El Presidente José Antonio Kast firmó este lunes en La Moneda una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de test de drogas para un amplio espectro de autoridades públicas, excluyendo sin embargo al propio Jefe de Estado, a los jueces, fiscales y a los funcionarios de la Contraloría. La iniciativa, cuyo texto final aún no se conoce, fue sellada en una ceremonia en el Salón Montt-Varas y será ingresada al Congreso la próxima semana, gatillada por el reciente caso del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien dio positivo en un examen periódico y fue removido del cargo.
La medida busca poner una valla entre el narcotráfico y la política, recogiendo diversas mociones parlamentarias que han intentado regular esta materia. En la reforma se incorporan causales de cesación de cargo para altos dignatarios a quienes se les detecte consumo no acreditado de sustancias ilícitas. La lista de autoridades obligadas incluye a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. El consumo de drogas ilícitas se convertiría así en una causal automática de destitución.
CONTEXTO Y DETONANTE
A días de que Juan Pablo Rodríguez diera positivo en un examen periódico y fuera removido, La Moneda decidió materializar una medida que ya había sido esbozada durante la campaña presidencial. El caso puso en el centro del debate la falta de controles obligatorios para altas autoridades y la necesidad de establecer mecanismos preventivos. La reforma es presentada como una medida para poner una valla entre el narcotráfico y la política.
EXCLUSIONES QUE GENERAN POLÉMICA
Sin embargo, la reforma no incluye al Presidente de la República, ni a jueces del Poder Judicial, fiscales ni autoridades de la Contraloría. Una de las explicaciones jurídicas es que, según la redacción actual de la Constitución, el primer mandatario no cesa en el cargo por las mismas causales que los parlamentarios. Para removerlo solo operan las acusaciones constitucionales o la declaración de inhabilidad por razones físicas o mentales, y en ambas hipótesis la última palabra la tiene el Senado.
En el oficialismo admiten que en la primera versión del proyecto el Presidente no está incluido como sujeto obligado, pero anticipan que podría ser incorporado al menos en el examen preventivo. Una minuta distribuida por La Moneda señala que la medida será aplicable a la lista ya mencionada, sin referencia al Jefe de Estado. La exclusión podría generar debate en el Congreso durante la tramitación.
LA INICIATIVA DE LA UDI
La bancada de diputados de la UDI ha impulsado insistentemente que el Presidente se someta a estos controles. En una glosa aprobada en la Ley de Presupuestos se establece que el Presidente de la República, los ministros y subsecretarios deben someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias ilícitas. Una norma similar se ha propuesto para la Cámara de Diputados. La idea de la UDI ha perdurado en la partida de la Presidencia, pero aún no se ha materializado en la reforma constitucional firmada este lunes.
Además, existen mociones de las exdiputadas Paula Labra (indep. RN), Yovana Ahumada (socialcristiana) y la diputada Pamela Jiles (PDG), cuyas iniciativas refundidas, que buscan darle un carácter obligatorio al test de drogas para candidatos y autoridades, ya fueron aprobadas por la Cámara y están en el Senado. Esos proyectos establecen que no podrá ser candidato a Presidente, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal quien tenga dependencia de sustancias ilícitas, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. La muestra debe ser de cabello y analizada en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud.
DEBATE CONSTITUCIONAL ABIERTO
Existen dudas sobre la constitucionalidad de las mociones fusionadas, ya que no son una reforma a la Carta Fundamental y solo modifican normas como la Ley de Drogas, la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. La exclusión del Presidente y jueces podría ser uno de los puntos a discutir en el Congreso, aunque el oficialismo se ha abierto a recibir aportes de las mociones parlamentarias durante la tramitación.
Las próximas semanas serán clave para conocer el texto final del proyecto que ingresará al Congreso. La reforma busca cerrar el paso al consumo de drogas en la alta administración pública, aunque quedan aspectos pendientes por definir, como el alcance de las exclusiones.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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