CORTE DE SANTIAGO RECHAZA RECLAMO DE SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN POR CONFUSIÓN EN ENVÍO DE CORREOS A LA SUPERINTENDENCIA
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por un Servicio Local de Educación Pública en contra de una resolución del Fiscal de la Superintendencia de Educación que confirmó una sanción de privación parcial y temporal de la subvención general de un 3% por dos meses. El tribunal determinó que el vicio de procedimiento alegado por el sostenedor, fundado en el envío erróneo de un correo electrónico, es de exclusiva responsabilidad del propio reclamante.
El fallo, dictado el 20 de julio de 2026, descartó las alegaciones de vulneración al debido proceso, falta de motivación e incongruencia del acto administrativo, confirmando la legalidad de la sanción aplicada al establecimiento educacional.
En el procedimiento sancionatorio, la entidad sostenedora no presentó descargos dentro del plazo legal, según se certificó con fecha 27 de agosto de 2024, hecho que resulta central en el desarrollo del proceso.
ANTECEDENTES DEL CASO Y SANCIÓN IMPUGNADA
El origen de la controversia se remonta a una fiscalización realizada al establecimiento educacional, tras la cual se formuló un cargo único por no exhibir libros de clases en formato físico o digital para verificar el plan de estudio y horas asignadas a cada docente. Con fecha 16 de octubre de 2024, el Director Regional Metropolitano de la Superintendencia de Educación aprobó el proceso sancionatorio y aplicó la sanción de privación parcial y temporal de la subvención general de un 3% por el lapso de dos meses.
En sede administrativa, el sostenedor interpuso una reclamación que fue rechazada por el Fiscal de la Superintendencia de Educación mediante la Resolución Exenta PA N° 000844, de 20 de abril de 2026, resolución que fue la que finalmente se impugnó ante la Corte de Apelaciones.
EL ERROR DE LOS TRES CORREOS Y LA ALEGACIÓN DE VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO
La reclamante sostuvo que existió un vicio esencial de procedimiento que vulneró su derecho a defensa. Según su relato, el 8 de noviembre de 2024 a las 10:27 horas remitió desde su casilla electrónica un correo con el recurso de reclamación idóneo y sus documentos adjuntos. A las 11:10 horas del mismo día, por error, envió un segundo correo adjuntando un recurso de invalidación correspondiente a otra causa y, al percatarse del yerro, a las 11:46 horas envió una tercera comunicación solicitando dejar sin efecto este último correo.
La autoridad administrativa, sin embargo, resolvió la reclamación ignorando el primer correo válido y pronunciándose sobre las alegaciones del correo enviado por error. Para la actora, ello desatendió sus verdaderos descargos y el principio de no formalización consagrado en el artículo 13 de la Ley N° 19.880.
La Superintendencia de Educación, en su informe, descartó cualquier infracción al debido proceso y atribuyó la confusión procesal a la exclusiva responsabilidad del sostenedor, quien actuó de manera desprolija al remitir tres correos sucesivos y contradictorios, enviando instrucciones incompatibles y adjuntando antecedentes referidos a procedimientos diversos.
LA CORTE DESCARTA EL VICIO DE PROCEDIMIENTO Y LA FALTA DE MOTIVACIÓN
La Cuarta Sala consideró que el análisis del procedimiento permite descartar cualquier contravención a las normas del debido proceso, ya que las resoluciones fueron expedidas luego de la sustanciación regular del proceso sancionatorio, en el que se brindó a la entidad fiscalizada todas las instancias de defensa y alegación que prevé el ordenamiento.
El tribunal razonó que, si bien el artículo 13 de la Ley N° 19.880 consagra el principio de no formalización, ello no puede significar que se exima a los administrados de satisfacer ritualidades mínimas que permitan una tramitación ordenada. La sentencia subraya que enviar tres correos electrónicos en menos de una hora y media con información contradictoria hace que el reproche sea dirigible únicamente al reclamante, quien evidentemente actuó de modo desprolijo y no puede pretender que las consecuencias de esa falta de cuidado se deban a la rigidez de la Administración.
En cuanto a la falta de motivación, la Corte advirtió que tanto la resolución del Fiscal como la del Director Regional Metropolitano expresan suficientemente las razones que justifican las decisiones, satisfaciendo las exigencias de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.
PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN Y PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
El fallo también descartó las alegaciones de incongruencia, señalando que la potestad de fiscalización de la Superintendencia no puede entenderse limitada al hecho circunstancialmente denunciado. Si con motivo de la investigación de un suceso se advierte otro que también queda sujeto a fiscalización, la fiscalización puede extenderse a aquél sin contravención al principio de congruencia.
Respecto a la proporcionalidad, la Corte recordó que el artículo 73 letra c) de la Ley N° 20.529 permite la privación temporal de la subvención, total o parcial, la que no podrá exceder de 12 meses. En este contexto, la privación del 3% por dos meses se ajusta a la regla legal, no impresiona como desmedida y resultó ser más benigna que la multa de 60 UTM propuesta originalmente por la fiscal instructora, sanción que fue morigerada al ponderarse una atenuante.
En definitiva, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo deducido por el Servicio Local de Educación Pública, confirmando íntegramente las resoluciones impugnadas.
Rol N° 687-2026, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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