La ministra de Energía, Ximena Rincón, lanzó una advertencia contra la norma que obliga a las concesionarias de servicios sanitarios, gas y luz a reponer el suministro en un plazo de 24 horas en zonas de catástrofe: a su juicio, tal como está redactada, es «extremadamente peligrosa» y podría costar vidas. La autoridad se pronunció luego de que el Tribunal Constitucional declarara admisible el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de José Antonio Kast.
El artículo 31 del proyecto establece que las concesionarias deben restablecer de forma gratuita el servicio a los clientes localizados en zonas declaradas en catástrofe. La disposición no formaba parte del texto original y fue incorporada durante la tramitación legislativa. Tres gremios vinculados a los sectores afectados, entre ellos Empresas Eléctricas, se sumaron esta semana al reclamo ante el TC.
LA NORMA EN CUESTIÓN
Según explicó Rincón, el espíritu de la medida es comprensible, pero su redacción actual resulta inviable en un escenario de emergencia. «Uno entiende el espíritu que hay detrás de la norma. El problema que tiene es que es extremadamente peligroso que se apruebe como está, porque le puede costar la vida a un trabajador que tenga que cumplir con el requerimiento que impone la norma, o incluso al propio cliente», señaló.
La ministra puso como ejemplo la muerte de un trabajador de CGE en Curepto, en la Región del Maule, durante un temporal. La víctima cayó a una zanja en condiciones climáticas adversas y su cuerpo fue hallado días después. También mencionó el caso de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, donde se debió cortar el suministro a toda la ciudad para evitar situaciones de riesgo. «Imagínate lo que supone en una condición de catástrofe reponer en 24 horas un servicio cortado», planteó.
RIESGOS PARA TRABAJADORES Y CLIENTES
Para la secretaria de Estado, imponer plazos perentorios en zonas de catástrofe puede exponer a los equipos técnicos y a los propios usuarios a una reposición inadecuada de gas o electricidad. «Hay condiciones de extrema complejidad que hacen que eso suponga arriesgar la vida de los trabajadores que tienen que cumplir con esa misión o los propios clientes», afirmó.
Rincón dijo esperar que el TC desestime la norma tal como fue planteada. En ese contexto, reveló que conversó con la senadora Karol Cariola, a quien identificó como respaldo de la iniciativa, y que esta se mostró abierta a buscar una solución legislativa. «Creo que nadie reparó en el tema como para poder haber arreglado su redacción en plazo, en forma, en condiciones. Pero la senadora estaba abierta a que buscáramos un proyecto de ley en el que pudiéramos discutir esto», sostuvo.
POSICIÓN ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La ministra enfatizó que la discusión debe darse en una normativa especial que considere todas las variables de la reposición del servicio. «Estamos hablando de zonas de catástrofe. Por lo tanto, imponer reposiciones en 24 horas es un sin sentido», aseveró.
En esa línea, no descartó que el tema sea incluido en la reforma a la distribución de energía eléctrica que estudia el gobierno, o bien que avance como un proyecto de ley independiente. «No tenemos problema en legislar y precisar condiciones, obligaciones, etc. Pero la norma tal como está es de una gravedad máxima», insistió.
LECCIONES DE LA CRISIS CLIMÁTICA
Rincón, quien lleva cinco meses en el cargo, destacó la coordinación lograda frente a los últimos eventos climáticos. Según dijo, se ha conseguido que las empresas multipliquen hasta nueve veces sus cuadrillas de trabajo. Comparó el temporal actual con el de 2024: mientras en esa ocasión hubo casi un millón trescientos mil clientes sin suministro por más de veinte días, en esta oportunidad el peak fue de seiscientos mil y la demora promedio no superó los ocho días.
«Con despliegue, con planes de acción, con coordinaciones que son producto de lo que se aprendió en el evento del 2024», explicó. Para la ministra, la meta es mejorar permanentemente, pero sin arriesgar la vida de los trabajadores ni de los clientes. «Lo que tenemos que hacer es discutir una norma que se reponga rápidamente el servicio, pero que sea capaz de ponderar todas las externalidades», agregó.
La autoridad insistió en que el riesgo de aprobar la iniciativa en los términos actuales es máximo. «Espero que el tribunal desestime la norma y que nos dé espacio para poder legislar adecuadamente», concluyó.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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