La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado sesionó el 18 de agosto de 2026 para continuar el estudio de las indicaciones al proyecto de ley que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La sesión, transmitida por TV SENADO CHILE, contó con la exposición de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y de la superintendenta (S), Claudia Pastore.
En la cuenta de la sesión, el secretario informó el ingreso de una carta de la Empresa Nacional del Petróleo en respuesta a un oficio de la comisión sobre una eventual manipulación de datos de cumplimiento ambiental de la refinería de Concón. También se recibió un oficio del Ministerio de Defensa Nacional con el catastro de concesiones acuícolas vigentes al interior de áreas protegidas.
CENTENARIO Y FINANCIAMIENTO
A petición del senador Durreste, la ministra Toledo abrió la jornada con un balance del seminario realizado en la Universidad Católica para conmemorar los 100 años del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. La secretaria de Estado destacó que la conmemoración permitió reconocer de manera transversal el aporte de los expresidentes a la conservación, pero advirtió que la protección de las áreas silvestres no se agota en los decretos: requiere guardaparques, planes de manejo, infraestructura y financiamiento estable.
En esa línea, el presidente de la comisión dio cuenta de una reunión con la fundación Rewalding, sucesora del legado de Douglas Tompkins, para explorar mecanismos de filantropía ambiental y financiamiento privado de los parques nacionales. La ministra, por su parte, anunció que el ministerio postulará a los fondos GEF, que para Chile alcanzan unos 10,4 millones de dólares, con el objetivo de crear un fondo patrimonial destinado íntegramente a biodiversidad.
También se refirió al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que desde marzo de 2027 asumirá la gestión del sistema nacional de áreas protegidas, con el traspaso de las funciones de CONAF y la incorporación de cerca de 500 guardaparques.
AUTODENUNCIA EN EL CENTRO DEL DEBATE
Concluida la presentación, la comisión retomó el análisis del capítulo de autodenuncia, uno de los cinco temas pendientes de la reforma a la regulación de la SMA. La propuesta del Ejecutivo elimina el plazo de 30 días que fijó el primer trámite constitucional y vuelve a la redacción vigente, que no contempla un término expreso. El límite, sostuvo la ministra, sería la prescripción de tres años del artículo 37.
La propuesta gubernamental contempla además rebajas de multa para quien se autodenuncie: exención total en la primera oportunidad, y descuentos de 75% y 50% en la segunda y tercera, sin admitir una cuarta autodenuncia.
El fiscal de la SMA, Bruno Raglianti, precisó que las autodenuncias representan solo el 1,7% de los procedimientos sancionatorios, con 81 casos en la historia del organismo. En cambio, los programas de cumplimiento se utilizan en el 59% de los casos. El fiscal agregó que la Superintendencia tiene cerca de 21.724 unidades fiscalizables y que aproximadamente el 70% de las fiscalizaciones se originan por denuncias. A juicio del fiscal, fijar un plazo reduciría aún más el uso del instrumento, porque resulta difícil acreditar desde cuándo el titular tomó conocimiento de la infracción, especialmente cuando cambian los representantes legales o las gerencias. El senador Durreste, en tanto, ejemplificó las limitaciones del organismo con el caso de Caimanes, donde habría un solo funcionario para toda la provincia del Choapa, y se mostró partidario de mantener un plazo, aunque más extenso. Varios senadores cuestionaron, sin embargo, la conveniencia de un plazo indefinido. El senador Celis advirtió que, si el infractor sabe que difícilmente será fiscalizado, no tendrá incentivo para autodenunciarse. La ministra comparó la autodenuncia con la delación compensada en libre competencia, mientras el senador Durreste matizó esa analogía y observó que en materia ambiental los incumplimientos suelen ser detectables en la línea de producción y no solo por la alta dirección.
ATENUANTE PENAL EN CUESTIÓN
Otro punto de controversia fue el efecto penal de la autodenuncia. La propuesta establece que, si los hechos constituyen alguno de los delitos ambientales del Código Penal o de la ley de delitos económicos, la autodenuncia será considerada una atenuante. La ministra Toledo aclaró que la SMA no calificará la atenuante, sino que la propia ley la establecería.
Durante el debate se objetó que la redacción emplee una fórmula imperativa, como la expresión ‘será considerada’, pues la calificación de una atenuante correspondería al Ministerio Público y a los tribunales. El secretario de la comisión coincidió en que la decisión final recae en los jueces, aunque los antecedentes puedan ponerse a su disposición. En la discusión se citó el artículo 311 sexies del Código Penal como un antecedente normativo que contempla atenuantes y eximentes.
NUEVA REDACCIÓN PARA EL LUNES
Ante la multiplicidad de observaciones, la comisión acordó que el Ejecutivo y los asesores parlamentarios elaboren una nueva redacción del capítulo de autodenuncia que reemplace las indicaciones presentadas por los senadores y por el Gobierno. El texto deberá estar listo para la sesión del lunes 31 de agosto, cuando se abordará también el tema del ruido.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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