Gobierno solicita la renuncia al delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, después de que la Contraloría Regional de Atacama acreditara que mantenía una ocupación ilegal de un inmueble fiscal en el sector de Portofino, comuna de Chañaral. La medida fue informada mediante un comunicado del Ministerio del Interior y constituye un nuevo episodio de salidas en el Ejecutivo vinculado a estándares de probidad administrativa. El pronunciamiento del organismo fiscalizador determinó que la conducta de la autoridad vulneraba el principio de probidad, lo que activó tanto la salida del cargo como un procedimiento disciplinario en su contra.
La decisión se conoció luego de que la Contraloría Regional de Atacama emitiera un pronunciamiento fechado el 7 de agosto, originado en una denuncia realizada bajo reserva de identidad respecto de un inmueble fiscal ubicado en Portofino. Según los antecedentes recabados por la Seremi de Bienes Nacionales, un catastro realizado en 2019 ya había constatado que Urrejola mantenía una ocupación irregular en el lugar. La situación volvió a ser verificada durante una fiscalización en terreno realizada el 2 de junio de este año, lo que confirmó la persistencia de la ocupación.
En su comunicado, el Gobierno señaló que la probidad, el irrestricto respeto a la legalidad y la ética pública constituyen valores intransigibles y que el actuar de todos los funcionarios y representantes gubernamentales debe ajustarse siempre a los más altos estándares de transparencia que la ciudadanía exige. Con esa base, se solicitó la renuncia al delegado, quien deberá dejar sus funciones en la provincia.
LA OCUPACIÓN Y SUS ANTECEDENTES
El inmueble en cuestión corresponde a una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados, cercada y con una construcción de material ligero. Bienes Nacionales estimó que la ocupación se extendía por cerca de 16 años, tiempo durante el cual el terreno fiscal habría sido utilizado de manera irregular.
El organismo también informó que, debido a sus actuales funciones, Urrejola residía en la ciudad de Chañaral y frecuentaba el inmueble durante los fines de semana. A partir de esos antecedentes, la Contraloría Regional de Atacama concluyó que la ocupación ilegal resultaba especialmente relevante, considerando que, en su calidad de delegado presidencial provincial, Urrejola contaba con atribuciones legales vinculadas a la fiscalización de bienes fiscales y a requerir su restitución.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y DESALOJO
Como consecuencia del pronunciamiento, la Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de la autoridad. El organismo pidió además que se informe sobre el avance de esas diligencias en un plazo de 10 días hábiles.
Paralelamente, la Seremi de Bienes Nacionales deberá iniciar las gestiones para poner término a la ocupación ilegal, ordenar el desalojo del inmueble fiscal y efectuar el cobro correspondiente por el período en que el terreno fue utilizado irregularmente. Esta última gestión implica determinar el monto a pagar por los años de ocupación, según los antecedentes que maneja la repartición.
La misma Seremi ya había informado en junio de la situación a la delegada presidencial regional de Atacama para que se adoptaran las medidas correspondientes.
SUBROGANCIA EN EL CARGO
La subrogancia quedó radicada, de acuerdo con el decreto correspondiente, en el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, Fernando Flores Fredes, quien asumirá la continuidad de las funciones mientras el nivel central define a la nueva autoridad.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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