
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de protección presentado por la empresa sanitaria que opera el servicio público de agua potable en la ciudad de Porvenir, en contra de los propietarios de un predio en el Cordón Baquedano, comuna de Porvenir, por haber impedido el acceso del personal a las obras de captación que abastecen a esa localidad. El tribunal ordenó a los recurridos cesar todo acto que obstaculice el ingreso de los trabajadores a la captación conocida como Pivcevic, en un plazo de 24 horas desde la dictación de la sentencia.
La acción judicial se originó por el cierre con cadenas, candados y cercos de alambre de los portones que permiten el tránsito hacia el punto de captación de agua. La empresa recurrente sostuvo que ese acceso se ha ejercido de manera continua, pública y pacífica durante más de 30 años, en virtud de una servidumbre perpetua de acueducto y tránsito constituida en 1993 sobre el predio denominado Parcela N° 17, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Porvenir.
El recurso se dirigió en contra de los propietarios del inmueble ubicado en el Cordón Baquedano, comuna de Porvenir.
LA SERVIDUMBRE Y EL DERECHO DE ACCESO
La empresa sanitaria, continuadora legal de la concesionaria original, explicó que la servidumbre fue constituida mediante escritura pública de 25 de enero de 1993, en el marco del proyecto de mejoramiento integral del servicio de agua potable de Porvenir. Esa carga legal obliga al dueño del predio sirviente y a sus sucesores a permitir el acceso de ingenieros, inspectores, supervisores, operarios y demás personal encargado de la operación, conservación y reparación de las obras allí construidas.
En el predio afecto a la servidumbre se encuentra la captación Pivcevic, que opera con derechos de aprovechamiento otorgados por resolución de la Dirección General de Aguas de 1994. La localidad de Porvenir tiene 7.697 habitantes y 2.305 hogares conectados al servicio. El sistema requiere mantención periódica, que incluye el movimiento de válvulas para retirar sedimentos y manejar los aportes de caudal, labores que se han realizado de manera regular y que constan en la bitácora de operación de la planta.
La empresa señaló que cuenta actualmente con otro punto de captación con el que ha logrado mantener el suministro sin perder calidad ni continuidad, pero advirtió que de prolongarse la imposibilidad de revisar y operar la captación Pivcevic, se compromete gravemente la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia. La ciudad de Porvenir, subrayó, es una comunidad aislada geográficamente, cuya población depende exclusivamente de este servicio público concesionado.
LA CONSTATACIÓN NOTARIAL
Con fecha 12 de mayo de 2026, ante la imposibilidad de acceder al predio, la empresa recurrió a un notario público de Porvenir, quien se constituyó en el lugar en compañía de un ingeniero y de un abogado. El notario constató personalmente que los portones que permiten el libre acceso estaban cerrados, que existían cadenas con candados y un cerco con varias hebras de alambre que impedían el paso tanto de personas como de vehículos. De esa diligencia se levantó acta notarial conforme al artículo 439 bis del Código Orgánico de Tribunales.
LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURRIDOS
La defensa de los propietarios del predio solicitó el rechazo íntegro del recurso. Planteó que la recurrente sería una persona jurídica distinta de aquella que figura en el título constitutivo de la servidumbre, sin que se haya acreditado suficientemente la calidad de continuadora legal. Cuestionó además que la servidumbre se refiere a la Parcela N° 17 del Plano dos bis, mientras que la empresa pretende ingresar al Lote Fiscal Tipo B N° 104-136 del Plano N° 2 de la subdivisión de Bahía Felipe y Springhill, sobre el cual no existiría servidumbre constituida.
La parte recurrida sostuvo que no desconoce la existencia de la servidumbre en los términos en que fue constituida, pero que la discrepancia es jurídica y seria, y que su solución corresponde a un procedimiento declarativo y no a un recurso de protección. Agregó que la negativa a reconocer un derecho de tránsito sobre un inmueble respecto del cual no se tiene un derecho real constituido no constituye una conducta ilegal o arbitraria.
LA DECISIÓN DE LA CORTE
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas consideró que resulta un hecho indubitado que se niega el ingreso del personal de la sanitaria al predio por el cual se transitaba para acceder a la obra de captación. El tribunal estimó que esa negativa altera una situación de hecho preexistente, ejercida por más de 30 años, y la calificó como una acción carente de racionalidad y prudencia, propia de una autotutela. La sentencia precisó que esta decisión se adopta sin perjuicio de las materias de lato conocimiento que correspondan.
El fallo acogió el recurso sin costas y ordenó a los recurridos cesar todo acto que impida, obstaculice o condicione el libre acceso del personal de la empresa a las obras de captación Pivcevic, dentro del plazo de 24 horas desde la dictación de la sentencia.
Rol N° 331-2026, Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.



