Corte de Apelaciones de Santiago rebaja multa e indemnizaciones en caso de robo en estacionamiento de centro comercial
La Decimotercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente un recurso de apelación presentado por una sociedad proveedora de estacionamientos, rebajando la multa impuesta y los montos indemnizatorios que deberá pagar a un consumidor cuyo vehículo fue objeto de un ilícito en sus dependencias. El tribunal de alzada modificó la sentencia del Primer Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, que había acogido la denuncia por infracción a la Ley N° 19.496 y la demanda civil de indemnización de perjuicios.
El fallo de segunda instancia, dictado el cinco de agosto de dos mil veintiséis, confirmó la sentencia apelada de veinte de junio de dos mil veintidós, pero con declaraciones que reducen significativamente las condenas. En lo infraccional, se mantuvo la sanción a la demandada por infracción a los artículos 3° y 23 de la Ley N° 19.496, pero la multa fue rebajada a cinco unidades tributarias mensuales. En el ámbito civil, el daño emergente fue tasado en $70.000, en lugar de los $1.394.000 originales, y el daño moral en $200.000, rebajado desde los $500.000 fijados en primera instancia. Además, se determinó que los intereses corrientes se devengarán desde que el deudor se constituya en mora.
El caso se originó cuando un consumidor denunció que, mientras su vehículo se encontraba estacionado en las dependencias de la empresa, fue víctima de un ilícito que incluyó la destrucción del vidrio de la puerta trasera y la sustracción de especies de su interior. El actor presentó una denuncia infraccional y una demanda civil, argumentando negligencia del proveedor en la prestación del servicio de estacionamiento.
La sociedad demandada apeló, argumentando que no existían pruebas suficientes para acreditar la infracción, que su actuar había sido diligente y que los documentos presentados por el actor no demostraban que las especies sustraídas se encontraran en el vehículo al momento del siniestro. En subsidio, solicitó la rebaja de la multa y de los montos indemnizatorios.
ANÁLISIS DE LA PRUEBA Y DAÑO EMERGENTE
La Corte razonó que la relación de consumo entre las partes y el ilícito se encontraban acreditados con la boleta de compras, la fotografía del vehículo y el parte policial. Sin embargo, en cuanto al daño emergente, el tribunal señaló que la guía de despacho y las facturas electrónicas acompañadas por el demandante solo daban cuenta de la adquisición de las especies en años anteriores, pero no permitían acreditar que dichos bienes se encontraran al interior del automóvil al momento del siniestro.
En ese sentido, la Corte hizo referencia al artículo 14 de la ley N° 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y que exige al juez apreciar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, expresando las razones jurídicas, lógicas, científicas o técnicas en cuya virtud les asigna valor o las desestima. El tribunal concluyó que la sentencia de primer grado no cumplía con esta exigencia, pues no explicaba por qué esos documentos permitían acreditar que los bienes estaban en el vehículo.
Por ello, la Corte determinó que el daño emergente solo podía comprender el costo del cambio del vidrio roto, que sí se encontraba suficientemente acreditado con las fotografías del automóvil, el parte policial y el documento de valorización del recambio, fijando ese concepto en $70.000.
DAÑO MORAL Y MORA
En cuanto al daño moral, la Corte recordó que su naturaleza impone severas restricciones probatorias y que, por tanto, solo puede ser inferido a través de presunciones judiciales. Con la prueba rendida, especialmente la fotografía y el parte policial, el tribunal consideró acreditado que el actor fue víctima de un delito y sufrió un perjuicio, lo que da lugar a la indemnización por daño moral, cuyo monto fue rebajado prudencialmente a $200.000.
Respecto a los intereses, la Corte accedió a la petición de la demandada y estableció que estos se devengarán desde que el deudor sea constituido en mora, una vez ejecutoriada la sentencia definitiva, y no desde la notificación del fallo como había resuelto el tribunal de primer grado.
La decisión en materia de intereses fue acordada contra el voto del abogado integrante Adelio Misseroni Raddatz, quien discrepó y sostuvo que los intereses debían correr desde la notificación de la demanda, por aplicación del artículo 1551 N° 3 del Código Civil, argumentando que la sentencia que se pronuncia sobre una pretensión indemnizatoria es declarativa y no constitutiva del derecho.
LA SENTENCIA
El fallo fue pronunciado por la Decimotercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra Carolina Vásquez Acevedo e integrada por la fiscal judicial Carla Troncoso Bustamante y el abogado integrante Adelio Misseroni Raddatz, quien además tuvo a su cargo la redacción del fallo.
Rol N°2549-2023, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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