El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado contra el artículo 370 del Código Procesal Penal, en el marco de una querella vinculada a una licitación de cámaras corporales para Carabineros. La decisión, adoptada por el Pleno el 27 de mayo de 2026, descarta que la norma impugnada configure un “cerrojo recursivo” que impida la revisión de una decisión judicial y concluye que el conflicto planteado corresponde a un asunto de mera legalidad que debe ser resuelto por la justicia ordinaria.
La acción fue interpuesta por la querellante en el proceso penal RIT N° 8809-2020, seguido ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La requirente buscaba impugnar la decisión de ese tribunal que declaró inadmisible su recurso de apelación contra la resolución que rechazó un incidente de nulidad y tuvo por comunicada la decisión de la Fiscalía de no perseverar en el procedimiento.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La gestión pendiente se remonta a 2019, cuando la Subsecretaría de Prevención del Delito inició un proceso de contratación para adquirir 300 cámaras corporales para Carabineros. La adjudicación, ocurrida el 11 de marzo de 2020, fue impugnada por la requirente mediante recursos administrativos, los que fueron rechazados. Con fecha 30 de junio de 2020, la querellante presentó una querella criminal por los delitos de prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Durante la investigación, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte realizó diversas diligencias, entre ellas la incorporación de un informe de la Contraloría General de la República que detectó anomalías en la adjudicación. Pese a ello, no se formalizó la investigación. En enero de 2024, el Juzgado de Garantía ordenó a la Fiscalía formalizar en un plazo de 120 días, orden que no fue cumplida. En julio de 2025, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar.
EL ARGUMENTO DE LA REQUIRENTE
La actora sostuvo que el artículo 370 del Código Procesal Penal, en la interpretación realizada por el juez de garantía, se convirtió en un “verdadero cerrojo recursivo” que impide toda revisión superior. Alegó que la resolución que rechazó su incidente de nulidad ponía término al procedimiento, haciendo imposible su prosecución y dejando firme la decisión de no perseverar, por lo que debía ser apelable conforme a la letra a) del precepto.
La requirente argumentó que la aplicación del artículo 370 vulneraba su derecho a un procedimiento racional y justo, la igualdad ante la ley y el principio de unidad jurisdiccional. Además, invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el derecho al recurso, y destacó que el caso era distinto a otros previamente fallados por el Tribunal Constitucional en los Roles 16086 y 16241, pues aquí existía una orden judicial previa de formalizar que habría sido desobedecida.
LA POSICIÓN DE LOS REQUERIDOS
Tanto la requerida como el Ministerio Público solicitaron el rechazo del requerimiento. Sostuvieron que el conflicto era un asunto de mera legalidad relativo a la naturaleza de la resolución impugnada y que la requirente no había cuestionado el artículo 352 del Código Procesal Penal, que establece que las resoluciones solo pueden recurrirse por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley.
El Ministerio Público agregó que la inaplicabilidad del artículo 370 no generaría el surgimiento de un recurso como el pretendido, y que el derecho al recurso consagrado en tratados internacionales se refiere a la sentencia que establece la culpabilidad del acusado, situación que no ocurría en la especie.
LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO
El Tribunal Constitucional consideró que la gestión pendiente recae en un recurso de hecho presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá resolver si las resoluciones controvertidas son apelables conforme a la norma impugnada. La Magistratura concluyó que se trata de un tema de mera legalidad que trasunta de la contradicción argumentativa desarrollada por la asesoría profesional de la querellante en ambas competencias.
El fallo descartó que el artículo 370 constituya un “verdadero candado recursivo” o una “denegación de justicia”, como argumentaba la requirente. El Pleno resolvió rechazar el requerimiento, alzar la suspensión del procedimiento decretada y no condenar en costas a la parte requirente por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
La sentencia fue redactada por el Ministro Mario Gómez Montoya y pronunciada por el Pleno del Tribunal, integrado por su Presidenta, Ministra María Pía Silva Gallinato, y los Ministros Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, Miguel Ángel Fernández González, Raúl Eduardo Mera Muñoz, Catalina Adriana Lagos Tschorne, Héctor Mery Romero, Alejandra Precht Rorris y Mario René Gómez Montoya.
Rol N° 17.187-2025, Tribunal Constitucional.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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