La prisión preventiva, medida cautelar excepcional, puede causar daños irreparables cuando se aplica sin el debido respeto a la presunción de inocencia. El caso de Nardy Ribera, difundido en un reportaje de Canal 13 reproducido en el canal de YouTube de la Defensoría Penal Pública, es una clara muestra de ello. Ribera, ciudadana boliviana, estuvo siete meses privada de libertad acusada de tráfico de drogas, pese a que los análisis oficiales descartaron la presencia de sustancias ilícitas.
Ribera llegó a Chile hace catorce años en busca de oportunidades. En 2016 viajó a Bolivia para visitar a sus padres. Antes de regresar, una amiga le pidió que trajera tres potes de crema de queratina, más baratos en ese país. Al ingresar a Chile por el paso aduanero de Loa, fue detenida en la madrugada. Un narcotest de campo arrojó positivo a cocaína, por lo que fue formalizada por microtráfico e ingresó a prisión preventiva en la cárcel de Alto Hospicio.
La imputada sostuvo que la crema pertenecía a una amiga de Tocopilla y que solo había hecho un favor, pero sus explicaciones no fueron escuchadas. El caso se manejó con un prejuicio frecuente en la zona norte, donde mujeres jóvenes son habitualmente detenidas por microtráfico. Ese sesgo habría influido en la decisión de mantener la medida cautelar.
Tres meses después, el Instituto de Salud Pública (ISP) emitió los resultados de los análisis: los potes contenían solo queratina, sin rastro de droga. A pesar de ello, Ribera siguió presa. No fue hasta que el fiscal titular de la causa, tras recibir un llamado que le informó que la sustancia incautada no era droga, impulsó una audiencia. En ella, el Ministerio Público solicitó sustituir la prisión preventiva. La decisión se tomó en apenas un minuto con treinta y siete segundos, poniendo fin a siete meses de reclusión. Años después, la causa fue sobreseída definitivamente.
El caso fue asumido por el Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, iniciativa que brinda apoyo legal pro bono a personas que han sufrido privaciones de libertad injustas. Con su asistencia, Ribera presentó una demanda civil contra el Estado por la falla en el servicio de justicia.
La sentencia civil de primera instancia acogió parcialmente la demanda, reconociendo solo el daño moral y fijando una indemnización de diez millones de pesos. Ribera consideró insuficiente ese monto y apeló. La Corte de Apelaciones, al resolver el recurso, aumentó la compensación a treinta y cinco millones de pesos, fundando su decisión en la gravedad de la falla estatal. Según el fallo, se produjeron una serie de errores y situaciones que configuraron una falla del Estado. La causa civil aún no termina, y la afectada estima que la reparación debió ser mayor.
Las consecuencias personales han sido profundas. Ribera continúa viviendo en Tocopilla, pero arrastra el estigma de haber sido acusada de narcotráfico. Le ha sido difícil encontrar trabajo y limpiar su imagen. «Han pasado ya diez años, pero la sociedad te sigue condenando», declaró en el reportaje. Su familia hipotecó la casa en Bolivia para costear los gastos del proceso, y su padre enfermó durante ese período.
El reportaje enfatiza que la prisión preventiva debe ser siempre excepcional y que la presunción de inocencia debe respetarse durante todo el proceso penal. El caso de Nardy Ribera recuerda las graves consecuencias de una privación de libertad injustificada y la importancia de que el Estado cuente con mecanismos para evitar y reparar estos errores.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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