Mientras el Gobierno pone en marcha la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ya entregó su hoja de ruta: una propuesta que busca separar a los funcionarios de carrera de los de confianza política, terminar con el uso irregular de contratos a honorarios y rediseñar la evaluación de desempeño en el sector estatal.
La instancia gubernamental, integrada por doce expertos, no tendrá un presidente. La relación con el Ejecutivo estará a cargo de José Ignacio Llorá, subdirector de racionalización y función pública de la Dirección de Presupuestos, quien ejercerá como secretario ejecutivo. El grupo tiene un plazo de 120 días para elaborar propuestas técnicas y presentarlas al Gobierno.
El diagnóstico del empresariado se organiza en torno al ciclo laboral del funcionario: ingreso, desarrollo de carrera y egreso.
CONTEXTO DE LA COMISIÓN ASESORA
El Ejecutivo creó la comisión con el objetivo de generar propuestas técnicas que permitan avanzar hacia un Estado más moderno y una gestión del empleo público acorde con los desafíos actuales. En ese marco, se espera que el organismo reciba insumos de distintos actores del debate público, entre ellos la CPC.
La propuesta del gran empresariado se sustenta en los documentos «Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile» y «Modernizar el Estado. Una agenda prioritaria de corto plazo», este último elaborado junto al Centro de Estudios Públicos y al Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
EL DIAGNÓSTICO DEL CICLO LABORAL
En la etapa de ingreso, la CPC identifica desigualdad entre regímenes de contratación, baja proporción de concursos abiertos más allá del Sistema de Alta Dirección Pública, dificultad para atraer perfiles calificados y falta de planificación estratégica de dotaciones.
Durante el desarrollo de carrera, los problemas detectados son oportunidades limitadas y discrecionales, sistemas de evaluación de desempeño poco efectivos, capacitación desligada de las necesidades estratégicas y baja movilidad entre servicios.
En el egreso, el informe advierte sobre la inamovilidad de los funcionarios de planta y, por criterio jurisprudencial, en muchos casos de la contrata. También menciona la precariedad de los trabajadores a honorarios, la ausencia de mecanismos sistemáticos de salida y las desvinculaciones ligadas a cambios políticos y judicializadas.
LAS PROPUESTAS DE LA CPC
Una de las ideas centrales es dividir el actual régimen a contrata, que representa cerca del 55% de la dotación del gobierno central, en dos estamentos.
El primero sería un estamento de trabajadores de carrera, homólogo al Código del Trabajo, con ingreso mediante concursos abiertos y competitivos. Incluiría un periodo inicial a plazo fijo evaluado antes de acceder a la indefinición tras cinco años, causales de desvinculación objetivas y fundadas, incluido el desempeño deficiente reiterado, y acceso al seguro de cesantía.
El segundo sería un estamento de confianza política, con ingreso directo, remuneraciones acordes al nivel de responsabilidad del cargo, duración ligada al periodo de la autoridad que lo nombra, sin derecho a indemnización al cesar y con un tamaño acotado y definido cada año en la Ley de Presupuestos.
La propuesta también contempla fortalecer el Servicio Civil como una verdadera división de recursos humanos del Estado. Igualmente, formalizar la promoción vía concurso; potenciar la movilidad horizontal entre servicios; extinguir gradualmente los cargos de planta, que representan cerca del 22% del empleo del gobierno central, a medida que queden vacantes; y agilizar los procedimientos disciplinarios ante faltas graves a la probidad o delitos.
EVALUACIÓN, HONORARIOS Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
En materia de desempeño, la CPC plantea perfeccionar la evaluación con una curva de distribución normal. Como medición objetiva, propone el cese automático del funcionario que sea evaluado dos años seguidos en el 5% de desempeño más bajo de su institución.
Sobre la contratación a honorarios, el empresariado pide poner fin a su uso irregular y reservarla solo para labores esporádicas sin subordinación ni dependencia. Además, propone realizar estudios de dotaciones óptimas por sector, mejorar el uso de los recursos de capacitación y transparentar la información de recursos humanos del Estado, incluidos los municipios.
En cuanto a la negociación colectiva y la huelga en el sector público, la CPC enfatiza que hoy están prohibidas, pero en la práctica se ejercen sin resguardos, por lo que sugiere revisar las normas que las regulan.
BENEFICIOS ESPERADOS
Para la CPC, avanzar en esta reforma generaría un Estado más eficiente y confiable, que acompañe mejor a la ciudadanía y al desarrollo de la actividad económica. También permitiría un mayor mérito y competencia en el ingreso y la carrera funcionaria, con procesos objetivos de selección, evaluación y promoción.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, afirmó que el desarrollo de la actividad económica y el bienestar de la ciudadanía requieren un Estado eficiente y confiable, y que ello está estrechamente vinculado con el servicio y desempeño del empleo público. Jiménez añadió que las propuestas buscan aportar al debate que se abre en torno a la reforma del Estatuto Administrativo, con objetivos de largo plazo como el mérito, la flexibilidad de gestión compatible con los derechos laborales, la distinción entre funcionarios técnicos y de confianza política, y el término de las formas irregulares de trabajo en el Estado.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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