El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que buscaba dejar sin efecto la prohibición de alegar el abandono del procedimiento en materia laboral. La decisión, adoptada por la mayoría del Pleno, ratificó la validez constitucional de la frase contenida en el artículo 429 del Código del Trabajo, aunque contó con un importante sector disidente que estuvo por acoger la acción. El caso se originó en una ejecución laboral que permaneció archivada por más de diez años, tiempo en el cual la deuda original se triplicó.
La gestión pendiente se remonta a una demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones, acogida por el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano en la causa Rol 149-2004. Tras múltiples paralizaciones y archivos, en junio de 2023 los autos fueron remitidos al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción. Frente a la inactividad procesal extendida entre enero de 2013 y junio de 2023, la parte ejecutada dedujo un incidente de abandono del procedimiento, el cual fue rechazado por el tribunal de cobranza con base en los principios de oficialidad y celeridad del proceso laboral. La apelación de esa resolución se encuentra pendiente ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE REQUIRENTE
La requirente, en su calidad de ejecutada, sostuvo que la aplicación del precepto impugnado vulneraba la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo, y la seguridad jurídica. En su libelo argumentó que la norma establecía un trato procesal desfavorable para los demandados laborales, al impedirles solicitar el abandono incluso frente a una inactividad extrema, beneficiando al ejecutante que dejó el proceso detenido por más de una década.
El escrito detalló que la deuda original, fijada en $4.431.810, supera hoy los $15.000.000, lo que evidencia un incremento desproporcionado derivado del paso del tiempo. Además, la requirente advirtió que el tribunal ha continuado dictando resoluciones que ejecutan compulsivamente el crédito, incluso con apremios personales, pese a encontrarse pendiente el recurso de apelación sobre el rechazo del abandono.
Fundó su alegato de dilación indebida en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También cuestionó la paradoja de que el tribunal haya omitido su deber de impulsar el proceso durante más de diez años, sin que la parte ejecutada pudiera oponer el abandono por la prohibición del precepto.
LA POSTURA DEL REQUERIDO Y LA TRAMITACIÓN
Al hacerse parte, el ejecutante planteó que la requirente omitió exponer que fue notificada de varias resoluciones entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, por lo que, incluso si el abandono fuera procedente, el derecho a impetrarlo habría precluido. En cuanto al fondo, defendió la norma impugnada señalando que se ajusta al principio protector del derecho del trabajo y a la asimetría estructural entre empleador y trabajador.
El requerimiento fue declarado admisible en enero de 2026 y la vista de la causa se verificó en sesión de Pleno el 3 de junio de 2026. No se efectuaron presentaciones por parte de los órganos constitucionales interesados.
LA DECISIÓN DE LA MAYORÍA Y LA JURISPRUDENCIA PREVIA
La mayoría del Tribunal Constitucional rechazó la acción, invocando una jurisprudencia uniforme en causas análogas. Recordó que la Constitución no impone un modelo único de debido proceso y que el legislador tiene margen para diseñar procedimientos racionales que atiendan a la naturaleza de cada uno. El proceso laboral, señaló, se ha estructurado sobre bases distintas al civil, reconociendo la asimetría entre empleador y trabajador, con principios como la celeridad, la inmediación y la desformalización.
El fallo precisó que el abandono del procedimiento no es la única forma de evitar la dilación, pues existen el impulso de oficio, los plazos fatales, la caducidad y la prescripción. En la fase de ejecución laboral, las particularidades se intensifican, pues existe un título ejecutivo con una suma líquida y determinada, lo que justifica restringir el debate y excluir el abandono. La exclusión tiene una finalidad legítima: garantizar la igualdad ante la ley, la protección del trabajador y la seguridad social.
Además, la mayoría advirtió que acoger el requerimiento equivaldría a crear una regla procesal y adoptar un rol de legislador que escapa a sus competencias. Recalcó que la resolución que rechazó el incidente se basó en el impulso procesal de oficio, consagrado en el artículo 429 y en el artículo 463 del Código del Trabajo, normas que no fueron impugnadas. En consecuencia, la declaración de inaplicabilidad no tendría el efecto buscado, pues no atacaría la premisa central del razonamiento del juez de fondo.
LA DISIDENCIA QUE ESTUVO POR ACOGER
Cuatro ministros estuvieron por acoger el requerimiento. Para ellos, la prohibición de alegar el abandono del procedimiento resulta incoherente con la pronta y cumplida administración de justicia exigida por la Constitución. Sostuvieron que si el impulso procesal de oficio es un deber, su quebrantamiento debe acarrear consecuencias procesales relevantes.
La disidencia descartó que acoger la acción implicara actuar como legislador positivo, recordando que el artículo 153 del Código de Procedimiento Civil permite al ejecutado solicitar el abandono del procedimiento en los juicios ejecutivos, después de ejecutoriada la sentencia definitiva y con un plazo de tres años. En este caso, la paralización superó ampliamente dicho estándar, se explicó.
El fallo, redactado por la ministra Daniela Marzi, con la disidencia a cargo del ministro Héctor Mery Romero, no condenó en costas a la parte requirente por estimar que tuvo motivo plausible para litigar. Con esta decisión, se alzó la suspensión del procedimiento que había sido decretada.
Rol N° 17.245-2025, Tribunal Constitucional.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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