La muerte del cabo primero Marcos Cosme, ocurrida durante un operativo en Valdivia, ha reavivado el debate en el oficialismo sobre una agenda legislativa de seguridad que incluye el fortalecimiento de la ley Naín-Retamal y, en un flanco más complejo, la posible concesión de indultos a carabineros condenados por su actuación durante el estallido social. El presidente José Antonio Kast asistió al responso fúnebre del funcionario en Temuco, en una señal de respaldo institucional que, en los pasillos del Congreso, sus aliados traducen como una exigencia de acciones concretas.
El pasado domingo, Kast llegó hasta el Grupo de Formación de Carabineros en Temuco para participar en la ceremonia fúnebre del cabo primero Marcos Cosme Barquero, quien falleció tras recibir un impacto de bala en un operativo para capturar a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias «el Rana», vinculado al homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín. El Mandatario estuvo acompañado de la primera dama, María Pía Adriasola, y de los ministros Martín Arrau (Seguridad) y Claudio Alvarado (Interior y Secretaría General de Gobierno). En sus redes sociales, Kast expresó que Chile despide a un hombre que sirvió con valentía y sentido del deber.
Este hecho no es aislado. El mismo viernes, en la comuna de Lo Espejo, dos carabineros fueron blanco de múltiples disparos durante una fiscalización. El cabo primero Luciano Ascencio recibió al menos cuatro impactos, mientras que el subteniente Nicolás Velozo fue alcanzado por dos. Ambos permanecen hospitalizados. La seguidilla de atentados ha intensificado la presión de la derecha para que el Ejecutivo impulse una agenda robusta en seguridad, una de las principales promesas de campaña de Kast.
LEY NAÍN-RETAMAL 2.0
El principal foco del oficialismo está en la denominada ley Naín-Retamal 2.0, iniciativa que busca reforzar la norma promulgada durante el gobierno de Gabriel Boric, que estableció la legítima defensa privilegiada para las policías. Hoy, parlamentarios del sector consideran que esa ley se ha quedado corta frente a la violencia que enfrentan los uniformados.
El senador de Renovación Nacional Andrés Longton, integrante de la Comisión de Seguridad, calificó la ley original como un avance notable que devolvió confianza a las policías respecto del uso legítimo de la fuerza, pero advirtió que es necesario avanzar en una batería de proyectos que modernicen su labor y mejoren sus remuneraciones. En concreto, Longton planteó que la ley Naín-Retamal 2.0 debe proteger y reparar a las familias de los mártires, permitir el uso de armamento a funcionarios de franco y establecer sanciones más drásticas para agresiones contra la autoridad que no constituyan lesiones.
En la misma línea, el diputado del Partido Republicano Cristián Araya sostuvo que la legislación actual quedó corta y que se requiere una protección real, efectiva y sin vacilaciones. Por su parte, la jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse, argumentó que es necesario perfeccionar la ley no solo para otorgar seguridad jurídica a las policías, sino para que el criminal sepa que le caerá todo el peso de la ley y pasará muchos años privado de libertad.
La senadora de RN María José Gatica fue más allá y pidió una agenda antiterrorista. A su juicio, el asesinato del carabinero no fue delincuencia común, sino terrorismo, y hoy el terrorismo tiene más capacidad de fuego que el Estado. Exigió más inteligencia, más respaldo a Carabineros y una ley que trate al terrorismo como tal.
PRESIÓN POR INDULTO GENERAL
En paralelo al debate legislativo, la muerte del cabo primero Cosme reactivó la presión del Partido Nacional Libertario (PNL) por un indulto general a los uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. El tema es una de las principales inquietudes de los libertarios y del Partido Republicano, colectividades que resienten que el Presidente aún no haya concedido indultos. Kast se ha limitado a reiterar que el proceso está en revisión y se hará caso a caso.
Hace algunas semanas, el PNL, con respaldo republicano, ingresó un proyecto de ley que busca otorgar un indulto general a esos carabineros privados de libertad. El secretario general de la colectividad, Juan Antonio Urzúa, aseguró que se debe avanzar en medidas que entreguen respaldo efectivo, incluyendo indultos generales para los funcionarios perseguidos por hechos ocurridos durante el combate al terrorismo y la violencia. Su planteamiento fue directo: o se está con Carabineros o no se está, y la única forma de demostrarlo es entregar herramientas, leyes y respaldo político.
El jefe de bancada del PNL, Cristóbal Urruticoechea, fue más explícito. Manifestó que espera que los delincuentes reciban todo el peso de la ley y que la muerte de un uniformado no se convierta en un hábito. Luego apuntó al gobierno: pidió que se considere la solicitud hecha hace tiempo de indultar a aquellos carabineros que, a su juicio, ayudaron a frenar un golpe de Estado contra el expresidente Sebastián Piñera a partir del 18 de octubre.
La diputada Weisse, quien apoya el perfeccionamiento de la ley Naín-Retamal, también se pronunció sobre los indultos. Para ella, el indulto es una medida de justicia que se debe materializar a la brevedad, como una señal de reparación que reivindique a los uniformados condenados por cumplir su labor de resguardar a la población. No obstante, insistió en que debe ser caso a caso.
La agenda de seguridad se perfila como el eje que articulará el debate legislativo de las próximas semanas, con dos frentes paralelos: el reforzamiento de la protección a las policías a través de la ley Naín-Retamal 2.0 y la discusión sobre el alcance del indulto a los carabineros del estallido. Ambos temas serán puestos a prueba en el Congreso, mientras el Ejecutivo evalúa los pasos a seguir.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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