La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la nieta de una víctima de la Caravana de la Muerte contra el Consejo para la Transparencia. La decisión valida la derivación que el Ejército de Chile hizo de una solicitud de acceso a información sobre causas militares de 1973, tras acreditarse que los expedientes originales ya no obran en su poder sino en la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La reclamante solicitó en febrero de 2025 copia autenticada de los expedientes de causas castrenses en tiempos de guerra iniciadas entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 ante el Primer Juzgado Militar de Antofagasta, en particular la causa Rol N 349 del año 1973. El Ejército respondió que esos antecedentes fueron remitidos al Poder Judicial y derivó el requerimiento, lo que motivó el amparo luego rechazado por el Consejo.
La Cuarta Sala del tribunal de alzada consideró que el Ejército no alegó incompetencia, sino que se encontró en la hipótesis legal de no poseer los documentos solicitados. El fallo sostiene que el actuar del organismo castrense y del Consejo se ajustó a la legalidad vigente, aunque reconoce que la derivación no parece haber sido la vía más directa y expedita para la requirente.
EL CASO Y LA DERIVACIÓN DE LA SOLICITUD
La requirente presentó el 21 de febrero de 2025 una solicitud de acceso a la información ante el Ejército de Chile, requiriendo copia de los expedientes de causas castrenses en tiempos de guerra iniciadas entre septiembre y diciembre de 1973 ante el Primer Juzgado Militar de Antofagasta, en particular la causa Rol N 349 del año 1973. Los antecedentes estaban en el Archivo General del Ejército.
El Ejército respondió que las causas fueron remitidas y se encuentran en poder de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. En consecuencia, derivó la solicitud al Poder Judicial conforme al artículo 13 de la Ley N 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. Ante esa respuesta, la peticionaria dedujo el 17 de marzo de 2025 un amparo en contra del Ejército, fundado en haber recibido una respuesta negativa.
El organismo castrense evacuó sus descargos mediante Oficio N 6800/53063, de 19 de mayo de 2025, reiterando que las causas fueron remitidas en original a la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que no existen copias en su poder. Acompañó un certificado de búsqueda del Departamento Cultural, Histórico y de Extensión del Ejército que da cuenta de que la información no se encuentra archivada en esa repartición.
LA DECISIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
El Consejo para la Transparencia rechazó el amparo mediante la Decisión de Amparo Rol N C2677-25, contenida en el Oficio N E15619, de 1 de julio de 2025. El organismo concluyó que se acreditó que lo pedido no obra en poder del Ejército y que la derivación se ajustó al artículo 13 de la Ley de Transparencia.
En su informe ante la Corte, el Consejo defendió la legalidad de su decisión. Sostuvo que la derivación no dice relación con una cuestión de competencias que requiera debida fundamentación, sino con la situación fáctica de haberse remitido física y originalmente los expedientes a otro órgano. El Ejército acompañó copia del Oficio JEMGE DETLE TP (P) N 6800/2540, de 7 de marzo de 2025, dirigido al Presidente de la Corte Suprema, dando cumplimiento al procedimiento de derivación.
LA SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago analizó si se aplicó correctamente el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Dicha norma establece que cuando el órgano de la Administración requerido no sea competente o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla, informando de ello al peticionario.
El fallo concluyó que en la especie el Ejército no alegó incompetencia, sino que se encontró en la hipótesis de no tener la información requerida, por lo que procedió a enviar el requerimiento al Poder Judicial. La Corte señaló que ese actuar da estricto cumplimiento a la norma, aunque sugirió que la requirente puede dirigir directamente su solicitud a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pues la remisión al Presidente de la Corte Suprema podría tener un resultado más largo y engorroso.
El tribunal agregó que no se trata de una hipótesis de incompetencia infundada ni de una negativa injustificada del órgano requerido. Aun comprendiendo la insatisfacción de la requirente con la derivación, la información eventualmente se encuentra disponible y la peticionaria tiene todo el derecho a dirigir su solicitud ante el órgano que la detenta. El hecho de que la vía no fuera la más directa no resulta imputable al Ejército ni al Consejo.
La sentencia fue redactada por la Ministra señora Paola Díaz Urtubia y pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errazuriz, la Ministra señora Paola Díaz Urtubia y la Abogada Integrante señora Ximena Insuza Corvalán. Se rechazó el reclamo sin costas.
Rol N Contencioso Administrativo-562-2025, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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