REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACOGE CONTROL JUDICIAL PARA QUERELLANTE EN INVESTIGACIÓN POR TORTURA Y RECHAZA OBJECIÓN A FORMALIZACIÓN
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado en el marco de una investigación penal por el delito de tortura cometido en contexto de la crisis social de octubre de 2019. La decisión, adoptada el 30 de mayo de 2026, permite que el querellante active el mecanismo de control judicial previsto en el artículo 186 del Código Procesal Penal, pese a que la investigación no ha sido formalizada. En cambio, la impugnación dirigida contra el artículo 230 del mismo cuerpo legal fue rechazada por unanimidad.
La gestión pendiente corresponde al proceso RIT N° 2473-2019, RUC N° 1910064697-0, seguido ante el Juzgado de Garantía de Talca. Los hechos investigados ocurrieron el 22 de octubre de 2019 en la localidad de Laja, comuna de Laja, en el contexto del estado de excepción constitucional decretado con ocasión de la crisis social de ese período. Se imputa a funcionarios de Carabineros de Chile la comisión del delito de tortura, tipificado en el artículo 150 A del Código Penal, en perjuicio de dos personas que fueron detenidas en la vía pública, trasladadas a dependencias policiales y sometidas a actos de violencia física y psicológica de especial gravedad, incluyendo golpes, asfixia, inmovilización forzada y tratos degradantes, siendo posteriormente abandonadas sin asistencia en un lugar apartado.
EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL Y LA INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA
La requirente sostuvo que el Ministerio Público comunicó en reiteradas oportunidades su decisión de no perseverar en la investigación, fundándose en la insuficiencia de antecedentes. Estas decisiones fueron impugnadas, y la Corte de Apelaciones de Talca ordenó la reapertura de la investigación en cuatro oportunidades. Pese a ello, la fiscalía persistió en no formalizar la investigación, generando una paralización de facto de la acción penal.
El 22 de diciembre de 2025, el querellante solicitó una audiencia para ejercer el mecanismo de control judicial de la investigación previsto en el artículo 186 del Código Procesal Penal. La solicitud fue rechazada sobre la base de una interpretación restrictiva del precepto, según la cual solo el imputado podría considerarse afectado por una investigación no formalizada.
La acción se dirigió contra el artículo 186, en la frase «que se considerare afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente», y contra el artículo 230 inciso primero, en la frase «El fiscal podrá formalizar la investigación cuando considerare oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial».
ACOGIDA DEL ARTÍCULO 186: DERECHO A TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
La mayoría del Tribunal sostuvo que la aplicación consolidada del artículo 186, en el sentido de limitar el mecanismo al imputado, produce en el caso concreto efectos contrarios al artículo 19 N° 3 de la Constitución. El fallo argumenta que el debido proceso y la actividad de investigación del Ministerio Público no pueden entenderse desconectadas.
El Tribunal destacó que el Ministerio Público tiene también como función proteger a la víctima, lo que incluye, en casos de violaciones de derechos humanos, otorgar al querellante que actúa bajo el mandato de protección de derechos humanos la posibilidad de activar el mecanismo del artículo 186. Esto no supone imponer al fiscal una obligación de formalizar ni de acusar, ni implica valorar anticipadamente el mérito de la investigación.
El fallo precisó que el deber de investigar hechos que puedan constituir vulneraciones de derechos humanos es más estricto cuando estos hayan sido atribuidos a agentes del Estado, por su posición de garante. Citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio.
RECHAZO DEL ARTÍCULO 230: DISCRECIONALIDAD DEL FISCAL
En cuanto al artículo 230, el Tribunal rechazó por unanimidad la impugnación. La requirente sostenía que la facultad del fiscal para formalizar cuando lo estime oportuno configura un margen de discrecionalidad que impide avanzar en el proceso. Sin embargo, el Ministerio Público argumentó que la formalización constituye un acto propio de la dirección de la investigación, cuya oportunidad corresponde determinar al fiscal en atención a los antecedentes del caso.
El Tribunal consideró que el precepto no resulta decisivo en la gestión pendiente, toda vez que la investigación se encuentra actualmente cerrada, de modo que la norma no se encuentra en condiciones de ser aplicada en el estado procesal actual. Cualquier eventual aplicación futura constituye una hipótesis meramente eventual e incierta, lo que impide satisfacer el requisito de decisividad exigido para la procedencia de la acción.
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público solicitó el rechazo del requerimiento. Respecto del artículo 186, sostuvo que el requerimiento carece de fundamento, pues la propia parte requirente ha intentado ejercer el mecanismo previsto en dicha norma, lo que demuestra que el precepto no le resulta impeditivo, sino habilitante. Afirmó que la acción se dirige contra una determinada interpretación del precepto, materia que corresponde a los tribunales de la instancia.
En cuanto al artículo 230, señaló que la facultad de formalizar forma parte de las atribuciones exclusivas del Ministerio Público en su calidad de órgano constitucional autónomo encargado de dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, conforme al artículo 83 de la Constitución.
EFECTOS DE LA DECISIÓN
La declaración de inaplicabilidad tiene efectos acotados a la gestión pendiente. El fallo precisó que el querellante no queda en una posición más desventajosa que la actual. El ordenamiento procesal penal contempla mecanismos suficientes para resguardar la información de la investigación frente a terceros, como el secreto de las actuaciones establecido en el artículo 182 del Código Procesal Penal.
La audiencia en que se debatiría la solicitud del artículo 186 se realizaría conjuntamente con la discusión sobre la reapertura de la investigación y la comunicación de cierre de la misma. En la vista de la causa, celebrada el 20 de abril de 2026, alegaron los abogados Felipe González, por la parte requirente, y José Miguel Jaque, por el Ministerio Público.
Rol 17.279-2026, Tribunal Constitucional de Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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