Tribunal Constitucional acoge requerimiento del SEA y declara inaplicables los vocablos «definitiva» y «definitivas» en causa por caducidad de RCA en Aysén
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental en contra de los vocablos «definitiva» y «definitivas» contenidos en el artículo 26 de la Ley N° 20.600 y en los artículos 766 y 767 del Código de Procedimiento Civil. La decisión, adoptada en Pleno con fecha 30 de abril de 2026, fecha en que se verificó la vista de la causa y se adoptó el acuerdo, permite que la Corte Suprema conozca el fondo de los recursos de casación deducidos por el servicio en el marco de una controversia por la caducidad de una Resolución de Calificación Ambiental de un proyecto salmonero en la región de Aysén. El fallo fue dictado con posterioridad, el 18 de junio de 2026.
El conflicto se origina en la reclamación judicial presentada por una empresa titular del proyecto de centro de cultivo de salmónidos «Proyecto X», emplazado en el mar al suroeste de la comuna de Aysén. La solicitud de concesión acuícola fue ingresada a Sernapesca el año 2005, y el proyecto fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el año 2010, obteniendo una calificación ambiental favorable mediante Resolución Exenta N° 259/2011, de fecha 2011, de la Comisión de Evaluación de Aysén. La tramitación de la concesión acuícola necesaria para iniciar las obras estuvo legalmente suspendida entre abril de 2010 y abril de 2020. Pese a ello, el SEA declaró la caducidad de la RCA en 2024 mediante Resolución Exenta N° 20249911597, decisión que fue reclamada ante el Tercer Tribunal Ambiental.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL AMBIENTAL Y LA GESTIÓN PENDIENTE
El Tribunal Ambiental acogió la reclamación de la empresa mediante sentencia R N° 458-2024, dejando sin efecto las resoluciones del SEA y concediendo un nuevo plazo de cinco años para que el titular acreditara el inicio de ejecución del proyecto. La decisión se fundó en que la falta de gestiones útiles no podía atribuirse a la inacción o negligencia del titular, toda vez que la obtención de la concesión estaba legalmente impedida durante el período.
En contra de esa sentencia, el SEA dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, ingresados bajo el Rol N° 17.907-2025. Vistos por la Corte, la causa quedó en acuerdo con ministro redactor designado, lo que el requirente interpretó como un indicio de que se declararían inadmisibles los recursos por estimarse que la sentencia no era definitiva, siguiendo una línea jurisprudencial aplicada en casos similares.
LOS ARGUMENTOS DEL REQUERIMIENTO
El SEA sostuvo que la aplicación de los vocablos impugnados generaba una asimetría injustificada entre las partes del proceso: si la sentencia del Tribunal Ambiental hubiera rechazado la reclamación y confirmado la caducidad, el titular del proyecto habría podido deducir recursos de casación; al haberla acogido, el servicio queda sin recurso procesal alguno. Ello, a su juicio, vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, el deber de inexcusabilidad y el contenido esencial de los derechos.
La autoridad administrativa argumentó además que la sentencia del Tribunal Ambiental no ordenaba retrotraer el procedimiento administrativo ni dictar un nuevo acto, pues simplemente anulaba la caducidad y fijaba un nuevo plazo. En ese sentido, se diferenciaba estructuralmente de otros fallos donde la Corte Suprema había declarado inadmisibles recursos de casación por tratarse de sentencias que dejaban abierto un procedimiento administrativo.
LOS ARGUMENTOS DE LA EMPRESA
La empresa requerida formuló observaciones al requerimiento, sosteniendo que la sentencia del Tribunal Ambiental sí constituye una sentencia definitiva y que, por tanto, no se configuraba el presupuesto que fundaba la acción. Distinguió el caso de autos de aquellos en que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles recursos de casación, pues en aquellos procedimientos sancionatorios o de evaluación ambiental los tribunales habían anulado el acto y ordenado dictar uno nuevo.
La empresa planteó además que los vocablos impugnados no tendrían aplicación decisiva en la gestión pendiente, pues existían otras causales de inadmisibilidad ajenas a la calificación de la sentencia como definitiva o no. También argumentó que el conflicto era de mera legalidad y no de constitucionalidad, invocando jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional en la causa Rol N° 15.666-24.
LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El Tribunal Constitucional examinó la jurisprudencia citada por el requirente, correspondiente a las causas roles N° 248.419-2023, N° 251.034-2023, N° 3.762-2024, N° 49.545-2024 y N° 61.461-2024, todas de la Corte Suprema. De su revisión se advierte que ninguno de esos casos refiere a caducidad de RCA y que todos requieren de la realización de actos administrativos posteriores a la sentencia de los tribunales ambientales.
El Pleno consideró que la caducidad es un mecanismo anormal de pérdida de vigencia de un acto administrativo y que la consecuencia de la sentencia que deja sin efecto una resolución que la declara se traduce en que el titular mantiene vigente la resolución aprobatoria. A diferencia de otros fallos, la sentencia en cuestión no ordena retrotraer un procedimiento administrativo ni dictar una nueva resolución.
El fallo tuvo en cuenta también la existencia de un proyecto de ley en tramitación, el Boletín N° 16.204-12, que propone eliminar el vocablo «definitiva» del artículo 26 de la Ley N° 20.600 y ampliar la procedencia de la casación a todas las sentencias de los Tribunales Ambientales, con independencia de si acogen o rechazan la reclamación.
Rol N° 17.062-2025, Tribunal Constitucional de Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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