La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó este lunes, en general, el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos e incivilidades. La iniciativa, que ha concitado un fuerte rechazo en sectores de la oposición, contempla un listado de 33 actos que podrían motivar la inclusión de una persona en el registro y un catálogo de 15 sanciones asociadas.
El resultado de la votación fue de siete votos a favor, cinco en contra y una abstención. La aprobación se produjo en una sesión marcada por la controversia, tanto por el contenido del proyecto como por la ausencia de los ministros del Interior y de Seguridad, que habían sido convocados a la instancia y que finalmente no asistieron.
La instancia parlamentaria, encargada de analizar las materias de seguridad ciudadana, continuó así con el estudio de un proyecto que el Ejecutivo ha impulsado con suma urgencia, pero que ha generado divisiones entre las fuerzas políticas representadas en la comisión. Los votos en contra y la abstención reflejan el clima de cuestionamientos que rodea a la iniciativa.
LAS CLAVES DEL PROYECTO
El texto aprobado establece, por el momento, un total de 33 actos que llevarían a una persona a formar parte del Registro Nacional de Vándalos. Esa nómina de conductas se complementa con un total de 15 sanciones posibles, las que incluyen la pérdida de la gratuidad educacional y de la Pensión Garantizada Universal, conocida como PGU.
Se trata de consecuencias que impactan directamente en beneficios sociales de amplia cobertura, lo que ha generado preocupación entre los legisladores. El diseño de la iniciativa apunta a sancionar conductas que van desde la participación en actos de violencia hasta otras consideradas incivilidades.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Desde la oposición, el principal reparo apunta a que la iniciativa aplicaría un doble castigo sobre las personas que ya han sido sancionadas por la justicia. Bajo esa mirada, la pérdida de beneficios como la gratuidad o la PGU se sumaría a la condena penal, lo que consideran improcedente.
Ese argumento fue planteado de manera reiterada durante el debate por los parlamentarios que votaron en contra. Para ellos, el proyecto castiga dos veces la misma conducta.
A pesar de esas objeciones, la iniciativa logró ser aprobada en general.
AUSENCIA DE LOS MINISTROS
La sesión contaba con la expectativa de recibir a los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau, pero ambos excusaron su asistencia debido a conflictos de agenda. Esa situación renovó las críticas de la oposición, que cuestionó la falta de compromiso del Ejecutivo con la tramitación del proyecto.
La presencia de las autoridades era considerada clave para dar sustento a la iniciativa y para responder las dudas planteadas por los legisladores, entre ellas las relacionadas con la resolución del Tribunal Constitucional. Su ausencia fue interpretada por algunos parlamentarios como una señal de que el proyecto no cuenta con el respaldo necesario.
Incluso se llegó a señalar que el proyecto carece de un padre dentro del gabinete, al no estar presentes ni el ministro de Seguridad ni el ministro del Interior. Esa expresión fue utilizada por uno de los diputados para graficar la falta de liderazgo del Ejecutivo en esta materia.
BLOQUEO AL SUBSECRETARIO
En representación del Ejecutivo llegó hasta la comisión el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Sin embargo, su ingreso no fue autorizado, luego de que la diputada Tatiana Urrutia, del Frente Amplio, no entregara la unanimidad requerida para tal efecto.
Urrutia justificó su decisión señalando que no entendía por qué el Ejecutivo impulsa la discusión con suma urgencia si los ministros no pueden asistir a defender su proyecto. Agregó que se habían formulado preguntas sobre qué ocurriría con la resolución del Tribunal Constitucional, conocida ya esa instancia, pero que aún no se contaba con antecedentes al respecto.
La legisladora también recordó que los ministros habían comparecido con anterioridad ante la comisión y que, pese a ello, no se tenían respuestas a las interrogantes planteadas. Esa falta de información, dijo, justificaba su decisión de no permitir el ingreso del subsecretario.
REACCIONES DE LOS PARLAMENTARIOS
La decisión de Urrutia fue criticada por el diputado Enrique Bassaletti, independiente de Republicanos, quien cuestionó que se argumente que no hay diálogo sobre el proyecto cuando no se permite la participación del subsecretario. Bassaletti recordó que en otras oportunidades se ha otorgado la unanimidad o el consentimiento para la comparecencia de autoridades, y destacó que Pavez es la persona con mayor conocimiento técnico sobre la materia.
En tanto, el diputado Jaime Araya, independiente del PPD, afirmó tras la sesión que el proyecto no tiene padre, en referencia a la ausencia del ministro de Seguridad y del ministro del Interior. Araya señaló que la falta de presencia del Ejecutivo en la tramitación da cuenta de que se trata de un proyecto malo, que no sirve y que no resuelve los problemas del país.
PLAZO PARA INDICACIONES
Pese a la controversia, la comisión adoptó una nueva decisión en la misma jornada. Por ocho votos a favor y cinco en contra, se aprobó establecer como plazo para recibir indicaciones el 21 de agosto hasta las 12:00 horas.
Con ello, el proyecto abre un período para que los parlamentarios presenten modificaciones antes de continuar con su tramitación. El Registro Nacional de Vándalos e incivilidades seguirá así su curso en la Cámara de Diputados, con un debate que de momento muestra profundas divisiones entre las fuerzas políticas.
El resultado de esta votación y el plazo fijado determinan el ritmo de la discusión. Las indicaciones que se presenten podrán alterar aspectos centrales del proyecto, como el listado de actos que configuran las conductas sancionadas y el catálogo de castigos asociados.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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