La controversia por las cifras de robos violentos en Chile sumó este viernes un nuevo capítulo institucional. El ministro subrogante del Interior, Máximo Pavez, salió en defensa de los datos entregados por el Presidente José Antonio Kast en su cadena nacional, luego de que el expresidente Gabriel Boric republicara en sus redes sociales una publicación que calificaba como falso ese balance. La discusión no solo remece la agenda de seguridad, sino que plantea una pregunta clave para el mundo jurídico: qué valor tienen las estadísticas oficiales en el debate público y qué mecanismos existen para impugnarlas.
El origen del conflicto fue una publicación del portal Fast Check, compartida por el exmandatario, en la que se afirmaba que “en 2025 hubo 69.777 robos violentos, no 218.000 como afirmó el Presidente Kast”. La vocería de Pavez en La Moneda se transformó así en una suerte de respuesta indirecta a esa difusión, aunque el propio ministro subrogante se limitó a señalar que el gobierno no se pronuncia sobre los reposteos del expresidente.
EL GOBIERNO NO SE PRONUNCIA SOBRE REPOSTEOS
Ante la consulta de la prensa, Pavez fue categórico: el gobierno no se pronuncia respecto de los resposteos del expresidente de la República ni de ninguno de sus ministros de Estado. Con esa declaración, el jefe de gabinete subrogante desmarcó al Ejecutivo de una polémica que, sin embargo, él mismo se encargó de contextualizar con cifras.
El ministro sostuvo que lo relevante es la forma en que el Estado, a través del gobierno del Presidente José Antonio Kast, está enfrentando el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia. En ese marco, consideró necesario precisar las estadísticas, recordando que fue el Ministerio de Seguridad el que ya había entregado una explicación técnica sobre los números.
LAS CIFRAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA SUMA CUESTIONADA
Pavez desmenuzó los datos provenientes de la subsecretaría de Prevención del Delito para demostrar que la cifra mencionada por el jefe de Estado es consistente. Según explicó, al sumar los delitos contra la vida o la integridad de las personas, que alcanzan 97 mil y fracción, los robos con violencia o intimidación, con 61 mil y fracción, el robo violento de vehículos motorizados, con 8 mil y fracción, el robo por sorpresa, con 39 mil y fracción, y los delitos asociados a armas, el total se acerca a 220 mil delitos.
Con esa operación aritmética, el ministro subrogante buscó reforzar la tesis presidencial: cuando se habla de robos y delitos violentos en su conjunto, la suma de las categorías oficiales arroja un margen similar al señalado por Kast. En su lectura, la precisión es dable y cualquier ciudadano puede recurrir a la Contraloría General de la República si considera que las cifras merecen una revisión, siempre que lo haga en términos respetuosos.
EL ALCANCE JURÍDICO DE LA DISCUSIÓN
La referencia a la Contraloría no es casual. Pavez señaló que cualquier ciudadano puede recurrir a ese organismo para lo que estime conveniente, siempre que lo haga en términos respetuosos, y aclaró que se trata de una atribución que todos tenemos.
La defensa de las cifras presidenciales se produce en un contexto de alta tensión política por la seguridad pública. La cadena nacional de Kast había generado un intenso debate, y la intervención de Boric en redes sociales volvió a instalar el tema en el centro de la discusión pública. Con todo, la estrategia comunicacional del gobierno optó por no entrar en una guerra de declaraciones con el expresidente y concentró su respuesta en el plano de los datos oficiales.
La vocería de Pavez, en ese sentido, tuvo un doble objetivo: reafirmar la coherencia de la información entregada por el Presidente y, al mismo tiempo, dejar constancia de que el Ejecutivo considera agotada la explicación técnica. La mención al Ministerio de Seguridad refuerza esa postura, al remitir la revisión de las cifras a la instancia especializada creada para abordar estas materias.
El episodio deja en evidencia la relevancia que han adquirido las estadísticas oficiales como insumo del debate político y, a la vez, la necesidad de que las reparticiones públicas sustenten sus afirmaciones con datos verificables. Así lo hizo Pavez al desglosar las cifras de la subsecretaría de Prevención del Delito, en un intento por respaldar con números la afirmación del Presidente Kast.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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