El proyecto de ley que crea el Registro de Vándalos e Incivilidades, ingresado al Congreso por el Ejecutivo tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, enfrenta dudas sobre su constitucionalidad y su compatibilidad con la normativa de protección de datos, según advirtió el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI). En declaraciones a Radio Duna, el parlamentario planteó que la iniciativa requiere un diseño cuidadoso para evitar que las sanciones afecten derechos fundamentales y generen efectos contraproducentes en jóvenes infractores.
ANTECEDENTES Y COMPARACIÓN CON OTROS REGISTROS
Alessandri recordó que el ordenamiento jurídico chileno ya contempla registros especiales, como el de deudores de pensión de alimentos o el de condenados por delitos sexuales. Estos instrumentos restringen el acceso a ciertos beneficios: impedimento para obtener pasaporte, renovar licencia de conducir o desempeñarse como conductor de transporte escolar. El nuevo registro de vándalos e incivilidades, explicó el diputado, se equipara a esos mecanismos, pero requiere una graduación específica de las conductas sancionadas.
«No es lo mismo rayar un colegio que rociar con bencina al director y prenderle fuego», ejemplificó Alessandri, subrayando que cada incivilidad debe tener una categoría distinta. La consecuencia menor sería figurar en el listado, pero la pregunta clave es de qué derechos se privará a quienes integren el registro. Esa definición, sostuvo, debe analizarse «muy detalladamente» para no generar incentivos perversos.
RIESGO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y EFECTOS EN JÓVENES
El presidente de la Cámara advirtió que la privación de ciertos derechos, como el acceso a la educación superior, podría atrapar a un joven en un «loop de violencia» y convertirse en «un círculo muy negativo» para su reinserción. También alertó sobre posibles conflictos constitucionales si se restringen prestaciones sociales universales, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), a personas que cometieron infracciones en su juventud.
«Que tú tengas ciertos derechos sociales que son para todas las personas de 65 años, como la PGU, y tú vayas a privar a una persona de ese derecho porque en su juventud cometió una, dos, tres incivilidades», cuestionó Alessandri, enfatizando que la iniciativa debe ser evaluada «con mucho cuidado para que no sea el remedio peor que la enfermedad». No obstante, consideró «de toda sensatez» que un alumno que haya realizado actos graves no reciba el beneficio de que el Estado financie su educación superior, a menos que acredite muchos años de buena conducta.
TENSIÓN CON LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Otro punto crítico es la naturaleza del registro. El fiscal nacional de la época, Jorge Valencia, señaló que la publicidad del listado debe compatibilizarse con la normativa de protección de datos. Alessandri reconoció que «nos está pasando harto que estamos chocando con la ley de protección de datos en distintas cosas» y abogó por una revisión profunda de esa legislación.
El diputado planteó un escenario de ponderación de bienes jurídicos: «¿Qué es más importante? ¿La privacidad de los datos o que un pedófilo no llegue a manejar un furgón escolar? ¿La protección de datos o que una persona condenada por narcotráfico no llegue a trabajar a un establecimiento educacional?». A su juicio, cuando la ley de protección de datos choque con «un bien mayor que queremos proteger», ese bien debe primar.
UN LLAMADO AL EJECUTIVO
Alessandri hizo «un llamado bien profundo al Ejecutivo a que revisemos la ley de protección de datos» para que, en casos de conflicto con intereses superiores de seguridad o integridad infantil, dicha normativa pueda quedar en un «segundo nivel». La afirmación refleja la necesidad de ajustar el marco legal vigente para viabilizar el registro sin vulnerar garantías constitucionales.
El proyecto, firmado por el Presidente Kast en Cerro Castillo, deberá ser tramitado en el Congreso. La discusión legislativa enfrentará, según los dichos de Alessandri, al menos dos desafíos centrales: definir las consecuencias jurídicas de estar en el listado con precisión suficiente para evitar inconstitucionalidades, y armonizar la publicidad del registro con el derecho a la privacidad de datos personales.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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