En medio del escándalo por la sobreproducción de cobre que sacudió a Codelco durante 2023, el directorio de la estatal instruyó a su comité de auditoría, compensaciones y ética contratar una revisión externa de la producción para los ejercicios 2024 y 2025. La firma elegida fue KPMG, una de las denominadas big four, tras un proceso de licitación previo. La medida busca dar tranquilidad sobre los controles internos de la Corporación luego de que se reportaran 27 mil toneladas extra de cobre el año pasado, hecho que derivó en la salida de ejecutivos y el inicio de la devolución de bonos por parte de trabajadores.
Así lo informó la directora de Codelco, Tamara Agnic, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que fiscaliza el caso. Agnic explicó que la auditoría interna previa estuvo focalizada en las 20 mil toneladas incluidas en la denuncia más las 6.875 toneladas identificadas en ese proceso. Sin embargo, para mayor tranquilidad de la Corporación y de todos los chilenos, se decidió ampliar la revisión al período 2024-2025. Los resultados serán dados a conocer una vez que KPMG los entregue.
AUDITORIA EXTERNA
La contratación de KPMG fue instruida por el directorio y canalizada a través del comité de auditoría, compensaciones y ética (CACE). Agnic subrayó que la ampliación de la revisión a los dos años siguientes responde a la necesidad de fortalecer la confianza en los procesos productivos de la minera estatal. La directora no precisó plazos para la entrega del informe final, pero aseguró que se comunicará oportunamente a la ciudadanía.
El escándalo estalló cuando se conoció que Codelco había registrado una producción superior a la declarada durante 2023, lo que llevó a la salida de altos ejecutivos y a la devolución de bonos por parte de los involucrados. La empresa abrió entonces una auditoría interna que detectó las 20 mil toneladas iniciales y otras 6.875 toneladas adicionales.
DEFENSA DEL EXPRESIDENTE
En la misma sesión de la comisión investigadora, el expresidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, negó categóricamente que hubiera presiones para saltarse las normas de validación de producción. Alvarado se refirió a la expresión “operación rastrillo”, que había sido utilizada públicamente para sugerir una política destinada a elevar artificialmente la producción. Según el ex ejecutivo, esa caracterización no se ajusta a la realidad.
Alvarado explicó que lo que existió fue un proceso legítimo de búsqueda de oportunidades operacionales, como reducir inventario, procesar materiales disponibles, mejorar la recuperación y ejecutar iniciativas que generaran producción. Ese tipo de gestión, sostuvo, es habitual en minería y siempre estuvo sujeta a normas, controles y autorizaciones propias de cualquier decisión operacional.
El ex presidente reconoció que tanto el directorio como él mismo solicitaron esfuerzos para aumentar la producción, pero aclaró que nunca se hizo en desmedro de la seguridad ni con incumplimiento de normas. “Ninguna instrucción de la presidencia ejecutiva debió reemplazar esas validaciones y ningún ejecutivo podía interpretar una exigencia de gestión como una autorización para omitirla”, afirmó ante los diputados.
Alvarado también se refirió al correo que se hizo público sobre la “operación rastrillo”. Explicó que se trataba de una expresión habitual en las operaciones para buscar materiales, bajar stock y poner en valor materiales que cumplieran con las normas internas. La finalidad era mitigar los problemas de producción derivados del lamentable accidente en El Teniente a partir de julio.
SANCIONES Y RESPONSABILIDADES
Tamara Agnic detalló que tras la falla de la primera línea de controles, identificada en la auditoría interna, se establecieron las sanciones correspondientes. Se identificó a un ex ejecutivo que ya no formaba parte de la corporación y por tanto no pudo ser sancionado. En total, siete personas fueron sancionadas. Agnic recordó que la desvinculación no es la única sanción posible, ya que existe un marco y una escala de sanciones conforme a los procesos internos de la empresa.
Por su parte, Rubén Alvarado reconoció errores en su intervención ante la comisión. Señaló que existieron decisiones incorrectas, controles preventivos insuficientes y responsabilidades funcionales concretas. A su juicio, las responsabilidades deben establecerse según la participación efectiva, las atribuciones y los deberes de cada persona. La auditoría ya determinó esas responsabilidades respecto de quienes intervinieron en la formulación, validación e incorporación de las iniciativas cuestionadas.
LECCIONES APRENDIDAS
Alvarado concluyó su comparecencia con una reflexión sobre las lecciones del caso. Sostuvo que las metas del negocio deben ser exigentes, pero los procesos de validación deben ser aún más rigurosos. La administración debe respetar las conclusiones de la auditoría y tomar las acciones necesarias para fortalecer los controles preventivos que eviten la recurrencia de hechos similares.
La comisión investigadora continúa su trabajo fiscalizador, mientras Codelco avanza en la implementación de la auditoría externa con KPMG. El caso ha puesto en el centro del debate la gobernanza y los sistemas de control interno de la principal empresa estatal chilena.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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