Corte condena a 5 años y un día a acusado por robo con violencia tras agredir a víctima que lo persiguió para recuperar su celular
El tribunal consideró que la violencia ejercida después del apoderamiento del teléfono estuvo al servicio de la apropiación y de la impunidad del hechor, rechazando la tesis defensiva de recalificar el hecho como un simple robo por sorpresa.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto condenatorio en contra de un imputado de nacionalidad colombiana de 25 años, a quien se le atribuyó ser autor del delito consumado de robo con violencia, ocurrido el 30 de septiembre de 2025 en la comuna de Quinta Normal. La sentencia fijó la pena en 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales correspondientes y el pago de las costas de la causa, aunque se eximió al acusado de estas últimas por tratarse de un imputado representado por la Defensoría Penal Pública.
La discusión jurídica central del juicio giró en torno a la calificación de los hechos. Mientras el Ministerio Público sostuvo que se trató de un robo con violencia e intimidación, solicitando una pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, la defensa argumentó que debía calificarse como un robo por sorpresa en concurso con lesiones menos graves y amenazas simples, lo que habría reducido significativamente la condena.
LOS HECHOS PROBADOS
Según la sentencia, el tribunal dio por acreditado que alrededor de las 14:00 horas del día señalado, en calle Vicuña Rozas, el acusado arrebató desde las manos de la víctima un teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy A54. Tras la sustracción, la afectada comenzó a perseguir al imputado por varias cuadras. Al intentar subir a un bus del recorrido J13, el acusado le propinó una patada en el abdomen que la proyectó hacia la calle. Pese a la agresión, la víctima logró ingresar al vehículo, donde el imputado continuó golpeándola con pies y puños en el pecho y estómago. La víctima fue auxiliada por otros pasajeros y por inspectores municipales de Cerro Navia, quienes lograron retener al acusado hasta la llegada de personal de Paz Ciudadana.
LA VIOLENCIA POSTERIOR Y LA UNIDAD DE ACCIÓN
La sala, presidida por la jueza Isabel Espinoza Morales e integrada por los magistrados Pedro Aravena Bouyer y María Alejandra Cuadra Galarce, valoró que la violencia ejercida por el acusado, aunque fue posterior al apoderamiento material del celular, estuvo directamente vinculada a la apropiación y a la búsqueda de impunidad. El tribunal citó el artículo 433 del Código Penal para sostener que la violencia puede tener lugar antes, durante o después de la apropiación, siempre que exista una conexión fáctica y temporal con el hecho.
«La violencia se circunscribió a la apropiación y estuvo dirigida precisamente a concretarla, tratando de impedir la recuperación de la especie por parte de la víctima, acometiendo en su contra para además lograr la impunidad, cuando ya la apropiación estaba concretada», señaló el fallo.
El tribunal desestimó la intimidación solicitada por la fiscalía al no alcanzarse el estándar probatorio del artículo 340 del Código Procesal Penal, ya que solo se contó con la declaración de la víctima sin otros elementos corroborantes.
LA REINCIDENCIA Y LA ATENUANTE DE COLABORACIÓN
En la audiencia de determinación de pena, el Ministerio Público acreditó la agravante de reincidencia específica del artículo 12 N°16 del Código Penal, presentando una sentencia condenatoria previa dictada en agosto de 2024 por el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de robo con violencia e intimidación.
Por su parte, la defensa solicitó el reconocimiento de la atenuante de colaboración sustancial del artículo 11 N°9 del Código Penal, argumentando que el acusado renunció a su derecho a guardar silencio y reconoció tanto la apropiación como el empleo de violencia. El tribunal acogió parcialmente este planteamiento, aunque la sentencia no detalla si la atenuante fue finalmente considerada para modificar la pena.
La fiscalía se opuso a dicha atenuante, señalando que la declaración del imputado fue un intento de evadir su responsabilidad penal buscando una recalificación del delito.
LA PENA Y SUS CONSECUENCIAS
Finalmente, el tribunal impuso una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, muy por debajo de los 15 años solicitados por el Ministerio Público. La sentencia también ordenó las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, así como la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, conforme al artículo 28 del Código Penal.
La defensa había solicitado que se eximiera al acusado del pago de las costas por haber sido representado por la Defensoría Penal Pública, petición que fue acogida por el tribunal.
El fallo representa un nuevo criterio jurisprudencial sobre el tratamiento de la violencia ejercida después de la sustracción, reafirmando la doctrina de la Corte Suprema que considera la violencia posterior como parte de una unidad de acción siempre que esté al servicio de la apropiación o la impunidad.
Rol N° 2501381515-4, Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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