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El Ministerio Público formalizará a dos ejecutivos de la multinacional suiza Straumann por su presunta participación en una estafa relacionada con la compra del laboratorio chileno Alpha Bio. La decisión fue comunicada por la fiscal Carmen Gloria Guevara durante la audiencia de formalización del gerente general de Manohay, Manuel De La Prida, realizada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
CONTEXTO DE LA DISPUTA COMERCIAL
El conflicto se originó en 2018, cuando Straumann acordó adquirir Alpha Bio, una distribuidora de implantes dentales fundada por los hermanos Gabriel y Daniel Meszaros. La operación contempló un pago inicial cercano a los 7,5 millones de dólares por el 50% de la compañía, mientras que el saldo restante, estimado por los vendedores en hasta 12,5 millones de dólares, quedó sujeto al cumplimiento de metas comerciales durante los dos años siguientes. Durante ese período, los hermanos Meszaros continuaron a cargo de la administración.
Al término del plazo establecido, la multinacional se negó a pagar el monto variable, argumentando que la empresa no había alcanzado los objetivos de facturación pactados. Ante esta negativa, los fundadores chilenos presentaron una querella penal acusando a la plana ejecutiva de Straumann de orquestar un engaño desde el inicio.
Según la denuncia, la matriz habría implementado un plan de asfixia comercial que incluyó el desabastecimiento de productos, aumentos arbitrarios de precios para restar competitividad a la marca Alpha Bio y el desvío de clientes hacia Neodent, otra filial del grupo suizo. Los querellantes sostienen que estas maniobras fueron diseñadas para impedir el cumplimiento de las metas y así evitar el desembolso del saldo millonario.
Por su parte, la defensa de Straumann, encabezada por los abogados Jorge Bofill, César Ramos y Bárbara Yévenes, ha descartado la existencia de un ardid delictivo. Sostienen que el conflicto es de naturaleza contractual y comercial, y que el desempeño del negocio se vio afectado por condiciones del mercado y la pandemia. Además, señalan que la disputa ya fue resuelta en un arbitraje civil internacional.
FORMALIZACIÓN DE EJECUTIVOS SUZOS
En la audiencia, la fiscal Guevara anunció que solicitará la formalización de Matthias Schupp y Florian Kirsch, ambos altos ejecutivos suizos de la corporación. Schupp es CEO de Medartis, filial de Straumann dedicada a implantes dentales de titanio; Kirsch, en tanto, se desempeña como director de Tecnologías Dentales Integradas y CEO Divisional de ClearCor.
La persecutora explicó que ambos imputados están querellados y que la discusión central en la audiencia de formalización girará en torno a la procedencia y viabilidad de un proceso de extradición, ya que se tiene información clara y certera de que no se encuentran en Chile. A petición de la Fiscalía, la magistrada Francis Fell fijó para el 17 de julio de 2026 a las 9:00 horas la audiencia de formalización de Schupp y Kirsch.
RECHAZO DE SOBRESEIMIENTO Y MEDIDAS CAUTELARES
Previamente, la jueza Fell había rechazado la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Manuel De La Prida, gerente general de Manohay, quien buscaba cerrar la causa en su contra. El tribunal decretó en su contra la medida cautelar de arraigo nacional, con prohibición de salir del país mientras dure la investigación. Además, considerando que la querella fue presentada en junio de 2025, se otorgó un plazo de un año para las diligencias.
POSTURA DE LA DEFENSA
El abogado defensor César Ramos calificó la decisión de formalización como carente de sentido. Sostuvo que se basa principalmente en los dichos de los hermanos Meszaros, sin que existan testimonios que los corroboren o evidencia que apoye la supuesta estafa. Agregó que han tenido que requerir dos veces la intervención del tribunal para que la Fiscalía incorpore pruebas que refutan las imputaciones.
Uno de los antecedentes mencionados por Ramos es un documento firmado por uno de los querellantes tres meses después de la venta, en el que reconocería que la posibilidad de cumplir las metas había disminuido considerablemente, valorizando esa expectativa en 80.000 dólares, aproximadamente un 2% del precio variable. Según la defensa, este documento refuta la tesis de la estafa.
Ramos concluyó que la querella no tiene otra explicación que intentar presionar para llegar a un acuerdo económico, y denunció una instrumentalización del proceso penal. Advirtió que ejercerán todos los medios disponibles para que quienes han diseñado esta indebida presión respondan ante la ley.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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