El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) volvió a encender las alarmas sobre el proyecto de ley de Reconstrucción enviado por el Ejecutivo, al advertir que la iniciativa mantiene un descalce fiscal que se prolongará al menos hasta 2031. La presidenta del organismo, Paula Benavides, junto al vicepresidente Sebastián Izquierdo, expusieron ante la Comisión de Hacienda del Senado en el marco del segundo trámite constitucional, y actualizaron el análisis preliminar que ya habían presentado ante la Cámara de Diputados el pasado 5 de mayo.
El diagnóstico del CFA es contundente: el proyecto generará déficits durante casi una década, incluso si se cumplen las proyecciones de mayor crecimiento económico que la propia reforma busca generar. «Esto cobra particular relevancia en el contexto de un nuevo escenario fiscal, en donde no hay holguras fiscales y la incertidumbre es elevada», advirtió Benavides ante los senadores.
Desde la primera exposición del CFA, el proyecto acumuló modificaciones reflejadas en tres informes financieros adicionales, etiquetados como IF N 93, 97 y 120, publicados entre mayo y junio. A juicio del Consejo, el balance de esos cambios es negativo. En conjunto, implican un deterioro del balance fiscal de 0,1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto a partir del segundo año de vigencia, respecto de la versión original de la iniciativa.
El principal factor de este deterioro tiene una causa precisa: la decisión de no eliminar la franquicia del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Según el CFA, esa exclusión por sí sola empeora el resultado fiscal en 0,1 puntos del PIB desde 2027. El organismo calificó esta modificación como «la principal fuente de deterioro del efecto fiscal respecto del proyecto original».
OCHO RIESGOS DIRECTOS
Más allá de la evaluación global, el Consejo detectó ocho riesgos específicos que se mantienen pese a los cambios introducidos durante la tramitación. El primero es la rebaja de la tasa del Impuesto de Primera Categoría, cuyo costo fiscal no estaría compensado por el mayor crecimiento que la medida pretende inducir. Otro riesgo relevante es el crédito tributario al empleo, que presenta un alto costo fiscal efectivo y podría ser inconsistente con otras estimaciones oficiales.
La compensación al Fondo Común Municipal también genera preocupación, ya que podría transformarse en una presión fiscal de carácter permanente. En materia de probidad, las medidas relacionadas con licencias médicas podrían generar un ahorro fiscal menor al proyectado y, además, un costo no contemplado originalmente.
El aumento de cupos por incentivo al retiro es otro punto crítico, pues la materialización del ahorro fiscal esperado no estaría garantizada. Las sanciones al contrabando de tabaco podrían rendir una recaudación inferior a la estimada. El mecanismo de restitución por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) carece de una cláusula de gasto máximo, lo que abre la puerta a desviaciones presupuestarias. Por último, los impuestos sustitutivos y la repatriación de capitales presentan el riesgo de que la reiteración de medidas transitorias de regularización termine debilitando el cumplimiento tributario en el mediano plazo.
DESAJUSTE TEMPORAL Y RECOMENDACIONES
El CFA subrayó que existe un desajuste temporal entre los costos y los beneficios fiscales del proyecto. Los primeros (menores ingresos tributarios y nuevos gastos) se materializan con certeza desde el primer año de aplicación. Los segundos (mayores ingresos derivados del crecimiento económico) son graduales e inciertos. «De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del informe financiero, presionando aún más el contexto de estrechez fiscal», alertó el organismo.
Frente a este panorama, el Consejo reiteró su recomendación de que el proyecto avance hacia la neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo. Para ello, sugirió evaluar modificaciones en la gradualidad, el aplazamiento, las fechas de término, los límites de montos y la relación costo-efectividad de las medidas de mayor impacto.
Además, el CFA instó a concretar «un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal» que se refleje en las decisiones tanto del Ejecutivo como del Legislativo, incluyendo este proyecto de ley. En paralelo, el organismo advirtió que se ingresó una iniciativa separada que establece un reembolso del IVA por compra de pañales y medicamentos, lo que implicará un gasto fiscal adicional de 0,02% del PIB en régimen.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
