ministerio Público, distinguiendo entre indagación penal y acción penal. La acción penal no se inicia con la indagación, sino con la acusación, y el Ministerio Público solo puede acusar en su caso, es decir, cuando la investigación le proporcione un soporte suficiente.
La formalización de la investigación es el acto procesal provisional que permite basar la acusación y que el imputado conozca los hechos que se le atribuyen para ejercer su derecho a defensa. Decidir formalizar o no es resorte exclusivo del Ministerio Público, como parte de la dirección exclusiva de la investigación que le asegura el artículo 83 de la Constitución.
EL SIGNIFICADO DE IGUALMENTE
Uno de los puntos centrales del fallo fue la interpretación del adverbio igualmente contenido en el artículo 83, inciso segundo, de la Constitución. El Tribunal sostuvo que igualmente no significa solo también, sino que implica que el ofendido y las demás personas determinadas por la ley deben ejercer la acción penal de la misma forma y con los mismos requisitos que el Ministerio Público.
Si el fiscal no puede acusar sin previa formalización, tampoco puede hacerlo el particular. Esto es razonable porque el particular nunca tiene un derecho subjetivo penalmente protegido, sino que se incorpora al interés público. Como el querellante no está obligado por un deber de objetividad, es necesario sujetarlo a un examen de plausibilidad indiciario, que es el mismo que soporta el Ministerio Público: la formalización.
LA DISIDENCIA
El ministro Héctor Mery Romero votó en contra y estuvo por acoger el requerimiento. En su disidencia sostuvo que la palabra igualmente en el artículo 83 inciso segundo debe entenderse como de manera igual, es decir, el Ministerio Público, el ofendido y las personas que designe la ley deben tener la posibilidad de ejercer la acción penal de la misma manera y en las mismas condiciones, sin que la posición de uno signifique ventaja o desmedro respecto del otro.
El ministro disidente señaló que la Constitución distingue entre dirigir la investigación de hechos delictivos y ejercer la acción penal. La primera función es exclusiva del Ministerio Público, pero no ocurre lo mismo con el ejercicio de la acción penal, potestad que los fiscales ejercerán en su caso y siempre en igualdad de condiciones con el ofendido.
CONCLUSION DEL TRIBUNAL
El Tribunal concluyó que el requerimiento se dirigía en contra de un sistema completo, ya que tanto los artículos 229 y 230 como los artículos 235, 248 letra b), 259 inciso final y 261 letra a) del Código Procesal Penal exigen la previa formalización de la investigación como requisito indispensable de toda acusación en materia de acción penal pública. No cabe desarticular un sistema por la vía de la inaplicabilidad.
Además, el Tribunal advirtió que si se eliminaran los artículos impugnados, la requirente tampoco podría acusar, ya que subsistirían otras normas que exigen la formalización para acusar, como la letra b) del artículo 248 y el artículo 261 letra a).
El requerimiento fue rechazado, se alzó la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas por estimarse que la parte requirente tuvo motivo plausible para litigar.
Rol 17.201-2025, Tribunal Constitucional.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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