Comisión de Pesca del Senado analiza dictamen de Contraloría que declara ilegal apertura del Registro Pesquero Artesanal
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado sesionó el 8 de julio de 2026 para abordar el cumplimiento del dictamen de la Contraloría Regional de Valparaíso que declaró contraria a derecho la Resolución Exenta N° 2.563 de 2025, dictada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura durante la administración anterior.
El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, expuso ante los senadores las medidas adoptadas para dar cumplimiento al oficio N° 110267/2026 del órgano contralor. La instancia fue transmitida por TV SENADO CHILE y contó con la participación de los senadores Iván Flores, Fidel Espinoza, Alejandro Kusanovic, Daniela Cicardini y otros integrantes de la comisión.
EL PROCEDIMIENTO DE INVALIDACIÓN
Urrutia explicó que el viernes 26 de junio de 2026 firmó la Resolución 1672, mediante la cual se inició un procedimiento de invalidación de la resolución cuestionada, conforme al artículo 53 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. El plazo fijado para que los interesados presenten sus observaciones es de 90 días hábiles.
El subsecretario calificó la resolución del gobierno anterior como “una resolución ilegal” que abrió el Registro Pesquero Artesanal (RPA) “por la ventana”, sin seguir los mecanismos que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura. Según indicó, el RPA es una medida de control de esfuerzo implementada desde 1991, que solo permite nuevas inscripciones cuando una pesquería deja de estar en plena explotación o mediante el sistema de reemplazo.
Las pesquerías involucradas son jibia, jurel, reineta, merluza, cola, langostino amarillo y langostino colorado, y camarón nailon. De acuerdo a las cifras presentadas por la autoridad, se registraron 9.944 inscripciones, de las cuales solo 403 embarcaciones han operado efectivamente desde noviembre de 2025.
LAS CIFRAS Y EL IMPACTO SOCIAL
El senador Luis Núñez discrepó del subsecretario y afirmó que los afectados son al menos 15.000 personas, considerando que cada embarcación menor de 12 metros emplea al armador más dos tripulantes. Puso como ejemplo la Caleta Peñuelas, en la Región de Coquimbo, donde 27 embarcaciones que comenzaron a extraer jibia y jurel quedarían sin actividad.
El senador Fidel Espinoza recordó que durante su presidencia de la comisión se logró un histórico fraccionamiento de pesquerías que aumentó la participación artesanal. Cuestionó que mientras el Congreso avanza en beneficios para la salmonicultura, se “da un garrote” a los pescadores artesanales.
La senadora Daniela Cicardini, representante de la Región de Atacama, sostuvo que la observación de Contraloría era solo procedimental y que lo procedente era subsanar las consultas omitidas, no invalidar todo el proceso. Criticó la demora del gobierno regional en atender a los pescadores afectados.
POSIBILIDADES DE SOLUCIÓN
El senador Iván Flores preguntó si el dictamen se fundaba en la sustentabilidad del recurso o solo en aspectos formales. Planteó que si la biomasa está disponible, debe buscarse una salida normativa que no perjudique a quienes actuaron de buena fe.
El subsecretario Urrutia respondió que todas las pesquerías afectadas están cerradas por razones biológicas, en estado de plena explotación o colapso, por lo que no procede una apertura directa. Sin embargo, aseguró que se trabaja en un sistema de caducidades y reemplazos para que las 403 embarcaciones que operaron puedan continuar legalmente.
Respecto a la solicitud de aclaración del dictamen, la autoridad señaló que no fue la Subsecretaría sino los propios requirentes –entre ellos, el abogado Felipe Sandoval– quienes pidieron una interpretación a la Contraloría General. El gobierno esperará esa respuesta para definir los pasos siguientes.
El senador Alejandro Kusanovic propuso citar a la Contralora General para que explique los criterios aplicados. También planteó la necesidad de una política de repoblamiento de recursos en la Región de Magallanes.
Al cierre de la sesión, la comisión acordó solicitar a la Sala que el proyecto de seguridad portuaria (boletín 18.420) sea derivado también a esta instancia, dado su vínculo con la actividad pesquera. Asimismo, se pedirá una reunión con representantes de la pesca artesanal de Atacama para conocer en terreno su situación.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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