Educacional The Wessex School Concepción S.A. presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de dos normas de la Ley N°17.322, en el contexto de una ejecución de cotizaciones previsionales impulsada por A.F.P. Provida S.A. La causa ingresó con el Rol N° 17.943-26 INA.
El conflicto se originó por una demanda ejecutiva de cobro de cotizaciones correspondientes a los períodos de octubre a diciembre de 2016, contenidas en la Resolución N°81023981, por un monto de 6.948.027 pesos. La demanda fue interpuesta en 2017 ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción, donde se tramita con el RIT P-4064-2017 y RUC 17-3-0116842-K.
LA GESTIÓN PENDIENTE
En julio de 2026, la empresa requirente solicitó la declaración de abandono del procedimiento, invocando la paralización de la causa. El tribunal de la gestión rechazó el incidente el 3 de agosto de 2026. Contra esa resolución se interpuso reposición con apelación subsidiaria, pero la reposición fue desestimada el 7 de agosto y se concedió la apelación.
El recurso de apelación se encuentra actualmente en tramitación ante la Corte de Apelaciones de Concepción bajo el Rol N° 830-2026, en el cuaderno de cobranza laboral. La requirente sostiene que la excesiva dilación del proceso, cercana a siete años, afecta el debido proceso y carece de justificación razonable.
LAS NORMAS IMPUGNADAS
Se impugna el artículo 4° bis de la Ley N°17.322, en la frase que impide alegar el abandono del procedimiento una vez acogida la acción e incoada en el tribunal. También se impugna el artículo 8° inciso primero de la misma ley, que restringe la procedencia del recurso de apelación solo contra la sentencia definitiva, la resolución que declare negligencia en el cobro y la resolución que se pronuncie sobre la medida cautelar.
LOS ARGUMENTOS
La parte requirente argumenta que ambas normas vulneran la garantía del debido proceso establecida en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución. Sostiene que la prohibición de alegar el abandono del procedimiento permite una dilación estratégica que incrementa artificialmente los créditos en perjuicio del deudor. Además, la restricción del recurso de apelación impediría la revisión por un tribunal superior de una resolución que rechaza el abandono, dejando al ejecutado en una situación de indefensión.
Se invoca jurisprudencia constitucional y estándares internacionales sobre el derecho a recurrir y el plazo razonable, junto con el principio de celeridad propio de los procedimientos laborales. La requirente solicita al Tribunal Constitucional que declare inaplicables las normas impugnadas en este caso concreto y que se suspenda el procedimiento mientras se resuelve el requerimiento.
El requerimiento corresponde al Rol N° 17.943-26 INA y fue interpuesto ante el Excmo. Tribunal Constitucional.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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