Corte Suprema revoca fallo que ordenó reincorporación de abogada municipal por confianza legítima
La Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido un recurso de protección en favor de una funcionaria municipal, estableciendo que la abogada no cumplía con el requisito temporal de cinco años de servicio continuo en calidad de contrata para que opere el principio de confianza legítima.
El máximo tribunal consideró que el período en que la funcionaria se desempeñó como Directora de Asesoría Jurídica Suplente, cargo de exclusiva confianza, interrumpió la continuidad necesaria para configurar la protección jurisprudencial que limita la facultad de la Administración de no renovar contratas anuales.
LOS HECHOS DEL CASO
La abogada fue nombrada a contrata en la Ilustre Municipalidad de Maipú a contar del 1 de noviembre de 2018, mediante Decreto Alcaldicio N° 3.215 de 9 de noviembre de 2018, para desempeñarse en la unidad de Sumarios de la Dirección de Asesoría Jurídica. Su designación fue prorrogada sucesivamente para los años 2019, 2020 y 2021.
El 14 de enero de 2021 aceptó un nombramiento como Directora de Asesoría Jurídica Suplente, cargo directivo de exclusiva confianza, que ocupó hasta el 21 de junio de 2021, cuando se aceptó su renuncia y retomó funciones en su cargo de contrata.
Posteriormente, la municipalidad renovó su contrata para los años 2022, 2023 y 2024. Sin embargo, mediante Decreto Alcaldicio Personal N°01658/2024 de 29 de noviembre de 2024, la autoridad edilicia dispuso la no renovación para la anualidad 2025, argumentando que la funcionaria tenía una antigüedad menor a cinco años.
LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 31 de diciembre de 2025, acogió el recurso de protección, ordenando dejar sin efecto el decreto de no renovación, la reincorporación inmediata y el pago de remuneraciones desde el 1 de enero de 2025.
El tribunal de alzada consideró que el argumento de la municipalidad era fácticamente erróneo, pues la abogada había mantenido una relación contractual ininterrumpida desde noviembre de 2018, superando los cinco años exigidos por la jurisprudencia. Destacó que la propia municipalidad, mediante Decreto Alcaldicio N°07001 de 2023, había reconocido públicamente sus cinco años de servicio ininterrumpido.
EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA
La Tercera Sala revocó esta decisión aplicando un criterio diverso respecto del cómputo del tiempo necesario para la confianza legítima. El máximo tribunal estableció que no puede abonarse al período de contrata el tiempo servido en un cargo de naturaleza jurídica diversa, como lo es un puesto de exclusiva confianza.
La sentencia precisó que, para la aplicación del principio de confianza legítima, se requiere un período de cinco años continuos en calidad de contrata. Si la vinculación es inferior a ese lapso, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo sin necesidad de un acto especial, dado que el empleo concluye por el solo ministerio de la ley al 31 de diciembre de cada año.
En el caso concreto, la Corte consideró que la funcionaria no cumplía con la continuidad temporal necesaria, pues entre el 21 de junio de 2021, fecha en que fue nuevamente designada a contrata tras la suplencia, y el 31 de diciembre de 2024, no transcurrieron cinco años.
LOS FUNDAMENTOS DEL PRINCIPIO
La Corte recordó que los empleados a contrata tienen un carácter transitorio según el artículo 3 letra c) de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo. El artículo 10 del mismo cuerpo legal dispone que estos empleos duran como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y expiran por el solo ministerio de la ley.
La confianza legítima, según la jurisprudencia del máximo tribunal, implica que la renovación reiterada de los nombramientos genera la expectativa de continuidad, pero solo cuando se cumplen cinco años de vinculación continua en calidad de contrata. Cumplido ese plazo, la estabilidad implica que los funcionarios no pueden ser cesados sino mediante declaración de vacancia por calificaciones deficientes, destitución disciplinaria o acto administrativo fundado en motivos objetivos.
Sin perjuicio de lo resuelto, el tribunal ordenó remitir copia íntegra de lo obrado a la Contraloría General de la República, considerando los fundamentos invocados por la autoridad municipal para no renovar el nombramiento.
La decisión fue adoptada con la mayoría de los ministros Jean Pierre Matus, Gonzalo Ruz y la ministra suplente Eliana Quezada, más los abogados integrantes María Angélica Benavides y Fabiola Lathrop.
Rol N°4.630-2026, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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