El Senado chileno emitió un comunicado oficial para precisar el marco legal y las atribuciones con que operan los mecanismos de control y revisión de las asignaciones parlamentarias, en medio de cuestionamientos públicos surgidos tras conocerse investigaciones que involucran a senadores como Miguel Ángel Calisto y Fabiola Campillai. La declaración busca aclarar que la fiscalización de estos recursos se realiza dentro de las competencias que la ley entrega, y que tanto el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias como el Comité de Auditoría Parlamentaria son organismos autónomos y especializados creados precisamente para garantizar transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos del Congreso Nacional.
CONTEXTO DE LAS INVESTIGACIONES
Los cuestionamientos se intensificaron luego de que el senador Miguel Ángel Calisto, independiente, fuera investigado por fraude al fisco reiterado, presuntamente por utilizar un sistema de asesorías parlamentarias falsas. En ese marco, la abogada coordinadora del Comité de Auditoría Parlamentaria, Priscila Fuentes, señaló que no se puede corroborar que una exasesora del legislador haya cumplido efectivamente las actividades por las cuales se le remuneró, según información publicada por La Tercera. A esto se suma el caso de la senadora Fabiola Campillai, también independiente, quien contrató como conductor personal a su yerno, actualmente investigado por amenazas y con otros antecedentes penales.
MARCO NORMATIVO Y TRANSPARENCIA
Frente a estas situaciones, el Senado explicó que resulta importante precisar el marco institucional establecido por la Ley N° 20.447, normativa que significó un avance sustantivo en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización del uso de recursos públicos en el Congreso Nacional. Dicha ley creó dos organismos autónomos y especializados que cumplen funciones complementarias y esenciales para el adecuado control de las asignaciones parlamentarias: el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria.
FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
De acuerdo con el comunicado, al Consejo Resolutivo le corresponde determinar el monto, destino, criterios de uso y condiciones de las asignaciones parlamentarias, estableciendo las normas que regulan su aplicación y rendición. Por su parte, el Comité de Auditoría Parlamentaria tiene la función de revisar y controlar el uso de dichas asignaciones, verificando que los gastos rendidos se ajusten a los criterios, contratos, procedimientos y exigencias establecidos por el Consejo Resolutivo, así como a la normativa vigente.
El Senado subrayó que, al igual que ocurre en otros organismos públicos, las labores de auditoría se desarrollan conforme a las atribuciones que la ley entrega al Comité, las cuales se orientan a la revisión de antecedentes, documentación de respaldo, rendiciones y procedimientos asociados al gasto de recursos provenientes de asignaciones parlamentarias. El Comité de Auditoría es, por tanto, el encargado de fiscalizar el correcto uso de los fondos públicos del Congreso y emite informes anuales que pueden ser consultados en el sitio web institucional del Senado.
COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LA PROBIDAD
El comunicado finaliza reafirmando el compromiso del Senado con la probidad, la transparencia y el fortalecimiento continuo de los mecanismos de control que resguardan el adecuado uso de los recursos públicos, dentro del ámbito de competencias que la legislación vigente establece para cada institución. Esta declaración busca responder a las críticas y dudas surgidas en la opinión pública respecto de la capacidad efectiva de los órganos fiscalizadores internos del Congreso para detectar y prevenir eventuales irregularidades.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
