Deuda reestructurada de empresas en insolvencia se triplica en primer semestre
La magnitud de los pasivos renegociados mediante acuerdos de reorganización judicial se disparó durante el primer semestre, alcanzando los 243 mil millones de pesos. Esto representa un incremento del 216% en comparación con los 77 mil millones registrados en igual período del año anterior, según el vigésimo Reporte de Insolvencia de Chile (RIC) elaborado por la consultora Fix Partners Advisors.
El alza en los montos ocurrió en un contexto de menor cantidad de solicitudes concursales. Entre enero y marzo se registraron nueve casos, mientras que entre abril y junio solo cuatro empresas se acogieron a un Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ). Pese a esta caída en el número de procesos, la deuda total reestructurada en el segundo trimestre creció un 27,9%, llegando a 136.400 millones de pesos.
La deuda promedio reestructurada durante el trimestre abril-junio alcanzó los 34 mil millones de pesos. Esta cifra representa un incremento del 209% en comparación con los 11 mil millones registrados en el primer trimestre.
Ernesto Solís, socio de Fix Partners Advisors, señaló que la deuda promedio subió porque hay menos casos, pero son más grandes, correspondientes a empresas de mayor tamaño. Precisó que durante este período entraron más compañías grandes a reestructuración que el año anterior, lo que distorsionó al alza los promedios del mercado.
Los procesos que concentraron el mayor volumen financiero fueron los de Hacienda Chada S.A. con un pasivo de 86.400 millones de pesos, Núcleo Salud SpA con 23.200 millones de pesos e Importadora Helico Limitada con 19.500 millones de pesos.
SECTORES VULNERABLES
El informe detalló que el riesgo se concentró abruptamente en dos rubros. Un 68,7% de los pasivos reestructurados provino exclusivamente de empresas del sector Agrícola y Forestal, acumulando 93.700 millones de pesos. Sin embargo, es el sector Salud el que levanta mayores alertas operativas, acaparando el 31,3% restante con compromisos repactados por 42.700 millones de pesos.
Solís explicó que el sector salud está muy apretado, incluyendo isapres, clínicas y proveedores. Afirmó que el problema tiene un origen financiero vinculado al aparato estatal, señalando que un gran porcentaje lo mueve Fonasa, que no paga o paga atrasado, generando crisis que se trasladan a los proveedores.
Esto explicaría por qué actores como Núcleo Salud e Importadora Helico debieron recurrir con urgencia a la justicia concursal.
BARRERAS NORMATIVAS
El proceso de reestructuración corporativa en Chile enfrenta importantes trabas normativas e institucionales. Solís reconoció que los bancos están relativamente disponibles para reestructurar cuando el ciclo económico no es favorable, pero existen herencias de la pandemia que asfixian a las empresas.
Uno de esos herencias son los créditos Fogape. Solís calificó este instrumento como un salvavidas de plomo, ya que si bien prestó plata barata, las condiciones de reestructuración impuestas por Corfo resultaron muy desfavorables. La banca prefiere cobrar la garantía estatal antes que renegociar plazos viables.
A esto se suma la rigidez del ordenamiento jurídico chileno en materias de contratos de leasing o arriendos, los cuales no son reestructurables de forma unilateral como ocurre bajo la normativa estadounidense.
Solís también advirtió sobre el alto costo laboral de los despidos. Reveló que muchas veces las empresas deben finiquitar personas durante las reestructuraciones pero no cuentan con recursos para ello, lo que finalmente las lleva a la liquidación.
A nivel institucional, el experto cuestionó la actual acefalía en el ente regulador de estos procesos. Señaló que no hay superintendente titular y cuestionó la prioridad del gobierno en no apurar el nombramiento para ayudar a las empresas.
PROYECCIONES
Solís anticipó que el horizonte macroeconómico no ofrece un respiro inmediato para el sector corporativo. Aunque actualmente se observa una alta prevalencia de reestructuraciones privadas donde las empresas negocian sin llegar a tribunales, el nivel de agotamiento de caja sugiere que muchas terminarán en la vía legal.
Pronosticó que durante el segundo semestre y el primer semestre del próximo año aumentarán los casos de ARJ, porque muchas compañías que intentan reestructuraciones privadas terminarán en la justicia concursal.
El experto sostuvo que el año 2027 no será muy bueno, excepto en casos de insolvencia, y que la recuperación económica recién podría comenzar a verse a fines de 2027 o inicios de 2028, dejando en claro que el ciclo de estrés corporativo en el país aún está lejos de terminar.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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