La lucha de Polla Chilena de Beneficencia contra las apuestas online dejó el terreno comercial y aterrizó en los tribunales penales. La empresa estatal interpuso una querella criminal que el 4º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible al día siguiente de su ingreso. En el escrito, atribuye a operadores de casinos y loterías digitales los delitos de explotación no autorizada de casinos o loterías ilegales, lavado de activos y asociación delictiva.
La presentación, patrocinada por el penalista Juan Domingo Acosta, constituye la primera ofensiva legal de la estatal bajo la presidencia de su directorio, cargo que ocupa el abogado Felipe Dalgalarrondo, designado en el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Según la querella, durante los últimos años y hasta la fecha de ingreso del escrito, un conjunto organizado de personas naturales y jurídicas explotó y continúa explotando de manera permanente el mercado chileno de loterías o casinos a través de plataformas digitales que operan sin autorización legal.
LAS PLATAFORMAS SEÑALADAS
El documento menciona a Coolbet, Betsson, Betano, LatamWin, Jugabet, Estelar Bet y Juega en Línea. Polla sostiene que estos sitios no se limitaron a estar disponibles desde Chile, sino que adaptaron su operación al mercado local: habilitaron el registro de usuarios domiciliados en el país, permitieron depósitos y retiros con medios de pago nacionales y lanzaron campañas para posicionar sus marcas entre los consumidores.
La captación de apostadores se ha reforzado mediante publicidad, promociones y contratos de patrocinio celebrados con actores vinculados al deporte chileno, consigna la querella. La acción también identifica a la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL) como la organización que articula a varias de las operadoras, entre ellas Coolbet, Latamwin, Juega en Línea y Betsson.
Su vocería está a cargo del abogado Carlos Baeza Guíñez, del estudio Carlos Baeza y Cía. Abogados, con oficina en calle Joaquín Montero 3000, oficina 202, en Vitacura. APAL difunde su actividad en el sitio www.apuestaporregular.cl.
EL MODUS OPERANDI
La querella está dirigida en contra de todos quienes organizaron, administraron, financiaron, promovieron y facilitaron la explotación permanente de plataformas digitales de casinos ilegales o loterías no autorizadas destinadas al mercado chileno. Para ese propósito, los querellados habrían empleado sociedades constituidas en diversas jurisdicciones, infraestructura tecnológica, mecanismos de procesamiento de pagos, contratos de patrocinio y publicidad, además de una estructura comercial y financiera para captar usuarios en Chile, recibir el dinero de sus apuestas, pagar premios y canalizar las ganancias del negocio ilícito.
Para la estatal, esa actividad ilícita permitió a los operadores recibir, administrar y transferir cuantiosos recursos provenientes de las apuestas ilegales efectuadas desde el país.
EL PERJUICIO AL SISTEMA PÚBLICO
Polla advierte que el daño no se limita a la desviación de apostadores ni a la pérdida de ingresos. El sistema que administra cumple una función pública definida por ley, recuerda el escrito. Los ingresos brutos de sus concursos tienen una distribución obligatoria: pago de un impuesto de exclusivo beneficio fiscal, asignación de recursos para premios y entrega de un 12% al Instituto Nacional del Deporte para financiar el fomento y desarrollo del deporte y la recreación.
El documento agrega que los operadores denunciados obtienen una ventaja derivada de su ilegalidad, ya que explotan verdaderos casinos o loterías sin autorización, sin someterse al control legal y sin destinar parte de sus ingresos a los fines públicos que afectan a la actividad autorizada. Esa asimetría, concluye, no es una mera diferencia competitiva, sino la consecuencia económica directa de operar al margen del ordenamiento jurídico.
LAS DILIGENCIAS SOLICITADAS
En cuanto a las primeras diligencias, Polla pidió que se despache una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones. También solicitó la incautación o entrega voluntaria de toda la documentación comercial, contable y contractual de las empresas involucradas, incluidas actas de directorio, poderes y modelos de prevención de delitos.
Además, requirió el alzamiento del secreto bancario, de forma voluntaria o por autorización judicial, para reconstruir el flujo de los recursos de las apuestas deportivas e identificar cuentas, beneficiarios finales, mecanismos de distribución de utilidades y relaciones financieras entre los investigados. Por último, pidió oficiar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que aporten antecedentes económicos, regulatorios o sancionatorios sobre estas sociedades.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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