El Congreso despachó a ley el proyecto de Escuelas Protegidas, una iniciativa del gobierno de José Antonio Kast que establece nuevas medidas de seguridad, orden y respeto en los establecimientos educacionales. La votación, realizada en la Sala de la Cámara de Diputados, arrojó 105 sufragios a favor y 46 en contra, con una amplia mayoría para las dos enmiendas que requirieron votación separada.
La normativa, que cursaba su tercer trámite constitucional, establece disposiciones preventivas y sancionatorias en los colegios. Dentro de ellas figuran la inspección de mochilas, la prohibición del uso de capuchas y sanciones para estudiantes involucrados en tomas o actos violentos. El proyecto está compuesto por seis artículos; uno de ellos fija una nueva condición para la gratuidad universitaria: no haber recibido una condena firme por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica, la propiedad o la infraestructura pública.
Durante el debate parlamentario, los diputados Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (Independiente) y Emilia Schneider (FA) solicitaron reserva de constitucionalidad sobre algunos artículos, al considerar que vulneraban garantías como la vida privada y generaban una doble sanción con la pérdida de la gratuidad.
DEBATE EN SALA
La mayoría de los parlamentarios oficialistas respaldaron la iniciativa, señalando que era necesaria para enfrentar la violencia escolar. El diputado Andrés Celis (RN) sostuvo que se protege el derecho a estudiar en paz y que desde su sector apoyaban la norma que limita la gratuidad a mayores de edad condenados por delitos graves en recintos escolares. También afirmó que los recursos públicos deben apoyar el esfuerzo y el respeto, no la violencia criminal.
El diputado Javier Olivares (PDG) destacó que se preservara el espíritu original del proyecto, aunque lamentó que en el Senado se debilitaran herramientas como la revisión de mochilas condicionada a casos fundados. Desde la Democracia Cristiana, Jorge Díaz votó a favor, pero advirtió que el proyecto no incluye presupuesto, lo que amenaza un sistema con recursos insuficientes.
En la oposición, Luis Cuello (PC) criticó que el proyecto criminaliza y no resuelve la violencia social que se expresa en las escuelas. Señaló que reducir la prioridad en el sistema de admisión escolar para estudiantes expulsados puede dejar fuera a muchos niños, y precisó que uno de cada ocho alumnos expulsados entre 2016 y 2024 termina fuera del sistema escolar. Cuestionó que quitar la gratuidad afecte solo a quienes no tienen recursos. Añadió que la iniciativa se inscribe en la lógica del anuncio de crear un Registro de Vándalos, anuncio realizado por el presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, lo que calificó como un camino hacia el apartheid social.
En esta misma línea, la diputada independiente Ana María Gazmuri calificó la pérdida de la gratuidad como regresiva y un castigo doble para el estudiante.
Emilia Schneider (FA) indicó que el proyecto mejoró en el Senado, pero reprochó que el gobierno no escuchó las propuestas del Frente Amplio en el primer trámite. Lamentó también que el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, quisiera que el proyecto volviera a comisión mixta para acercarlo al original, retrocediendo en los avances logrados.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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