En una audiencia pública celebrada el 10 de julio de 2026, la Corte Suprema otorgó el título de abogado a un grupo de postulantes que prestaron juramento ante el pleno del tribunal.
La ceremonia se realizó con la asistencia de ministras y ministros de la Corte Suprema, junto a familiares y amigos de los nuevos profesionales, quienes acompañaron a las licenciadas y licenciados en la jornada.
Conforme al artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, la audiencia tuvo por objeto otorgar la investidura tras el juramento o promesa de rigor. Los asistentes se pusieron de pie mientras el secretario tomaba la fórmula a dos grupos de licenciadas y licenciados, quienes asumieron el compromiso de ejercer la profesión con lealtad y honradez. Declarados formalmente investidos, los nuevos abogados recibieron el reconocimiento y las felicitaciones de la Corte.
Luego, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chévez y Ruiz, tomó la palabra para dirigirse a la audiencia. Comenzó destacando la doble trascendencia del acto: para los postulantes, que sellaron un pacto con la sociedad, y para la comunidad, que incorpora nuevos colaboradores a la función de impartir justicia. También subrayó el valor simbólico de la ceremonia y la exigencia de integridad que impone el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, que obliga a desempeñar la profesión con lealtad y honradez, así como con prudencia, buena fe y probidad.
LIBERTAD DE PRENSA Y POSTVERDAD
En su discurso, la magistrada advirtió sobre los tiempos de la postverdad, en que la verdad se ha convertido en un campo de disputa y los hechos compiten con las emociones. En ese escenario, relevó la importancia de la libertad de prensa como condición básica de la democracia, amparada por el artículo 19, número 12, de la Constitución, que asegura la libertad de opinión e información sin censura previa. Precisó que opinar e informar son cosas distintas: informar supone un compromiso con la veracidad de los hechos, y la responsabilidad posterior es el límite frente a los abusos.
La presidenta también se refirió a la influencia de los medios y las redes sociales en los procesos judiciales. Hoy una controversia puede tener expediente, audiencia y sentencia, pero también un hilo en redes sociales, un matinal o un podcast. Ante ello, advirtió que la justicia no puede administrarse por aplausómetro ni la verdad procesal puede depender del volumen del micrófono. Si bien una prensa libre cumple un rol fiscalizador indispensable, los abogados deben evitar ganar en pantalla lo que aún no se ha ganado en el juicio, y deben resguardar siempre el secreto profesional y la presunción de inocencia.
En cuanto a los jueces, recordó el artículo séptimo del Código de Ética Judicial, que exige imparcialidad y ausencia de prejuicios. La judicatura no puede convertirse en celebridad de las causas que conoce ni anticipar opiniones, pero eso no implica aislamiento: los jueces viven en sociedad y tienen convicciones, pero deben saber reconocer aquello que puede inclinar su ánimo. La imparcialidad, dijo, no consiste en no haber vivido, sino en saber que la propia vida no puede decidir el destino procesal de los demás.
EL DESAFÍO DE LA ABOGACÍA
Finalmente, la presidenta instó a los nuevos abogados a defender la libertad de prensa cuando esta incomoda y a exigir responsabilidad cuando se abuse de ella. Sostuvo que la democracia no se construye callando a la prensa ni reemplazando los tribunales por titulares. Los invitó a contribuir a una cultura pública donde la información sea rigurosa y la crítica legítima, y a recordar que el derecho comienza cuando el ruido se transforma en razón. Les deseó que sus palabras sean firmes y libres, pero nunca irresponsables.
Tras la alocución, el secretario declaró cumplido el motivo de la ceremonia y dio por terminada la audiencia, deseando un buen día a los presentes.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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