En la décima jornada de formalización del caso Sartor, el fiscal Juan Pablo Araya inició el período de réplica a las defensas con una batería de evidencia documental que apunta directamente contra los hermanos Larraín Mery y el resto de los altos ejecutivos imputados por el fraude que dejó un agujero financiero de más de 50 mil millones de pesos.
La audiencia, que se desarrolla ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, reúne a once imputados, y el tribunal ya ha resuelto las medidas cautelares de la gran mayoría de ellos, quedando pendiente la discusión de cuatro casos.
La lista de formalizados la integran Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador de Sartor Group; Alfredo Harz Castro, Michael Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García y Carlos Larraín Mery, todos exdirectores y ejecutivos de la AGF; además de Sergio Yáñez Astete y Hugo Baranda, ligados al factoring Emprender Capital, empresa vinculada al grupo Sartor.
Aún falta resolver la situación de Pedro Pablo Larraín, fundador del grupo; su hermano Carlos Larraín, socio de Sartor; Rodrigo Bustamante, exgerente de Sartor Wealth Management, y Sergio Yáñez, exdueño de ECapital.
LA ESTRATEGIA DE LA FISCALÍA
El fiscal Araya insistió en que la cabeza operativa del esquema fraudulento era dirigida por su controlador, Pedro Pablo Larraín Mery. Ante la defensa que sostenía que no firmaba documentos operativos, el persecutor proyectó múltiples prolongaciones de créditos a empresas relacionadas que contaban con su rúbrica directa.
De esta forma, el Ministerio Público busca derribar la tesis del desconocimiento que ha sido el principal eje de las defensas. La evidencia exhibida incluye correos electrónicos, actas de directorio y pagarés presentados durante la intervención del fiscal.
Otro punto central fue el perjuicio económico. Araya desestimó el argumento de un supuesto beneficio para los fondos administrados por Sartor AGF. Según el persecutor, la administración prefirió aplicar constantes prórrogas frente a una inminente insolvencia, lo que provocó que la deuda creciera de forma exponencial.
El resultado fue un agujero financiero que superó los 50.451 millones de pesos. Esa sola operación concentra más del 25% del total de los perjuicios imputados en toda la causa.
EL MECANISMO DEL VIGENTEO
La Fiscalía además explicó cómo se consolidó el desfalco: al importar hacia el grupo Sartor el mecanismo del vigenteo utilizado previamente en Emprender Capital. Para el Ministerio Público, esa transferencia de malas prácticas resulta lógica, porque ejecutivos clave que operaban en esa empresa, como el gerente Juan Carlos Jorquera, también habían migrado hacia Sartor.
LA SITUACIÓN DE CARLOS LARRAÍN
Uno de los focos de la Fiscalía fue refutar la estrategia de distanciamiento de los hermanos Larraín Mery. Respecto de Carlos Larraín, el fiscal desestimó que su renuncia al directorio de la AGF en 2021 significara su salida de las operaciones.
Por el contrario, Araya demostró que continuó como director en la matriz y como asesor remunerado. Para acreditarlo, exhibió pagarés de la sociedad Danke que llevaban su firma.
La cita del fiscal fue contundente: lo que sostenemos es que la propia declaración del imputado, prestada a la Fiscalía, reconoce que se desempeñó como asesor de Sartor AGF y director en Asesoría e Inversiones Sartor. Y agregó: aquí hay un cambio de traje, de etiqueta: sale del directorio de Sartor, pero sigue como director en la matriz y continúa como asesor en la AGF.
EL ROL DE LA CORTE SUPREMA
Durante su alocución, Araya también se refirió al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal la primera revocación de existencia de Sartor AGF por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), del 20 de diciembre de 2024.
El máximo tribunal revocó la autorización de existencia de facto, pero mantuvo la vigencia de todas las otras resoluciones. El fiscal anticipó que las defensas intentarán usar este fallo para alterar o desnaturalizar el caso y la existencia de los perjuicios.
Sin embargo, descartó esa alegación: no tiene ningún fundamento en la práctica, porque la Corte Suprema también dictó otras dos resoluciones que ratifican los otros actos administrativos de la CMF, relativos a la suspensión de los aportes, y que incluso fueron rechazados con costas.
El tribunal aún debe definir las últimas medidas cautelares que siguen pendientes.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
