Gobierno ingresa al Senado reforma constitucional de seguridad tras lograr respaldo político
El Ejecutivo ingresará esta tarde al Senado el proyecto de reforma constitucional que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), luego de una intensa jornada de negociaciones con los partidos oficialistas para asegurar los respaldos en el proceso legislativo.
La semana pasada circuló un borrador de La Moneda que proponía consagrar la seguridad pública como deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción, fijar regímenes penitenciarios diferenciados y autorizar la colaboración de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Orden. El texto también consideraba eliminar prestaciones estatales en salud, educación, trabajo y seguridad social para condenados por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico, punto que generó los principales reparos.
REPAROS DE LA DERECHA
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió que en las condiciones actuales su partido no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad. En tanto, la presidenta de RN, Andrea Balladares, planteó que la Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que se enfrenta un problema de política pública.
El Presidente José Antonio Kast restó dramatismo a las críticas y aseguró que lo que se ha conocido hasta ahora es solo un borrador. También comprometió el respeto a los derechos humanos y el resguardo de la salud de los reos.
COMITÉ POLÍTICO AMPLIADO
En el comité político ampliado celebrado en La Moneda, los timoneles y representantes de los partidos oficialistas se reunieron y, según trascendía, se habría descartado la eliminación de las prestaciones estatales para los condenados por estos delitos. A la salida de la reunión, Ramírez aseguró que el Gobierno recibirá un amplísimo apoyo y que la UDI está tranquila.
MINISTRO ARRAU EXPLICA LOS TRES EJES
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, detalló que la reforma considera tres elementos clave: incorporar la seguridad pública como mandato constitucional y deber del Estado; crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo con un régimen penitenciario especial; y establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.
Sobre la restricción de beneficios sociales para condenados, Arrau explicó que se requiere un grado de habilitación constitucional para que una ley especial discuta esa posibilidad. La diputada Sara Concha, timonel del PSC, valoró los ejes y destacó que se haya precisado el punto que generaba mayores diferencias respecto del borrador.
DEBATE POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
También hubo cuestionamientos por la eventual intención del Ejecutivo de evitar el control del Tribunal Constitucional. Kast rechazó esa lectura y la calificó de profundamente equivocada y tendenciosa. El diputado Francisco Orrego (RN) señaló que si se establece una norma habilitante a nivel constitucional, el TC no podría fallar en contra de proyectos como la pérdida de la gratuidad.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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