El centro de estudios Horizontal presentó una serie de propuestas para reformar el empleo público, instando al gobierno a acelerar esta reforma que fue promesa de campaña del gobierno de José Antonio Kast y que se espera sea mencionada en la Cuenta Pública del 1 de junio. La directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud, señaló que existe una deuda con los funcionarios: el 53% de ellos tiene contratos sin derechos laborales formales. El estudio, elaborado por la investigadora María Josefina Jordán, diagnostica un modelo de gestión fragmentado y desactualizado que fomenta la discrecionalidad política sobre el mérito. A continuación, se detallan los cinco ejes principales y sus soluciones.
OPACIDAD Y FRAGMENTACIÓN EN LA CONTABILIDAD DE PERSONAL
Se desconoce el número exacto de funcionarios públicos, especialmente en municipios, donde una quinta parte de las personas con rentas municipales reportadas al SII no aparece en los registros oficiales. La propuesta es crear un Registro Nacional de Empleo Público, administrado por el Servicio Civil, que integre la información de Dipres en un formato unificado, digital y automatizado, garantizando transparencia y facilitando el reporte municipal.
DISCRECIONALIDAD Y ABUSO DE LA TEMPORALIDAD DE CONTRATOS
Las figuras contractuales temporales operan como vías de acceso informal al empleo público, sin diferenciar entre mérito y lealtad política. En la actualidad, el 53% de los trabajadores del Gobierno Central y municipios cuenta con contratos designados como temporales, pero que en la práctica se vuelven permanentes. Además, entre 2.400 y 10.400 funcionarios de confianza exclusiva del Ejecutivo son designados directamente, y algunos permanecen más allá del período de la administración que los contrató. Se propone unificar los regímenes jurídicos del personal a contrata con más de cinco años de antigüedad y de planta en un nuevo estatuto básico, creando una carrera funcionaria basada en el mérito y excluyendo legalmente a los asesores de gobierno.
INFLACIÓN DE CALIFICACIONES
El sistema de incentivos no refleja la productividad real: el 97,4% de los funcionarios es calificado en distinción y el 99% de los servicios recibe la totalidad del bono de productividad. La propuesta es implementar un nuevo sistema de evaluación individual con curvas forzadas, incorporar el incentivo PMG a la remuneración base de los funcionarios de la nueva carrera y reenfocar las metas hacia la transparencia, el reporte y la rendición de cuentas.
REZAGO DE PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL
La inclusión de directivos hospitalarios y educativos al Sistema de Alta Dirección Pública ha mejorado indicadores de salud y educación, pero aún se excluyen cargos técnicos municipales clave. Se propone incorporar gradualmente al sistema cargos como el Administrador Municipal, el secretario Comunal de Planificación y los directores de Obras, Administración y Finanzas, y Seguridad Municipal, entre otros.
ARBITRARIEDAD EN EL SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO CENTRAL
El 49,3% de los altos directivos de primer nivel jerárquico y el 27,9% de segundo nivel son removidos antes de cumplir dos años de un nuevo gobierno, sin fundamentos en desempeño. Se propone restringir la remoción discrecional exigiendo informes fundados evaluados por el Consejo de Alta Dirección Pública, quien para los directivos de segundo nivel deberá aprobar o rechazar la desvinculación. También se podría definir un porcentaje límite de directivos a desvincular durante el primer año de gobierno.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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