La Justicia dejó sin efecto una multa aplicada por la Superintendencia de Educación a la Fundación Educacional Padre Alberto Hurtado, tras la cancelación de la ceremonia de licenciatura de cuartos medios en uno de sus establecimientos. El caso, que llegó hasta la Corte Suprema, giró en torno a la naturaleza jurídica de la medida adoptada por el colegio: sanción disciplinaria o acto preventivo frente a episodios de violencia escolar.
CONTEXTO DEL CONFLICTO
La controversia se originó luego de que el establecimiento suspendiera la licenciatura de sus estudiantes de cuartos medios. La decisión fue motivada por graves hechos de violencia ocurridos en el recinto educacional, atribuidos a alumnos. Para la Superintendencia de Educación, esa determinación constituía una medida disciplinaria y, ante un protocolo interno insuficiente, se aplicó una sanción económica contra la sostenedora: una multa de 56 UTM.
La Fundación Educacional Padre Alberto Hurtado impugnó la resolución administrativa ante los tribunales de justicia. Su argumento central fue que la cancelación de la ceremonia no tuvo un carácter punitivo, sino preventivo, orientado a resguardar a la comunidad educativa ante el clima de violencia registrado.
RECLAMO DE ILEGALIDAD
La sostenedora presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Chillán, mecanismo contemplado para impugnar las decisiones de la Superintendencia de Educación. En el fallo, dictado el 3 de junio del año en curso, la Corte acogió las alegaciones del colegio y dejó sin efecto la multa.
El tribunal razonó que la medida dispuesta en su oportunidad no fue una sanción, sino un acto de prevención en resguardo de toda la comunidad educativa. De esta forma, la Corte validó la lectura que la propia fundación había sostenido desde el inicio del conflicto: la licenciatura se canceló para anticiparse a eventuales riesgos, y no como castigo por las conductas de los estudiantes.
CONFIRMACIÓN DEL MÁXIMO TRIBUNAL
Posteriormente, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones. El máximo tribunal analizó los cargos formulados por la Superintendencia y concluyó que el reglamento interno del establecimiento contenía garantías suficientes para resguardar al estudiante. Además, determinó que la cancelación de la licenciatura constituyó una medida preventiva aplicable a todos por igual.
El fallo también destacó que la reclamante activó el protocolo Aula Segura ante los hechos de violencia, lo que desestimó los argumentos de la autoridad educacional. Con ello, la multa quedó definitivamente sin efecto.
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PREVENTIVAS
Uno de los puntos centrales del debate fue la distinción entre medidas disciplinarias y medidas preventivas en el ámbito escolar. Según se explicó en el análisis del caso, las medidas disciplinarias buscan atribuir responsabilidad a un estudiante que ha cometido una infracción a las normas del reglamento interno. En cambio, las medidas preventivas no persiguen castigar ni responsabilizar a nadie, sino evitar un riesgo que pueda afectar derechos de la comunidad educativa, como la integridad física o psíquica de sus miembros.
Esa distinción resultó clave para la resolución del conflicto. Mientras la Superintendencia calificó la cancelación de la licenciatura como una sanción encubierta, los tribunales entendieron que la medida respondió a un contexto de violencia que hacía necesario adoptar una acción de resguardo colectivo.
MARCO LEGAL APLICABLE
La Ley N° 20.529 regula el procedimiento de reclamo en contra de las resoluciones de la Superintendencia. Conforme a esa normativa, los afectados pueden reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente dentro de un plazo de 15 días contados desde la notificación de la resolución.
En este caso, la fundación educacional ejerció oportunamente esa vía y logró revertir la sanción en sede judicial. El pronunciamiento de la Corte Suprema cierra una discusión que releva la importancia de distinguir correctamente entre la potestad sancionadora de la autoridad y las facultades de gestión preventiva de los establecimientos educacionales.
La protección de la comunidad educativa y la activación del protocolo Aula Segura fueron determinantes para que la justicia acogiera la postura de la sostenedora.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
