El Gobierno chileno puso cifras a su principal apuesta para revertir la crisis laboral: la ley de Reconstrucción recientemente aprobada por el Congreso. Un documento del Observatorio de Estadios del Ministerio del Interior, difundido por Emol, cuantifica el impacto de la megarreforma y proyecta que el grueso de los empleos llegará con rezago, entre 2029 y 2038.
El diagnóstico que justifica la urgencia es severo. El desempleo nacional se ubicó en 9,4% en julio y la ocupación creció apenas 1% en 2025, en contraste con un PIB que se expandió 2,46%. Es el peor desacople entre crecimiento económico y creación de empleo desde 2014.
CONTEXTO DE CRISIS LABORAL
El mercado del trabajo chileno enfrenta una situación crítica. La tasa de desocupación llegó a 9,4% en julio, mientras la generación de puestos corre a una velocidad muy inferior al crecimiento del producto. Frente a ello, el Gobierno despliega dos frentes: planes de gasto público de corto plazo y una reforma estructural centrada en los incentivos privados.
La ley de Reconstrucción es presentada como la protagonista de la estrategia. Según el informe, reúne tres cambios estructurales: la rebaja del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) de 27% a 23%, un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones y un crédito para empresas exportadoras de servicios basados en el conocimiento.
LA REBAJA DEL IDPC
La rebaja del IDPC es, según el Ejecutivo, la medida individual con mayor potencial de generación de empleo. El cálculo encadena dos parámetros: el de la Comisión Marfán, que fija que cada punto de rebaja del IDPC eleva el PIB en 0,65%, y una elasticidad empleo-producto acotada en un rango de 0,4 a 0,9, para cubrir un escenario conservador y otro optimista.
Con esos supuestos, la rebaja escalonada de cuatro puntos, que se aplicará gradualmente hasta llegar a 23% en 2029, se traduciría en entre 30.500 y 68.700 empleos hacia el término del actual período presidencial. La cifra crece en el largo plazo: si se completa el horizonte de diez años que contempla el Informe de Impacto Regulatorio de Hacienda, el efecto pleno se alcanzaría recién en 2038, con entre 97.700 y 219.800 puestos de trabajo.
LA INVARIABILIDAD TRIBUTARIA
La segunda palanca es el régimen de invariabilidad tributaria para proyectos superiores a US$50 millones, con tramos de 10, 15 y 20 años según el monto invertido. La medida apunta especialmente a la cartera minera, que según Cochilco podría gatillar US$91 mil millones entre 2027 y 2036, con un 63% aún sin iniciar ejecución.
El Gobierno estima que esta medida se traduce en un alza de 1,49 puntos del PIB al 2037 y en entre 7.000 y 15.600 empleos por año en ese período. La lógica es la misma que inspira la rebaja del IDPC: dar certeza para destrabar inversión privada, en este caso respecto de la mantención de las reglas tributarias durante un horizonte prolongado.
EL CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
La tercera medida es un crédito para empresas exportadoras de servicios basados en el conocimiento. El beneficio alcanza hasta 20% de las remuneraciones imponibles en regiones, lo que equivaldría a una rebaja efectiva de 0,38 puntos del IDPC y se asociaría a entre 9.400 y 21.100 empleos en diez años.
LOS PLANES DE CORTO PLAZO
El informe incluye también los instrumentos de más corto plazo, activados en paralelo a la discusión legislativa. El Plan Modo Empleo coordina siete herramientas estatales con un presupuesto de $476.000 millones y compromete 46.321 empleos asalariados directos durante 2026. La mayor parte proviene del subsidio a la contratación del Sence, con 25.000 empleos, y de los subsidios habitacionales del Minvu, con 14.000.
En paralelo, el Plan de Inversiones en Infraestructura Pública, liderado por el MOP y el Ministerio de Transportes, proyecta 246.500 puestos entre 2026 y 2030. De ellos, 180.000 corresponden a los US$15.000 millones que ejecutará el MOP en vialidad, obras hidráulicas, aeropuertos y puertos; 56.500 a nuevas líneas de Metro y obras de EFE; y 10.000 a la reconstrucción de infraestructura dañada por las emergencias climáticas del norte.
Sumados, Modo Empleo e infraestructura pública explican 292.821 de los cerca de 385 mil empleos prometidos por el Gobierno. Es la parte más robusta del paquete, aunque también la más dependiente del gasto público.
EFECTO ESTRUCTURAL DIFERIDO
El propio documento del Observatorio de Estadios del Ministerio del Interior reconoce que esos dos planes movilizan recursos públicos hacia actividades intensivas en mano de obra, pero ninguno modifica las condiciones estructurales bajo las cuales el sector privado decide invertir y contratar. Ese papel queda reservado a las tres medidas tributarias de la ley de Reconstrucción.
Según la apuesta del Ejecutivo, esas medidas debieran sostener la creación de empleo mucho después de que termine el actual gobierno, con el grueso del efecto de la rebaja del IDPC y la invariabilidad tributaria materializándose recién entre 2029 y 2038. La conclusión del informe es que el alivio inmediato depende del gasto público, mientras que la transformación profunda del mercado laboral queda entregada a la inversión privada y a la certeza que esas normas logren generar.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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