Corte de Santiago condena a ciudadanos venezolanos como coautores de robo con intimidación ocurrido en Ñuñoa
El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia condenatoria contra dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, de 25 y 29 años, como coautores del delito consumado de robo con intimidación, luego de que la víctima fuera abordada en la vía pública y despojada de su teléfono celular bajo amenaza con un arma de fogueo con apariencia de arma real.
Los hechos ocurrieron el 25 de junio de 2025, aproximadamente a las 20:00 horas, en la comuna de Ñuñoa. La víctima transitaba por el sector cercano a la estación de metro Ñuble cuando fue interceptada por ambos acusados. Uno de ellos, identificado como quien realizó labores de cobertura y vigilancia a corta distancia, mientras el otro se acercó a la afectada y, tras exigirle la entrega de su teléfono celular y ante su negativa, extrajo un arma de fogueo tipo pistola con apariencia de verdadera, apuntándola y profiriéndole la frase “no te hagas la popís”.
Intimidada, la víctima hizo entrega de su teléfono celular marca Samsung, modelo S24, con carcasa transparente. Los acusados huyeron del lugar con la especie en su poder, pero fueron detenidos minutos después por personal municipal, quienes los entregaron a Carabineros. El teléfono fue recuperado. Durante la detención se incautaron dos armas de fogueo: una pistola con su marca borrada, calibre 9 mm y cargador con cuatro municiones de fogueo, y una pistola marca Glock modelo 43 de material plástico.
El Ministerio Público sostuvo la acusación por el delito del artículo 436 inciso primero del Código Penal, en relación con el artículo 432 del mismo cuerpo legal, solicitando una pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo para cada acusado. Ambas defensas, en una línea colaborativa, no controvirtieron los hechos ni la calificación jurídica, y solicitaron el reconocimiento de atenuantes.
DECLARACIONES DE LOS ACUSADOS Y PRUEBA DE CARGO
Ambos acusados renunciaron a su derecho a guardar silencio y declararon en el juicio. El primero, quien realizó labores de cobertura, relató que se encontraba con su amigo y accedió a acompañarlo a buscar un arma de balines. Manifestó que, mientras caminaban, advirtieron a la víctima y él pidió a su acompañante que se detuviera mientras se acercaba a sustraerle una pertenencia. Tras la sustracción, huyeron y fue detenido tras arrojar el arma. El segundo acusado, quien ejecutó la intimidación directa, declaró que un tercero le entregó un arma y que, al ver a la mujer sentada en un paradero, decidieron regresar, acercándose a ella y pidiéndole el teléfono. Indicó que abrió su banano frente a ella, lo que la llevó a creer que iba a sacar algo, y que en ese contexto de intimidación verbal ella entregó el teléfono.
La prueba testimonial incluyó la declaración de la víctima, quien reconoció a ambos acusados en la sala y describió la dinámica del asalto, incluyendo cómo uno de ellos apoyó el arma contra su costilla. También declararon los inspectores municipales que realizaron la persecución y detención, así como un sargento de Carabineros que levantó las especies mediante cadena de custodia.
ATENUANTES RECONOCIDAS Y PENA IMPUESTA
El tribunal dio por acreditado que no existió controversia sobre los hechos, su calificación jurídica ni la participación de los acusados, y circunscribió el debate a la concurrencia de las atenuantes de los artículos 11 N° 6 (irreprochable conducta anterior) y 11 N° 9 (colaboración sustancial) del Código Penal.
Por unanimidad, la sala reconoció a ambos acusados la atenuante del artículo 11 N° 9, al estimar que sus declaraciones, enmarcadas en una estrategia colaborativa, permitieron esclarecer los hechos y reforzar la convicción del tribunal. Sin embargo, respecto de la atenuante del artículo 11 N° 6, la jueza Claudia Bugueño Juárez y el juez Héctor Plaza Vásquez consideraron que no se acreditó debidamente, mientras que la jueza Andrea Iligaray Llanos estuvo por reconocerla. Al no alcanzarse la unanimidad exigida por el artículo 342 letra f) del Código Procesal Penal, esta atenuante fue rechazada.
Con una atenuante reconocida y ninguna agravante, el tribunal aplicó el artículo 68 del Código Penal, que permite rebajar la pena en un grado. En consecuencia, impuso a cada acusado la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más el comiso de las especies incautadas y la incorporación de su huella genética al Registro Nacional de Condenados.
Margen izquierdo sesenta, margen derecho sesenta, con espacios doce, interlineado uno y medio, con tipo de letra Times New Roman doce.
Rol N° 75-2026, Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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