Una nueva arista en la discusión sobre el uso de la fuerza policial en Chile ha puesto el foco en las sanciones penales que pueden enfrentar los funcionarios que cometan apremios ilegítimos. Un grupo de diputadas y diputados comunistas impulsa una iniciativa que no solo busca derogar parcialmente la Ley Nain-Retamal, sino que también plantea aumentar el piso de las penas para los policías que incurran en estas conductas. La propuesta, presentada en junio pasado, refuerza el debate sobre los límites de la legítima defensa privilegiada y los estándares de protección de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico chileno.
EL PROYECTO Y SU CONTEXTO
La iniciativa forma parte de un paquete de dos proyectos de ley presentados por legisladores del Partido Comunista, ambos dirigidos a modificar aspectos centrales de la Ley Nain-Retamal. Esta ley, que regula el uso de la fuerza por parte de las policías, ha sido objeto de controversia desde su entrada en vigencia, especialmente por la figura de la legítima defensa privilegiada, que otorga a los funcionarios una protección especial cuando utilizan sus armas en el ejercicio de sus funciones.
El primer proyecto fue ingresado en enero pasado y lleva, entre otras, las firmas de las diputadas comunistas Nathalie Castillo y Lorena Pizarro. Esa iniciativa se enfoca en eliminar esa protección privilegiada para los efectivos policiales. El segundo, de junio, comparte el mismo objetivo, pero suma un elemento adicional que ha captado la atención del mundo jurídico: el aumento del piso penal para los casos de apremios ilegítimos.
LAS DOS INICIATIVAS
Ambos proyectos buscan derogar parcialmente la Ley Nain-Retamal, pero el segundo, presentado en junio, cuenta con un respaldo más amplio. Además de Castillo y Pizarro, lo firman los diputados comunistas Luis Cuello, Bernardo Salinas y Sofía González, junto al diputado Jaime Bassa, de FA.
La discusión se da en un escenario político donde las posiciones sobre el accionar policial están fuertemente marcadas. Desde la bancada del Partido Socialista hasta la del Partido Republicano, diputados de diversas colectividades ya han manifestado su rechazo a ambas propuestas en su momento.
AUMENTO DE PENAS POR APREMIOS
El punto más novedoso de la propuesta de junio es el que modifica el régimen de sanciones para los funcionarios que cometan apremios ilegítimos que no constituyan tortura. El texto plantea castigar al funcionario público que, abusando de su cargo o de sus funciones, aplique, ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, siempre que esas conductas no alcancen a configurar el delito de tortura.
La redacción propuesta eleva el estándar punitivo actual, al establecer un piso más alto para las penas aplicables a estos casos.
RECHAZO TRANSVERSAL
Pese a la relevancia de la discusión, las iniciativas han encontrado un muro en el Congreso. Legisladores de distintas sensibilidades políticas, tanto de la centroizquierda como de la derecha, han expresado su oposición a derogar la legítima defensa privilegiada, que protege a los policías cuando usan sus armas en el ejercicio de sus funciones.
El rechazo no solo proviene de sectores afines al Gobierno o a la oposición tradicional, sino que también incluye a partidos que suelen ser aliados en otras materias.
La discusión sobre la Ley Nain-Retamal y sus eventuales reformas sigue abierta, y con ella el desafío de equilibrar la protección de los derechos de los ciudadanos con las facultades necesarias para que las fuerzas de orden cumplan su labor. El aumento del piso punitivo para los apremios ilegítimos es solo una de las aristas de un debate mayor sobre el modelo de seguridad pública que Chile quiere adoptar.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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