Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua rechaza tutela laboral de trabajadora social contra Municipalidad de Graneros
Una trabajadora social que se desempeñó a honorarios en la Municipalidad de Graneros durante casi diez años vio rechazada su denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales. El Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua concluyó que los episodios relatados por la actora, pese a ser extensos, no configuran una conducta inconstitucional del empleador municipal. La sentencia fue dictada el 10 de agosto de 2026.
LA DENUNCIA
La profesional ingresó en marzo de 2016 a la Dirección de Desarrollo Comunal (DIDECO) del municipio, en el programa de Apoyos Familiares Integrales financiado con fondos FOSIS. Tras su postnatal, se reincorporó el 2 de mayo de 2025 a la Unidad de Intervención Familiar. Poco después, informó a sus jefaturas sobre retrasos y dificultades estructurales que afectaban los procesos de intervención, y propuso una estrategia de trabajo que, según dijo, se vio entorpecida por errores en el sistema de información de los programas.
Durante junio y julio de 2025, la actora aseguró que advirtió en mesas técnicas que varias familias no habían recibido atención profesional efectiva y que otras solo habían tenido contacto para firmar documentación. Según su relato, la situación generó un clima de presión indebida, con exigencias aceleradas e incongruentes con el trabajo en terreno. En una reunión de julio, una jefatura habría alzado la voz y advertido que de los resultados dependían las evaluaciones de desempeño y la continuidad laboral, lo que la denunciante interpretó como una amenaza directa.
La trabajadora social acudió a la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, donde se inició el proceso investigativo interno de folio E85783/2025, que seguía en curso durante el juicio. Desde entonces, señaló, sufrió angustia y afectación en su integridad psíquica y en su dignidad como trabajadora.
El relato incluyó otros episodios: el ofrecimiento de una jefatura que se habría condicionado a un aumento de ingresos de al menos 200.000 pesos y que nunca prosperó; la denegación de un permiso por el fallecimiento de una colega y amiga cercana; una evaluación semestral con bajas calificaciones que apeló sin obtener una respuesta técnica clara, y un error en la nómina de renovación de honorarios que la dejaba contratada por un mes, corregido luego como un error de registro.
LA DEFENSA
El municipio pidió el rechazo de la denuncia. Sostuvo que lo relatado no eran actos unilaterales lesivos ni discriminación, sino decisiones propias del empleador y del devenir del trabajo. Alegó que no existía un solo hecho, ni siquiera indicios, que dieran cuenta de una vulneración de derechos fundamentales.
El tribunal compartió esa lectura. Señaló que las discrepancias de criterio entre funcionarios son parte de la dinámica normal de un trabajo en equipo; que la asignación de tareas sujetas a plazos breves es propia de un trabajo eficiente en una institución pública; que no acceder a un aumento de sueldo no implica discriminación cuando se trata de fondos públicos, y que la evaluación fue rectificada parcialmente a favor de la actora. Agregó que el malentendido sobre la renovación se corrigió de inmediato y que la denegación del permiso por duelo, aunque explica el malestar emocional, no afecta ningún derecho adquirido.
EL VALOR DE LA PRUEBA TESTIMONIAL
El fallo consideró que los testigos presentados por la denunciante tenían importantes falencias cualitativas. Dos de ellos habían trabajado en el municipio hasta 2024 y una tercera hasta 2019, lo que generaba una desconexión temporal con los hechos. Todos reconocieron que conocieron los hechos por lo que la propia actora les había contado, es decir, se trataba de testigos de oídas. Además, uno de los temas centrales de sus declaraciones, el supuesto aislamiento, no aparecía en el libelo de la demanda.
El tribunal también relevó que la denuncia mencionaba a varias personas que habrían presenciado los hechos, como jefaturas y otros funcionarios, pero ninguna fue ofrecida como testigo. En cuanto al daño emocional denunciado, no se acompañaron boletas de atención psicológica o psiquiátrica ni comprobantes de tratamiento. Uno de los propios testigos afirmó que la actora no recibía tratamiento.
Por el contrario, el director de la DIDECO, testigo de la defensa, negó haber presenciado vulneración alguna. Declaró que, cuando un programa se cerró, el municipio reubicó a las trabajadoras sociales para evitar su desvinculación, lo que para el juez descartó indicios de represalias.
LA DECISIÓN
El tribunal rechazó la denuncia y no hizo efectivo el apercibimiento solicitado por la parte demandante respecto de la exhibición documental, por tratarse de una facultad privativa y no estimarlo necesario a la luz de la prueba rendida. Tampoco condenó en costas a la trabajadora social, por tener motivo plausible para litigar.
La sentencia fue dictada por el juez destinado del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, y el registro de audio de la audiencia quedó a disposición de las partes.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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